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Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

 

 

Caso de la “Masacre de Mapiripán”

vs. Colombia

 

 

Sentencia de 15 septiembre de 2005

 

 

 

 

En el caso de la “Masacre de Mapiripán”,

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

 

         Sergio García Ramírez, Presidente;

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;

         Oliver Jackman, Juez;

         Antônio A. Cançado Trindade, Juez;

         Manuel E. Ventura Robles, Juez; y

         Gustavo Zafra Roldán, Juez ad hoc,

 

presentes, además,

 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;

 

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "”a Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia.

 

 

I

Introducción de la Causa

 

1.       El 5 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte la demanda en este caso contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en la denuncia No. 12.250, recibida en la Secretaría de la Comisión el 6 de octubre de 1999.

 

2.       La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en Mapiripán, indicadas en la demanda.  Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares. Al momento de presentar la demanda, la Comisión señaló que “entre el 15 y 20 de julio de 1997 […] aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia[, …] con la colaboración y aquiescencia de agentes del […] Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare, en el Municipio de Mapiripán, departamento del Meta”. Asimismo, señaló que “aproximadamente 49 personas” eran las presuntas víctimas, de las cuales identificó a diez personas y a algunos de sus familiares.  

 

3.       Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordenara al Estado que adopte varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos en que hayan incurrido los familiares de las presuntas víctimas tanto a nivel nacional como internacional.

 

 

II

Competencia

 

4.       La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. 

 

 

III

Procedimiento ante la Comisión

 

5.       El 6 de octubre de 1999 el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana. 

 

6.       El 22 de febrero de 2001, en el marco de su 110º período de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 34/01, mediante el cual decidió “que el caso era admisible, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en relación con la [presunta] violación de los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 de la [misma] en perjuicio de 49 personas [presuntamente] ejecutadas en la localidad de Mapiripán […]”. 

 

7.       El 9 de marzo de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de intentar alcanzar una solución amistosa, conforme a la Convención Americana y a su propio Reglamento.  Las partes no manifestaron interés alguno al respecto.

 

8.       El 8 de febrero de 2002 la Comisión dictó medidas cautelares a favor de Marco Tulio Bustos Ortiz, Jairo Javier Bustos Acuña y María Esneda Bustos, testigos en el proceso judicial por la masacre perpetrada en Mapiripán.

 

9.       El 12 de abril de 2002 la Comisión dictó medidas cautelares a varo del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, quien se desempeñaba como comandante interino del Batallón “Joaquín París” cuando se produjo la alegada masacre.

 

10.     El 4 de marzo de 2003, en el marco del 117º período ordinario de sesiones y de conformidad con el artículo 50 de la Convención, la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 38/03, en el cual concluyó que:

 

[…] la República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana.  Asimismo, el Estado es responsable de la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de las víctimas y sus familiares, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del incumplimiento de su obligación de asegurar el respeto de los derechos previstos en dicho Tratado, en virtud de su artículo 1(1).

 

Con base en el análisis y en las conclusiones del Informe, la Comisión recomendó al Estado:

 

1.     Llevar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todas las personas responsables de la masacre cometida contra aproximadamente 49 víctimas en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta;

 

2.     Adoptar las medidas necesarias para que los afectados reciban una reparación adecuada por las violaciones cometidas por el Estado;

 

3.     Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria;

 

11.       El 5 de junio de 2003 la Comisión remitió al Estado el Informe de fondo No. 38/03 y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre “las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas”.  Mediante nota de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios de la adopción del informe y de su transmisión al Estado y solicitó a éstos que informaran su posición respecto del posible sometimiento del caso a la Corte Interamericana en la eventualidad de que el Estado no adoptara las recomendaciones de la Comisión.

 

12.     El 9 de julio de 2003 los peticionarios presentaron su respuesta a la comunicación de la Comisión de 5 de junio de 2003, en la cual indicaron que era pertinente someter el caso a la Corte Interamericana.

 

13.     El 22 de agosto de 2003, después de dos prórrogas otorgadas por la Comisión, el Estado presentó su respuesta en relación con las medidas adoptadas con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones adoptadas en el Informe 38/03.

 

14.     El 5 de septiembre de 2003, después de analizar la respuesta del Estado a las citadas recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana.

 

 

IV

Procedimiento ante la Corte

 

15.     El 5 de septiembre de 2003 la Comisión presentó la demanda ante la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Robert K. Goldman y Santiago A. Canton, y como asesores legales al señor Ariel Dulitzky y a la señora Verónica Gómez.

 

16.     El 28 de octubre de 2003 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó junto con los anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. 

 

17.     El 28 de octubre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los representantes de algunos de los familiares de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), a saber: el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

18.     El 1 de diciembre de 2003 el Estado designó a la señora Luz Marina Gil García como Agente.

 

19.     El 18 de diciembre de 2003 el Estado, luego de otorgada una prórroga, designó al señor Gustavo Zafra Roldan como juez ad hoc.  Ese mismo día designó a la señora Claudia Hernández Aguilar como Agente alterna.

 

20.     El 26 de enero de 2004 los representantes, luego de otorgada una prórroga,  presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en el cual, además de las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana, alegaron la violación de los artículos 19 y 22 de la Convención Americana. 

 

21.     El 2 de abril de 2004 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y de observaciones a las solicitudes y argumentos. 

 

22.     El 19 de mayo de 2004 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares.

 

23.     El 28 de mayo de 2004 Colombia presentó un “escrito de réplica a las observaciones presentadas por los representantes en relación con las excepciones preliminares planteadas por el Estado”.  Al respecto, el 23 de julio de 2004 el Presidente resolvió valorar oportunamente los alegatos de los representantes expuestos en su escrito de solicitudes y argumentos, así como en sus observaciones a las excepciones preliminares; no aceptar el escrito de 28 de mayo de 2004 del Estado, en virtud de que se trata de un acto procesal escrito no previsto en el Reglamento; y que el Estado tendrá la oportunidad de referirse a los alegatos de las partes al presentar sus alegatos orales y finales escritos.

 

24.     El 26 de enero de 2005 los representantes solicitaron que, “de conformidad con las potestades discrecionales contempladas por el artículo 45 del Reglamento de la Corte, [ésta] ordene [al] Estado [que] suministre toda la información a su disposición relacionada [con varias diligencias probatorias ordenadas el 30 de julio de 2004 por el Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la audiencia pública que se adelanta ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez”. El 31 de enero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al Estado y a la Comisión Interamericana que presentaran sus observaciones al respecto.

 

25.     El 28 de enero de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual, de conformidad con los artículos 44 y 47.3 del Reglamento, requirió que los testigos propuestos por los representantes Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Esther Pinzón López, Sara Paola Pinzón López, María Teresa Pinzón López, Yur Mary Herrera Contreras, Zuli  Herrera Contreras, Maryuri Caicedo Contreras, Nadia Marina Valencia Sanmiguel, Yinda Adriana Valencia Sanmiguel, Johanna Marina Valencia Sanmiguel, Gustavo Caicedo Contreras, Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, Roland Andrés Valencia Sanmiguel, Ronald Mayiber Valencia Sanmiguel y Luis Guillermo Pérez, así como las peritos Ana Deutsch y Robin Kirk, prestaran sus testimonios y peritajes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits), las cuales debían ser remitidas por los representantes a más tardar el 15 de febrero de 2005. Asimismo, el Presidente otorgó un plazo improrrogable de 7 días, contado a partir de la recepción de tales declaraciones, para que la Comisión y el Estado presentaran las observaciones que estimaren pertinentes.  Además, el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública por celebrarse en la sede de la Corte Interamericana a partir del 7 de marzo de 2005 a las 8:45 horas, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso, así como los testimonios de las señoras Nory Girlado de Jaramillo, Marina Sanmiguel Duarte y Viviana Barrera Cruz, propuestas por la Comisión y por los representantes; Luz Mery Pinzón López y Mariela Contreras Cruz, propuestas por los representantes, y de los señores Manuel José Bonnet Locarno, Harold Bedoya Pizarro y Camilo Osorio Isaza, propuestos por el Estado; así como el peritaje del señor Federico Andreu, propuesto por los representantes. Asimismo, el Presidente informó a las partes que contaban con plazo improrrogable hasta el 8 de abril de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.

 

26.     El 2 de febrero de 2005 el Estado presentó un escrito mediante el cual desistió parcialmente de la prueba testimonial ofrecida en cuanto a las señores Manuel José Bonnet Locarno y Harold Bedoya Pizarro, y a la vez solicitó autorización para reemplazar la declaración del señor Camilo Osorio Isaza por la del señor Gustavo Morales Marín.

 

27.     El 9 y 10 de febrero de 2005, en respuesta a una solicitud de la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, los representantes y la Comisión presentaron sus observaciones a dichas solicitudes relacionadas con la prueba testimonial ofrecida por el Estado (supra párr. 26).

 

28.     El 10 de febrero de 2005 el Estado remitió alguna de la información solicitada por los representantes mediante escrito de 26 de enero de 2005 (supra párr. 24).

 

29.     El 15 de febrero de 2005 los representantes remitieron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) y las declaraciones juradas  requeridas por el Presidente (supra párr. 25), salvo las de Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras y Roland Mayiber Valencia Sanmiguel “por razones de fuerza mayor”. 

 

30.     El 18 de febrero de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual aceptó el desistimiento parcial hecho por el Estado respecto de la comparecencia como testigos de los señores Manuel José Bonnet Locarno y Harold Bedoya Pizarro.  Asimismo aceptó la sustitución propuesta por el Estado del señor Camilo Osorio Isaza por el señor Gustavo Morales Marín y le requirió a este último que compareciera en calidad de testigo en la audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas que había sido convocada (supra párr. 25).  Además, el Presidente requirió al Estado que presentara, a más tardar el 25 de febrero de 2005, toda la información que tuviera a su disposición relacionada con las diligencias probatorias ordenadas el 30 de julio de 2004 por el Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación de Colombia; las diligencias realizadas en Mapiripán y en el Río Guaviare en relación con la identificación de las presuntas víctimas y la recepción de denuncias de los habitantes del pueblo; así como las diligencias referentes al cambio de radicación del proceso y la audiencia que se adelanta ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra el General retirado Jaime Humberto Uscátegui por su presunta participación en la supuesta masacre; en particular, la información relativa a la “metodología y los resultados de las diligencias practicadas en el Río Guaviare y Mapiripán.”

 

31.     El 23 de febrero de 2005 el Estado designó al señor Dionisio Araujo como Agente alterno y al señor Héctor Adolfo Sintura Varela y a las señoras Sonia Pereira y Margarita Manjarrez como asesoras.

 

32.     El 4 de marzo de 2005 el Estado presentó sus observaciones a las declaraciones juradas presentadas por los representantes (supra párrs. 25 y 29).

 

33.     El 4 de marzo de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual señaló:

 

[...] con fundamento en las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales y disciplinarias internas y por los hechos ocurridos en el municipio de Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997 [...] manifiesta pública y expresamente lo siguiente:

 

1. En cuanto a las Excepciones Preliminares presentadas por el Estado:

 

·          Retira la primera Excepción Preliminar relacionada con la aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana, y

 

·          Ratifica y mantiene la segunda Excepción Preliminar relacionada con la falta de agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado colombiano.

 

2. Reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4(1), 5(1) y [5](2), y 7 (1) y [7](2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los hechos ocurridos en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

 

3. Reafirma como su política de Estado la promoción y protección de los derechos humanos y expresa su profundo respeto y consideración por las víctimas de los hechos ocurridos en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, y evoca su memoria para lamentar y pedir perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana.

 

4. Solicita a la […] Corte se valore el reconocimiento efectuado y se le atribuya plenos efectos jurídicos, delimitando, en consecuencia, las audiencias de fondo y su posterior trámite, al estudio de las reparaciones y costas, así como a los alegatos de fondo sobre el cumplimiento del Estado de sus compromisos convencionales en relación con los artículos 8(1) y 25.

 

34.     El 7 de marzo de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual manifestó:

 

[...] con fundamento en las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales y disciplinarias internas y por los hechos señalados en el literal B del Capítulo VI “Los Hechos de Julio de 1997” de la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [...] manifiesta pública y expresamente lo siguiente:

 

1. En cuanto a las Excepciones Preliminares presentadas por el Estado:

 

·          Retira la primera Excepción Preliminar relacionada con la aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana, y

 

·          Mantiene la segunda Excepción Preliminar relacionada con la falta de agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado colombiano.

 

2. Reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4(1), 5(1) y [5](2), y 7(1) y [7](2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los hechos ocurridos en Mapiripán en julio de 1997.

 

3. Reafirma como su política de Estado la promoción y protección de los derechos humanos y expresa su profundo respeto y consideración por las víctimas de los hechos ocurridos en Mapiripán en julio de 1997, y evoca su memoria para lamentar y pedir perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana.

 

4. Solicita a la […] Corte se valore el reconocimiento efectuado y se le atribuya plenos efectos jurídicos, delimitando, en consecuencia, las audiencias de fondo y su posterior trámite, al estudio de las reparaciones y costas, así como a los alegatos de fondo sobre el cumplimiento del Estado de sus compromisos convencionales en relación con los artículos 8(1) y 25.

 

5. Precisa que esta declaración del Estado no implica ponderación ni valoración de responsabilidades penales individuales.

 

35.     El 7 de marzo de 2005 se celebró la audiencia pública sobre excepciones preliminares y sobre el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, en la cual comparecieron los representantes, la Comisión y el Estado. Comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión Interamericana: los señores Víctor H. Madrigal Borloz y Juan Pablo Albán, asesores legales, y la señora Verónica Gómez, asesora legal; b) por los representantes: los señores Rafael Barrios Mendivil y Eduardo Carreño, y la señora Jomary Ortegón, de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”; y las señoras Viviana Krsticevic y Roxana Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y c) por el Estado: la señora Luz Marina Gil García, Agente; el señor Dionisio Araujo, Agente alterno; el señor Héctor Adolfo Sintura Varela, asesor legal; y las señoras Sonia Pereira y Margarita Manjarrez, asesoras legales. 

 

36.     Al iniciar la audiencia pública, las partes manifestaron sus posiciones y observaciones respecto del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y las excepciones preliminares.  Al respecto, la Comisión resaltó la voluntad manifestada por el Estado y valoró la importancia de su pronunciamiento, ya que representa un paso hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.  Asimismo, valoró particularmente las palabras expresadas para evocar la memoria de las presuntas víctimas y para pedir perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana.  Por otra parte, manifestó que se debía mantener abierta la etapa sobre el fondo, para ventilar todos los alegatos de hecho y de derecho formulados por los representantes y por la Comisión, y la responsabilidad del Estado en perjuicio de todas las personas identificadas y no identificadas, señaladas como presuntas víctimas en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos.  Por su parte, los representantes valoraron la evocación de la memoria de las presuntas víctimas y el pedido de perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana.  Agregaron que aunque la declaratoria expresaba una voluntad del Estado de avanzar en el esclarecimiento del caso, ésta era “insatisfactoria” respecto de las cuestiones fundamentales de hecho y derecho relevantes para la solución del caso. Por último, solicitaron que continuara la etapa del proceso de manera amplia, tratando tanto cuestiones de hecho y de derecho, y de reparaciones.  Por otro lado, la Comisión y los representantes manifestaron que existía una contradicción fundamental en reconocer la responsabilidad sobre ciertos derechos y mantener ciertas excepciones preliminares. Por su parte, el Estado consideró y reconoció la autonomía de la Corte para la valoración de los efectos jurídicos que tiene la declaración de responsabilidad del Estado y ratificó la solicitud que hizo en su declaración, en relación con esos efectos jurídicos.  Asimismo, manifestó que en caso de que la Corte aceptara la procedencia de la excepción preliminar, la Corte perdería su competencia para decidir sobre las indemnizaciones, pero el Estado estaría en posibilidad de determinar esas reparaciones con fundamento en su derecho interno.

 

37.     El 7 de marzo de 2005 la Corte dictó Sentencia sobre Excepciones Preliminares y Reconocimiento de Responsabilidad[1], en la cual hizo las siguientes consideraciones:

 

25.       El Estado ha desistido de la primera excepción preliminar referente a “la aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana” y ha ratificado su segunda excepción preliminar referente a la falta de agotamiento de recursos internos.

 

26.       A su vez, el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los hechos señalados en el literal B del Capítulo VI de la demanda presentada por la Comisión. […]

 

29.       En los términos en que se han expresado las partes, la Corte observa que subsiste la controversia entre aquéllas en cuanto a la excepción preliminar referente a la falta de agotamiento de recursos internos; el alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos en el presente caso no abarcados en el reconocimiento de responsabilidad formulado por el Estado; las supuestas violaciones a los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana; las supuestas violaciones a los artículos 19 y 22 de dicho instrumento alegadas por los representantes, así como lo referente a las eventuales reparaciones y costas.

 

30.       Por otro lado, al haber efectuado un reconocimiento de responsabilidad en el presente caso, el Estado ha aceptado implícitamente la plena competencia de la Corte para conocer del presente caso, por lo cual la segunda excepción opuesta por el Estado ha perdido el carácter de cuestión preliminar. Además, el contenido de dicha excepción se encuentra íntimamente relacionado con el fondo del presente asunto, en particular en lo referente a la supuesta violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Por lo tanto, dicha excepción preliminar debe ser desestimada y la Corte debe continuar con el conocimiento del fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.

 

31.       En consecuencia, si bien dicho reconocimiento manifestado por el Estado no interrumpe el trámite de la recepción de la prueba testimonial y pericial ordenada, el objeto de los testimonios y peritaje determinado en la Resolución del Presidente deberá restringirse en lo pertinente, en relación con las partes del fondo, las reparaciones y costas respecto de las cuales subsiste la controversia entre las partes.

 

De tal manera, por unanimidad, la Corte:

 

Declar[ó]:

 

1.         Que ha cesado la controversia sobre la excepción preliminar referente a la “aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana”.

 

y [resolvió]:

 

2.         Admitir, para todos sus efectos, el desistimiento por parte del Estado de la primera excepción preliminar referente a la “aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana”.

 

3.         Admitir, para todos sus efectos, el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 29 y 30 de la presente Sentencia.

 

4.         Desestimar la segunda excepción preliminar relativa al agotamiento de los recursos internos y continuar con el conocimiento del presente caso en cuanto al alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos en el presente caso no abarcados en el reconocimiento de responsabilidad formulado por el Estado; las supuestas violaciones a los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana; las supuestas violaciones a los artículos 19 y 22 de dicho instrumento alegadas por los representantes, así como lo referente a las eventuales reparaciones y costas.

 

5.         Continuar la celebración de la audiencia pública convocada mediante Resolución del Presidente de la Corte de 28 de enero de 2005, así como los demás actos procesales relativos al fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. El objeto de los testimonios y peritaje deberá restringirse en lo pertinente, en relación con las partes del fondo, las reparaciones y costas respecto de las cuales subsiste la controversia entre las partes.

 

6.         Notificar la presente Resolución al Estado de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares.

 

38.     Una vez dictada dicha Sentencia, la Corte continuó con la audiencia pública en relación con el fondo, las reparaciones y costas, y escuchó los testimonios y peritaje de las personas que habían sido convocadas a comparecer ante el Tribunal (supra párrs. 25 y 30).

 

39.     El 23 de marzo de 2005 el señor Federico Andreu presentó un resumen escrito del peritaje rendido durante la audiencia pública.

 

40.     El 8 de abril de 2005 el Estado, la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos finales escritos.

 

41.     El 9 de mayo de 2005 la Fundación “Manuel Cepeda Vargas” presentó un amicus curiae en el presente caso.

 

42.     El 15 de mayo de 2005 el Centro Internacional por la Jusicia Transicional presentó un amicus curiae elaborado por los señores Paul van Zyl, Lisa Magarrel y Leonardo Filippini, para ser considerado en el presente caso.

 

43.     El 5 de agosto de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte y en los términos del artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, solicitó a los representantes y al Estado la remisión, a más tardar el 19 de agosto de 2005, de determinada información y de varios documentos como prueba para mejor resolver en el caso.  Específicamente, se solicitó información concerniente al proceso penal en curso ante la jurisdicción penal ordinaria y a procesos contencioso administrativos iniciados por familiares de presuntas víctimas; información de posibles nuevas necropsias; nombres de los familiares de presuntas víctimas que habrían sido presuntamente desplazados y si se encontraban o fueron inscritos como tales y/o si habían recibido ayuda o apoyo de cualquier naturaleza por parte del Estado en razón de dicha situación; así como actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción.

 

44.     El 22 de agosto de 2005 los representantes presentaron un escrito mediante el cual solicitaron que “la aprobación de la Ley 975 de 2005 […] por el Congreso Nacional de Colombia […] y su sanción por el Presidente de la República” fuera considerado como un hecho superviniente en el presente caso, y que la Corte se pronunciara al respecto en la Sentencia.  El 23 de agosto de 2005, siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría otorgó un plazo de cinco días a la Comisión Interamericana y al Estado para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes al respecto.

 

45.     El 22 y 24 de agosto de 2005 los representantes y el Estado remitieron, respectivamente, determinada información y una serie de documentos, en respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver (supra párr. 43).

 

46.     El 30 de agosto de 2005 la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme presentó un amicus curiae.

 

47.     El 2 y 7 de septiembre de 2005 la Comisión y el Estado presentaron, respectivamente, y luego de otorgada una prórroga, sus observaciones a la solicitud de los representantes en relación con la aprobación de la Ley 975 de 2005 (supra párr. 44).

 

 

V

Medidas provisionales

 

 

48.     El 4 de febrero de 2005 los representantes solicitaron medidas provisionales para proteger la vida e integridad personal de todos los testigos que habían sido convocados en el presente caso, así como de sus familiares (supra párr. 25).

 

49.     El 4 de febrero de 2005 el Presidente dictó una Resolución de medidas urgentes[2]. El 2 de marzo de 2005 el Estado presentó su primer informe. El 17 y el 24 de junio de 2005, luego de varias reiteraciones al respecto, los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones al primer informe estatal sobre las medidas urgentes ordenadas por el Presidente.

 

50.     El 27 de junio de 2005 la Corte dictó una resolución, mediante la cual ratificó la resolución del Presidente de 4 de febrero de 2005[3]. El 24 de agosto de 2005 el Estado presentó su segundo informe estatal.  Dichas medidas provisionales se encuentran vigentes al momento de dictar la presente Sentencia.

 

 

VI

Consideraciones previas

 

 

51.     Además de los artículos de la Convención que la Comisión alegó como violados en la demanda, los representantes han alegado que el Estado violó los artículos 19 y 22 de dicho instrumento.

 

52.     También el Estado hizo una serie de consideraciones a lo largo del proceso ante la Corte respecto de la participación de los familiares de las presuntas víctimas: en su contestación de la demanda, Colombia solicitó a la Corte que rechazara el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes y que lo devolviera para que se ajustara a los términos del artículo 23 del Reglamento, por considerar que constituía una verdadera demanda, lo cual en su opinión excede sus capacidades procesales convencionales.

 

53.     En sus alegatos orales, el Estado realizó las siguientes consideraciones:

 

La Convención Americana constituye el fundamento y el marco jurídico de los reglamentos de la Corte y de la Comisión y el artículo 61 establece que sólo los Estados parte y la Comisión tienen el derecho de someter un caso a la decisión de la Corte.  El Reglamento de la Corte en su artículo 23 ha recogido […] la voluntad que los Estados han expresado, en el sentido de querer dar mayor participación a las víctimas en el proceso ante la Corte y ha establecido que, después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes pueden presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma. 

 

En el caso del sistema interamericano, todas las alegaciones jurídicas de los peticionarios, en especial sobre los derechos de la Convención, presuntamente vulnerados, deben ser presentados durante el proceso ante la Comisión. De esta forma, es desde esta etapa que el Estado también puede presentar argumentos sobre las mismas y la Comisión puede pronunciarse sobre todas y cada una de las acusaciones. Esto garantiza la seguridad jurídica, la igualdad procesal y el derecho de defensa, por cuanto el Estado debe conocer los cargos que se le imputan y estos se manifiestan en las pretensiones, precisamente, de las demandas.

 

En este mismo orden de ideas, el proceso ante la Corte Interamericana debería […] circunscribirse a los límites contenidos en el informe de fondo de la Comisión y de la demanda que ésta presenta ante la Corte, porque es precisamente del artículo 61 de la Convención de donde se deriva el principio de que al someter un caso ante la Corte, la Comisión o los Estados, determinan el objeto y los límites del proceso; es decir, los hechos que deben ser probados por las partes y analizados por la Corte, tanto como los derechos cuya violación se dilucida.  El artículo 33 del Reglamento de la Corte lo recoge, y establece que en la demanda se expresarán, entre otros, las pretensiones y los fundamentos de derecho.  […] El Reglamento de la Corte […] otorgó la representación autónoma de los peticionarios para un objeto específico: presentar solicitudes, argumentos y pruebas. […] Esto no significa de ninguna manera, que se hayan modificado las disposiciones convencionales.

 

El artículo 23 del Reglamento […] no podría llegar a interpretarse como que puede otorgarse a los peticionarios la potestad para presentar pretensiones distintas de las contenidas en la demanda.  Para el Estado es claro que las solicitudes, argumentos y pruebas a que se refiere este artículo, están circunscritas […] a lo expreso en la demanda de la Comisión, a menos que se tratara de hechos y pruebas sobrevinientes. Lo contrario significaría que la Comisión y los peticionarios serían ambos demandantes que presentarían demandas separadas.

 

De admitirse la interpretación en el sentido de que los peticionarios pudieran efectuar calificaciones jurídicas adicionales, la facultad de la Comisión o del Estado de presentar la demanda carecería de sentido, ya que ésta no constituiría el marco del proceso, que es […] lo que se precisa en el artículo 61 […] de la Convención. Este artículo está vigente [y] es plenamente aplicable mientras no sea derogado en otro instrumento internacional del mismo nivel. […]

 

En síntesis, el escrito que en este caso presentaron los representantes no es sólo un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, [sino  que] excede la capacidad que la Convención y el Reglamento contemplan, porque están incluyendo nuevas pretensiones o nuevos derechos que no han sido analizados por la Comisión y constituyen, en efecto, una verdadera demanda.

A los argumentos anteriores se suma el no menos importante de que se crea un desequilibrio procesal, que implica para el Estado tener que responder en la práctica a dos demandas.  Este desequilibrio […] no se subsana exclusivamente con el otorgamiento de un plazo adicional para hacer observaciones.  En realidad el Estado debe atender y está atendiendo a una parte más en el proceso.

 

Por todo lo anterior, [el] Estado […] solicita a la […] Corte que […] considere [que] la facultad de los peticionarios de presentar en forma autónoma sus alegatos en la Corte, debería atenerse a los elementos fácticos y jurídicos contenidos en la demanda presentada por la Comisión Interamericana […] De esta forma se respeta el marco jurídico de su participación, a la luz de los artículos 61.1 de la Convención, 44 y 23 y 33 del Reglamento de la Corte.

 

54.     En sus alegatos finales escritos, el Estado agregó:

 

[que] rechaza la narración y valoración de los hechos contenidos en el acápite B “El operativo Paramilitar en Mapiripán” del escrito de los representantes y solicita a la […] Corte tener en cuenta como hechos probados los que se encuentran en las sentencias penales y disciplinarias precisadas.

 

El Estado también rechaza las valoraciones y conclusiones contenidas en el literal  C “La Destrucción de Prueba y Obstrucción de Justicia”,  tales como “la inoperancia deliberada del Estado”, así como su visión descontextualizada de las “Actuaciones Judiciales a Nivel Interno”, y también rechaza enérgicamente las afirmaciones contenidas en la sección “Paramilitarismo en Colombia”, que no corresponden a la realidad de Colombia.

 

En igual sentido, el Estado rechaza las narraciones de supuestos hechos anteriores a los ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, los cuales no son objeto del presente caso, y que fueron expresados por el representante de las presuntas víctimas y sus familiares durante las audiencias públicas de 7 y 8 de marzo de 2005.

 

Ni los hechos narrados en los alegatos orales finales de la audiencia ni los que se han rechazado expresamente contenidos en el escrito constituyen hechos supervinientes, es decir, que se hubieran presentado con posterioridad a la presentación de la demanda, a la del escrito de los representantes o a la contestación de la demanda. Por el contrario, constituyen supuestos hechos nuevos y según fueron presentados, habrían ocurrido con anterioridad a los hechos objeto del caso y en espacios diferentes.  En este orden de ideas, al esgrimirlos, los representantes desbordan su capacidad, ya que su actuación está sujeta a los límites fácticos de la demanda de la Comisión, sobre la cual además el Estado ha aceptado los hechos contenidos en el literal B del Capitulo VI “Los Hechos de Julio de 1997”.    

 

En el caso […] de Cinco Pensionistas contra Perú, jurisprudencia que sólo tiene efectos inter partes, en cuanto a la incorporación de otros derechos por parte de los peticionaros distintos a los comprendidos en la demanda, la […] Corte […]  consideró que los peticionarios pueden invocar tales derechos por ser los individuos los titulares de los derechos consagrados en la Convención Americana. […] El Estado no comparte en este aspecto la posición de la  […] Corte, por cuanto considera que dicha interpretación va en contravía de lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Convención, [pues] sólo el Estado o la Comisión pueden interponer la demanda ante la Corte […]  

 

[Lo anterior] no significa en modo alguno restricción a los individuos en cuanto a que son éstos los titulares de los derechos.  El Sistema Interamericano permite que todas las alegaciones jurídicas de los peticionarios, en especial sobre los derechos de la Convención presuntamente vulnerados, sean presentadas desde el trámite ante la Comisión.  No obstante, si bien la demanda no tiene que ser exactamente igual al Informe de la Comisión, según lo ha dicho la propia Corte, ésta no debe contener referencias a presuntas violaciones de derechos (Conceptos de violación) que el Estado no haya conocido durante el trámite ante la Comisión, puesto que se violaría el derecho a desvirtuarlas en su oportunidad, esto, sin perjuicio de que la Honorable Corte aplique el principio jura novit curia. […]

 

En nuestra opinión y con el fin de conservar el equilibro procesal, la certeza jurídica y garantizar el derecho de defensa, el otorgamiento de la facultad de los representantes de las víctimas de presentar sus escritos y más aún una demanda o nuevos hechos y derechos ante la Corte como verdadera parte sustantiva, tendría que ir acompañado de una modificación del papel de la Comisión como parte en el proceso ante la Corte, de forma que actuara como verdadero Fiscal (o Ministerio Publico), órgano de supervisión de la Convención y Auxiliar de la Corte, tal y como se había previsto en la Resolución 1701 [de 2000 de la Asamblea General de la OEA], preservando a la vez los aspectos fundamentales del Sistema y la distribución de competencias entre los dos órganos.

 

55.     Además, el Estado enfatizó en que su reconocimiento de responsabilidad se limitaba a un capítulo de los hechos presentados por la Comisión en la demanda y a la violación de tres artículos contenidos en la misma, “por constituir la base fáctica y jurídica del proceso y esto no significa, de ninguna manera, la aceptación de los hechos nuevos y pretensiones contenidos […] en el escrito de los […] representantes”.

 

56.     Ciertamente el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, titulado “Demanda de los representantes de los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.250 ‘Masacre de Mapiripán’ contra la República de Colombia”, no tiene tal carácter de demanda y en esos términos lo considera este Tribunal. En efecto, en este caso la Comisión Interamericana es la que tenía la facultad de iniciar un proceso ante la Corte mediante la interposición de una demanda strictu sensu, y no los representantes. Dicho escrito de solicitudes y argumentos tiene el propósito de hacer efectiva la facultad procesal de locus standi in judicio reconocida a las presuntas víctimas, sus familiares o representantes.

 

57.     En relación con la posibilidad de participación de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes en los procesos ante el Tribunal, y de alegar otros hechos o la violación de otros derechos que no estén comprendidos en la demanda, la Corte reitera su jurisprudencia, en la cual ha determinado que:

 

[…] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante.  Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia.

 

[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos.  Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda.

 

[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, “en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente”, en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan[4].

 

58.     En la actual etapa de evolución del sistema interamericano de protección de derechos humanos, la facultad de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes de presentar en forma autónoma solicitudes, argumentos y pruebas no puede ser interpretada sino en forma consecuente con su condición de verdaderos titulares de los derechos reconocidos en la Convención y destinatarios de la protección ofrecida por el sistema, sin desvirtuar por ello los límites convencionales a su participación ni al ejercicio de la competencia de la Corte. Una vez iniciado el proceso por la Comisión, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de alegar la violación de otras normas de la Convención no contenidas en la demanda, con base en los hechos presentados en ésta, sin que ello implique una afectación al objeto de la demanda o un menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual tiene las oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente, decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes.

 

59.     Este Tribunal tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso, aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos hechos.

 

60.     De tal manera, la Corte también analizará la alegada violación de los artículos 19 y 22 de la Convención, planteada por los representantes en el presente caso (infra párrs. 151 a 163 y 168 a 189).

 

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61.     En atención a las circunstancias del presente caso, la Corte debe determinar los alcances del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado (supra párrs. 34 y 37). 

 

62.     El artículo 53.2 del Reglamento establece que

 

[s]i el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos.  En este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas correspondientes.

 

63.     El artículo 55 del Reglamento de la Corte dispone que

 

[l]a Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes.

 

64.     En primer término, en ejercicio de su función contenciosa, la Corte aplica e interpreta la Convención Americana y, cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción, es la facultada para declarar la responsabilidad internacional de un Estado Parte en la Convención por violación a sus disposiciones.

 

65.     En segundo término, la Corte, en el ejercicio de sus poderes inherentes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, podrá determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar o no con el conocimiento del fondo y la determinación de las eventuales reparaciones y costas.  Para estos efectos, el Tribunal analizará la situación planteada en cada caso concreto.

 

66.     En casos en que se han presentado allanamientos y reconocimientos de responsabilidad internacional, conocidos anteriormente por la Corte, ésta ha establecido que:

 

[…] el artículo 53[2] del Reglamento se refiere al supuesto en que un Estado demandado comunique a la Corte su allanamiento a los hechos y a las pretensiones de la parte demandante y, por consiguiente, acepte su responsabilidad internacional por la violación de la Convención, en los términos indicados en la demanda, situación que daría lugar a una terminación anticipada del proceso en cuanto al fondo del asunto, tal como lo establece el capítulo V del Reglamento.  La Corte advierte que con las disposiciones del Reglamento que entró en vigencia el 1 junio de 2001, el escrito de demanda está compuesto por las consideraciones de hecho y derecho y las peticiones en cuanto al fondo del asunto y las solicitudes de reparaciones y costas correspondientes.  En este sentido, cuando un Estado se allana a la demanda debe indicar con toda claridad si lo hace slo sobre el fondo del asunto o si también abarca las reparaciones y costas.  Si el allanamiento se refiere sólo al fondo del asunto, la Corte deberá evaluar si se continúa con la etapa procesal de determinación de las reparaciones y costas.

 

[…] A la luz de la evolución del sistema de protección de derechos humanos, donde hoy en día, las presuntas víctimas o sus familiares pueden presentar de manera autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y esgrimir pretensiones coincidentes o no con las de la Comisión, cuando se presenta un allanamiento, este debe expresar claramente si se aceptan también las pretensiones formuladas por las presuntas víctimas o sus familiares.

 

[…] Por otra parte, el Reglamento de la Corte no establece ninguna oportunidad especial para que la parte demandada formule su allanamiento.  De modo que si un Estado hace uso de ese acto procesal en cualquier etapa del procedimiento, este Tribunal, después de haber escuchado a todas las partes, debe evaluar y decidir sus alcances en cada caso en particular[5].

 

67.     En el presente caso, tal como fue determinado al dictar la Sentencia sobre Excepciones Preliminares y Reconocimiento de Responsabilidad (supra párr. 37), desde el momento mismo en que el Estado realizó su reconocimiento de responsabilidad internacional quedó abierta la controversia sobre una parte importante de la materia que conforma el presente caso. En esa medida, el Tribunal decidió continuar con la celebración de la audiencia pública que había sido convocada (supra párrs. 37 y 38). En particular, la Corte constató que

 

subsist[ía] la controversia entre [las partes] en cuanto [al] alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos en el presente caso no abarcados en el reconocimiento de responsabilidad formulado por el Estado; las supuestas violaciones a los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana; las supuestas violaciones a los artículos 19 y 22 de dicho instrumento alegadas por los representantes, así como lo referente a las eventuales reparaciones y costas[6].

 

68.     Posteriormente, a pesar de los términos en que formuló dicho reconocimiento, en sus alegatos finales orales y escritos el Estado hizo una serie de manifestaciones sobre la responsabilidad estatal por los hechos del presente caso, en el sentido de que no cabe declarar ésta por actos que no sean directamente atribuibles a agentes del Estado, lo cual puede poner en entredicho el verdadero contenido de su reconocimiento parcial de responsabilidad.  En razón de ello, en uso de la facultad recogida en el artículo 55 de su Reglamento, la Corte determinará el alcance y los efectos jurídicos de dicho reconocimiento, una vez aclarado el contenido de la responsabilidad estatal en el marco de la Convención Americana. Es por ello que la Corte considera pertinente abrir un capítulo acerca de los hechos del presente caso, que abarque tanto los hechos reconocidos por el Estado al allanarse como los que resulten probados del conjunto de elementos que obran en el expediente.

 

69.     Asimismo, dada la naturaleza del presente caso, la Corte estima que el dictar una sentencia en la cual se determine la verdad de los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, constituye una forma de reparación para las víctimas de la masacre de Mapiripán y sus familiares y, a su vez, una manera de evitar que se vuelvan a repetir hechos similares.

 

 

VII

Prueba

 

70.     Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte realizará en este capítulo, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones generales aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas en la propia jurisprudencia del Tribunal.

 

71.     En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes.  El artículo 44 del Reglamento contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes[7].

 

72.     Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito.  Además, en ejercicio de las potestades discrecionales contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente[8].

 

73.     La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y la valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales en el derecho interno, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes.  Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, ha evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia[9].

 

74.     Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos que conforman el acervo probatorio del presente caso.

 

 

A) PRUEBA DOCUMENTAL

 

75.     Como parte de la prueba documental presentada por las partes, los representantes remitieron las declaraciones de familiares de las presuntas víctimas y del señor Luis Guillermo Pérez, así como los dictámenes de las peritos Robin Kirk y Ana Deutsch, en respuesta a lo requerido en la Resolución emitida por el Presidente el 28 de enero de 2005 (supra párr. 25).  A continuación la Corte resume dichas declaraciones.

 

a) María Teresa Pinzón López, hermana de Luis Eduardo, Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López

 

Su madre vivía en Mapiripán con sus hermanos, su hermana Luz Mery, la hija y el marido de ésta. Ella, aunque se llevaba muy bien con sus hermanos, “no iba a visitarlos porque [le] daba miedo”.  No recuerda muy bien el día que se enteró de lo sucedido a sus hermanos. Es terrible acordarse de lo ocurrido y trata de no pensar, ya que “perder un hermano es muy duro, pero perderlos a todos es tremendo”. Su madre, la señora Teresa López de Pinzón, “se enfermó [de] un derrame cerebral [y] se le paró medio cuerpo. También enfermó del corazón [y] le dio un infarto.”  Perder a sus cuatro hijos “fue lo que mató a [su] mamá, [quien] lloraba como un niño”.  Luz Mery, su hermana mayor, quien también perdió a su compañero, “estaba muy nerviosa [y] psicológicamente mal, eso la acabó [y ahora] está muy decaída”; su aspecto personal cambió mucho, ya que ella vio todo, y eso la ha “deteriorado y terminado”. En la familia ya nada es lo mismo y viven lejos. Le da miedo preguntar si los responsables de los hechos fueron castigados, “porque […] en Villavicencio siempre hay paracos”, piensa que es peligroso y no quiere comentar ni preguntar nada porque teme por sus hijos.

 

 

b) Esther Pinzón López, hermana de Luis Eduardo, Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López

 

Cuando su madre llegó de Mapiripán estaba muy triste y le contó que el día de la masacre llegaron unas personas encapuchadas a llevarse a sus hermanos y no los vieron más. Posteriormente, su madre se empezó a enfermar: “Llegó como ida, como en shock, le dolía el pecho, fue al médico pero no le contó los hechos por miedo, le agarraban dolores en el pecho, ataques, [Le] daba miedo cuando llovía y tenía pesadillas”.  Así, su madre “fue decayendo” y murió a causa de la masacre.

 

Por su parte, cuando se enteró que sus hermanos habían desaparecido sintió “dolor, depresión [y se sintió] sola, ya que ellos estaban muy pendientes de [ellas y les] daban cosas muy importantes. [Por ello, su] dolor más grande es en lo moral, [ya que sus] hermanos eran [su] apoyo [y les] daban alegría”.  Además, su madre “sufrió mucho [y] le afectaba muchísimo las fiestas de diciembre, los cumpleaños y todas las fiestas en que la familia se une”. Sus hermanos eran muy cariñosos con su madre y con todas las hermanas. Siempre se reunían en las fechas más importantes, pero ahora “trata de no acordarse de esto ya que es muy feo”.

 

Sus hermanos eran “el principal sustento” y ayudaban a la madre y a las hermanas desde que sus padres se separaron.  Además, su hermana Luz Mery tenía una casa, y animales de granja, pero tuvo que “dejar todo eso tirado y perderlo todo”. Después de la desaparición de sus hermanos se les dificultó la economía, pasaron bastante hambre y ella se retrasó en sus estudios. Además, su madre gastó dinero para buscar a sus hijos.

 

Le da miedo sufrir algún atentado, no por ella sino por sus hijos, quienes se quedarían solos ya que su padre murió.

 

No sabe si sus hermanos están vivos, pero “si están muertos, aunque [les] sea duro aceptarlo, sería un descanso [para sus hermanas y para ella] encontrar los cuerpos de los cinco, enterrarlos y darles una despedida.”  Pidió que se encuentre a las personas responsables y “que […] no pidan perdón [por]que ellos no se merecen perdón”.  Asimismo, pidió que el gobierno haga algo, no sólo para las presuntas víctimas de este caso, sino para todo el país, pues “no pueden seguir existiendo estas masacres.”

 

 

c) Sara Paola Pinzón López, hermana de Luis Eduardo, Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López

 

Tenía una buena relación con sus hermanos.  Nunca ha estado en Mapiripán, pero le contaron de la masacre y que había “gente sin cabeza, picados en pedazos, que en la finca de [su] hermana se llevaron a su esposo y a sus hermanos”.  Después de lo sucedido su hermana, su madre y la hija de su hermana salieron para Villavicencio, donde se encontraron con ella; este “encuentro fue horrible”. Posteriormente, se fueron para Bogotá y vivieron un proceso tremendo con su madre, a quien, a consecuencia de los hechos, le dio trombosis, tuvo parálisis facial y la mitad del cuerpo le quedó inválida.  Su madre quedó con una secuela y se la pasaba a la defensiva, nerviosa y “se ahogaba” en llanto, pues es terrible perder de esa forma a los familiares; murió “lentamente por [lo sucedido a sus hijos]”, con la esperanza de que aparecieran para volverlos a ver.

 

[La testigo, su madre y sus hermanas] dependían económicamente de sus hermanos. Si sus hermanos estuvieran vivos su vida sería distinta y vivirían un poco mejor. Ella hubiera seguido estudiando.

 

Por su parte, a ella le quedan secuelas, ya que se pasa imaginando cosas sobre torturas e imagina que les hicieron todas esas cosas a sus hermanos. La navidad era un suplicio después de lo ocurrido. Además, no ha contado a nadie lo sucedido a sus hermanos porque tiene miedo de que el ejército esté vinculado con los paramilitares. Villavicencio, en donde vive, es peligroso, ya que “no se sabe con quién se […] habla[…] y hay gran desconfianza de la gente”.  Por ello, dice que sus hermanos están de viaje o que son primos. Ella sacó el SISBEN (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales) para desplazados y le dieron ayuda en salud. Al ejército y a la policía “no le convienen los desplazados. Para ellos mejor que ningún desplazado estuviera vivo, porque nadie abriría la boca ni diría nada”.  Ni siquiera ha podido ver a un psicólogo a causa del mismo miedo.

 

Su hermana Luz Mery “perdió todo, a ella le gustaba el campo, ella tenía sus cosas, sus bienes en el campo, […] perdió el esposo, perdió a sus hermanos, y económicamente se quedó casi nula”.  Posteriormente, su hermana se volvió más callada y su relación con la gente se volvió lejana.

 

La testigo desea saber la razón por la cual se llevaron a sus hermanos y saber lo que les hicieron; saber si los mataron y, aunque sea, tener sus restos, ya que sus hermanas y ella descansarían mucho. Sin embargo, tienen “la esperanza de volverlos a ver”.

 

 

d) Yur Mary Herrera Contreras, hermana de Hugo Fernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras e hijastra de Gustavo Caicedo Rodríguez

 

Su padrastro, el señor Gustavo Caicedo Contreras, “los apoyaba en muchas cosas, [les] daba muchos consejos, [era] muy buen padrastro, no los maltrataba, era muy lindo. [Ella] siempre le [va] a estar muy agradecida.” Además, cuando ella se fue a Bogotá su padrastro le seguía ayudando económicamente, aun cuando su primer esposo falleció y la dejó sola con dos niños. Cuando su hermana le comunicó que habían matado a su padrastro y a sus dos hermanos, no lo pudo creer y perdió comunicación por tres años, pues “tenía miedo de que le pasara algo a la familia”. Después de ese lapso su madre y sus hermanos llegaron a Bogotá sin su padrastro.

 

La incertidumbre afectó su vida familiar, el cuidado de sus hijos y la relación con su pareja, al grado que se separó, pues peleaban porque ella vivía pendiente de su madre.  Su familia ha cambiado mucho después de los hechos: su madre no sale pues le da miedo y teme que la estén siguiendo o que la estén mirando; sus hermanos ya no son los mismos niños de antes y ahora son más callados y más tristes; y ella, aunque trata de estar tranquila por sus hijos, sufre de insomnio y se niega a creer que sus hermanos estén muertos; a veces ve niños en la calle parecidos a ellos y se pregunta si estarán vivos, ya que se “niega a creer que estén muertos.” El “dolor que siente es inexplicable, como un pedacito de vida que se le va yendo a uno [de] golpe”.  

 

Después de lo que pasó la situación económica estuvo más difícil y no les alcanzaba para el arriendo. Algunos de los hermanos sobrevivientes y su madre tuvieron que irse a vivir a una casa de latas, aguantaron hambre y frío, y ella trataba de colaborar económicamente pero a veces no tenía ni para ella y sus hijos.  Su madre siempre tuvo qué comer antes de la masacre; por eso es muy duro y cruel no tener nada.   No recibieron mucho apoyo económico en la Red de Solidaridad, sólo en dos ocasiones le ayudaron a pagar el arriendo.

 

Su madre está enferma del corazón y del estómago y le intentó dar trombosis; dichas enfermedades tienen mucho que ver con lo que le pasó. Además, no la atendían porque no tenía un carnet de desplazada.

 

El Estado es responsable de lo que pasó por haber abandonado la región; por ello, debe responder, brindar apoyo económico y reparar a su madre y a ella por “la inestabilidad moral y económica que les causó”.  Justicia para ella sería que hicieran pagar a la gente que hizo eso, que el Estado responda por los errores y que lo reconozca públicamente. “En vez de haber justicia [para] los paramilitares los están cobijando y no se ayuda a las víctimas, y eso da rabia y da impotencia”.  Es importante saber la verdad y saber por qué lo hicieron y qué beneficio sacaron de ello.  Solicitó que “si los paramilitares […] tienen reclutados [a sus hermanos,] que los dejen libres, que los hagan volver a casa, y si están muertos que los responsables paguen por eso.”

 

 

e) Zuli Herrera Contreras, hermana de Hugo Fernando Martínez Contreras y de Diego Armando Martínez Contreras e hijastra de Gustavo Caicedo Rodríguez

 

La finca de Mapiripán tenía comodidades, era espaciosa, estaba equipada y tenía animales.  Su marido y su padrastro trabajaban y cultivaban la tierra y derribaban árboles. Siempre había para comer. Siempre tuvo una muy buena relación con su padrastro y con sus hermanos.

 

Antes del masacre ella se fue a Bogotá para dar a luz a su tercer hijo y cuando supo de la masacre no pudo comunicarse con su familia.  Sus familiares le decían que su familia estaba toda muerta y que no podía ir para allá porque era peligroso.  Para ella “fue una desesperación muy grande saber eso.” Cuando habló con su madre y le contó lo sucedido “fue muy doloroso”. 

 

Al reunirse con el resto de su familia encontró a su madre “destrozada, [ya que] en un momento perdió todo [lo que tenía], los niños más pequeños lloraban por el papá de ellos, por sus hermanos y preguntaban todo el tiempo por ellos”. Su madre quedó muy mal y enferma; siempre tiene mal genio y está triste. A sus hermanos “les dio muy duro”, porque aunque estaban muy pequeños recuerdan todo y que no pueden olvidar.

 

Su vida cambió bastante, pues cuando regresó al campo tuvo que vivir separada de su esposo y de su madre e inscribir a sus hijos en un internado. Después de la masacre, trabajó como cocinera en una finca, pero a veces le tocaba pedir yuca o plátano para no tener hambre.  Cuando regresó a Bogotá hizo las gestiones de los desplazados y les tocó aguantar mucha hambre; recibieron ayuda de la Red de Solidaridad y de la Cruz Roja, aunque tardaron más de un año para que los apoyaran para el arriendo. Vivían en un rancho con lata y plástico, ni su esposo ni ella tenían trabajo y “fue muy duro que los hijos [les pidieran] de comer y no tener qué darles.” 

 

Vive con miedo de que puedan volver a pasar esas cosas, no sabe en quién confiar, no cree ni en la policía ni en el ejército. Además, “las autoridades no han investigado qué pasó con [sus] hermanos y [su] padrastro.”

 

Es muy importante que los responsables sean sancionados y que se haga justicia para que eso no pase nunca más. El Estado no puede compensar todo el daño causado y tiene la culpa de que hayan sido desplazados.  Desea que Colombia reconozca su responsabilidad y que ayude más a la gente de campo, a quienes cree paramilitares o guerrilleros, con vías, escuelas y salud.  Le gustaría que la Corte Interamericana “haga que se vea bien cómo son las cosas [y] que hagan saber que si la gente colabora con la guerrilla es porque […] amenazan [con] matarle a un hijo.”

 

 

f) Gustavo Caicedo Contreras, hermano de Hugo Fernando Martínez Contreras y de Diego Armando Martínez Contreras e hijo de Gustavo Caicedo Rodríguez

 

Tiene 15 años de edad y tiene muchos recuerdos de su vida con su familia en Mapiripán, cuando salían mucho a pasear con su padre y jugaba con sus hermanos.  El día que tomaron a su padre y a sus hermanos él estaba enfermo y su madre se puso a llorar.  Ese día su hermana, su madre y él lloraban mucho y querían buscar a su padre y hermanos, pero otras personas les decían que no los buscaran porque los iban a matar.  “A ellos no les importaban si eran niños o bebés, se los llevaban por el sólo hecho de preguntar por el familiar que ellos tenían.” Posteriormente, la familia salió para Anzuelo, para Bogotá –donde pasaron hambre y frío– y para el Rincón de la India, donde se quedaron.  Cuando en 2002 llegaron la guerrilla, los paramilitares y el ejército otra vez a Mapiripán, sentía mucho miedo “porque estaba estudiando como internado en una escuela. […] Era muy inseguro, había bombas, combates”.

 

Extraña a sus hermanos y no cree volverlos a ver. Llora cuando piensa en ellos.  Le da rabia lo que pasó.  No se concentra en el estudio, pues piensa en su madre que está sola sin nadie que la acompañe. Pierde evaluaciones por estar pensando en esas cosas o en que le pueda pasar algo a su madre.  Vive con miedo “porque a veces la gente dice que vienen los paramilitares. El gobierno piensa que por […] estar viviendo allá es guerrillero”. Se ha sentido rechazado por su condición de desplazado, “porque cuando estaba en Bogotá la gente lo miraba […] medio raro por ser desplazado”.  Ahora se siente mal porque donde vive “no tiene a nadie”.

 

Piensa que estarían mejor con su padre y que no les faltaría nada, pues ahora no sabe cómo van a hacer con los libros y con la pensión.

 

Quiere recuperar todo lo que tenían en la finca y que le ayuden “con lo de la escuela para seguir estudiando”.

 

 

g) Maryuri Caicedo Contreras, hermana de Hugo Fernando Martínez Contreras y de Diego Armando Martínez Contreras e hija de Gustavo Caicedo Rodríguez

 

Tiene 14 años de edad.  Su padre era “muy buena gente” y los cuidaba mucho. La familia paseaba y la pasaban muy bien.  Se sentía protegida por su padre y por sus hermanos; su madre los cuidaba porque no tenía que trabajar.  El día que tomaron a su padre y a sus hermanos, la testigo, junto con tres de sus hermanos y sus padres, se dirigían de la finca al pueblo a buscar servicios de salud para su hermano Gustavo.  Cuando voltearon a ver, ya los habían tomado.  Vio gente llorando y diciéndoles que no volvieran a buscarlos porque los matarían.  Sin embargo, “los busca[ron] por todos lados y no los encontraron”.  Vio “gente tirada en el río [y a] unas personas que sólo tenían el cuerpo, pero no tenían ni manos, […] ni cabezas”. Su madre y hermana lloraban mucho y [ella] sentía mucho miedo de que los fueran a matar.  Cuando recuerda todo eso siente ganas de llorar. 

 

Su padre les daba todo lo que necesitaban y les pagaba el estudio.  Al salir de Mapiripán perdieron todo, aguantaron hambre y ella no pudo estudiar por dos años.  Después vivieron en un rancho de lata en Bogotá, en donde ella se enfermó por el frío que pasaban, y aunque los doctores le daban medicina no le servía. Siente dolores muy fuertes de  cabeza y no puede ver bien.  Además, tuvo problemas de apendicitis y problemas con su menstruación; el médico le dijo que eran síntomas de trombosis. Ha tenido y continúa teniendo problemas para estudiar y entender lo que los profesores le decían por estar pensando en su padre y sus hermanos.  Los profesores de su escuela en Bogotá la miraban mal por no llevar uniforme, pero no tenía plata para comprarlo.  Antes de salir de Mapiripán tenían muchas cosas y ahora no tienen nada.

 

Sigue pensando mucho en su padre y hermanos. Sus hermanos le hacen mucha falta. Llora mucho, duerme mal a veces y tiene pesadillas en las que recuerda cómo mataban a la gente de Mapiripán. Su padre le iba a festejar sus quince años y le había prometido comprarle una moto; no recibirá el regalo prometido. Le gustaría volver a tener las mismas comodidades que tenían antes y le parece importante que los responsables sean castigados.

 

 

h) Nadia Mariana Valencia Sanmiguel, hija de José Rolan Valencia

 

Su padre era empleado de la alcaldía y trabajaba como despachador del aeropuerto. Describió la llegada de los paramilitares a su pueblo, la manera en que cambió el ambiente por completo y los comentarios que se hacían de que estaban matando gente. 

 

El día que se llevaron a su padre de la casa “todos sus hermanos estaban afuera llorando y [su] mamá también estaba llorando con su niño enfermo”. En el momento de la captura, su padre rogaba a los paramilitares que no lo mataran porque tenía 5 hijos, un hijo enfermo y su esposa. Su hermana menor, Yinda, lloraba todo el tiempo. Al día siguiente, el inspector y el alcalde llegaron a avisarles que los paramilitares habían matado a su padre y que su cuerpo estaba en el aeropuerto. Su hermana Yinda agarraba fuertemente la fotografía de su papá y su madre suplicaba. Nunca vieron  muerto a su padre, pero la gente les contó que “lo habían degollado, habían jugado fútbol con la cabeza […], y que su cabeza estaba a diez metros del cuerpo.[…] No dejaban recoger los cuerpos, el que los fuera a recoger […] lo mataban los paramilitares. […] El inspector le hizo un permiso a [su] mamá para que recogiera a [su] papá, [a quien] envolvieron en una sábana y lo enterraron en una tumba en el cementerio, ahí le acomodaron la cabeza. [Ella] sólo vi[ó] una pierna de [su] papá cuando él iba pasando en una camioneta.”  Nunca pudo ver la tumba de su padre y el día que lo enterraron su hermana estaba muy alterada y triste.

 

Al enterarse de que habían matado a su padre lloró mucho, sintió mucha rabia, mucho dolor y no sabía qué sería de [su madre, sus hermanos y ella] sin él, porque eran muy pequeños. Posteriormente, su familia y ella se fueron para Villavicencio y vivieron en casa de unos amigos de su padre durante un mes; recibían comida y ayuda de la pastoral social y de los amigos, nada del gobierno. Tampoco en ese momento pudieron estudiar. A su madre le tocó trabajar en casas de familia.  Su padre les proveía los alimentos y les daba todo.  Después de su muerte han tenido que vivir muchas privaciones, ya que su madre escasamente les podía conseguir la comida.

 

Tuvo que irse a un internado para poder volver a estudiar, aunque hubiera querido estar con su madre. Extrañaba mucho a su familia y duró dos años sin querer estudiar pues “psicológicamente estaba mal, no podía dormir bien, [tenía] pesadillas […] con personas que perseguían a [su] padre y [a sus] hermanos. [Se] volvió agresiva. Creía que todo el mundo era su enemigo”. Su vida cambió muchísimo desde que murió su padre, pues siempre había vivido en un pueblo con sus dos padres y en su vida actual ya no es así. Le gustaría volver de visita a Mapiripán, pero no para quedarse pues le trae malos recuerdos.

 

No había declarado antes y le da miedo hacer la presente declaración, ya que siempre siente desconfianza.  Justicia, para ella, sería que todos los que tuvieran que ver con lo sucedido a su padre pagaran por el mal que les causaron.

 

 

i) Roland Andrés Valencia Sanmiguel, hijo de José Rolan Valencia

 

Tiene 11 años de edad y nació en Mapiripán.  No recuerda bien cómo era su padre, pero sabe que está muerto.  Le hace falta tener un padre.  Antes él vivía con su padre, madre y hermanos, y ahora vive en una casa pequeña en Villavicencio. Mientras su madre trabaja, su hermana lo cuida. Cuando sea grande, quiere ser policía “porque la policía ayuda a otras personas”.

 

 

j) Yinda Adriana Valencia Sanmiguel, hija de José Rolan Valencia

 

Cuando ella tenía 9 años, en 1997, en Mapiripán “se vivía bien, la gente vivía tranquila”. Cuando estaban en Mapiripán a ella, a su madre y a sus hermanos no les faltaba nada, tenían comida, techo, ropa y lo que necesitaban.  Su padre trabajaba como despachador en la pista durante el día, y algún tiempo fue dueño de un cinema. 

 

Relató los hechos que sucedieron cuando llegaron los paramilitares a su casa, tiraron al suelo a su padre y le amarraron sus manos hacia atrás.  Ella se sintió muy mal al saber que él nunca iba a regresar porque todos los que se habían llevado nunca regresaron. En ese momento su madre rezaba mucho y sus hermanos lloraban desconsolados.  Al día siguiente vio los pies de su padre cuando lo transportaban al cementerio, se sintió mal y lloró mucho.  El día del entierro ella y su familia salieron de su casa para siempre y pasaron la noche en la clínica del pueblo con miedo de que los mataran. Ella sabe que su padre murió degollado.  Posteriormente, estuvo internada por cuatro años en un colegio que no cobraba, otros niños hablaban sobre la masacre y decían que la habían hecho los paramilitares, que habían matado a muchas personas y que habían tirado los cuerpos al río. 

 

Después de los hechos su vida cambió mucho. Al salir del pueblo, llegaron a la casa de unos amigos de su padre que les brindaron comida y lugar para dormir. Sus hermanos menores se quedaban solos, debido a que su madre debía trabajar en varios oficios, en casas de familias y en restaurantes.  A ella le tocó trabajar en un supermercado y en casas de familia para pagar lo necesario para el estudio y para ayudar a su familia.  Sin embargo, pasaron hambre muchas veces y cuando querían algo no lo podían tener.

 

Extraña mucho a su padre, piensa mucho en él y en lo bien que lo pasaba, ya que su relación con era “muy cercana y especial”. Cada mes visita a su madre. Justicia para ella sería que encontraran a los responsables de la masacre y que el Estado les ayudara con el estudio.

 

 

k) Johanna Marina Valencia Sanmiguel, hija de José Rolan Valencia

 

Tiene 16 años de edad y describió como sucedieron los hechos de julio de 1997.  Vió cómo se llevaban a su padre. Su hermana Yinda lloraba y pedía que no se lo llevaran.  La testigo, su madre y sus hermanos también lloraban.  “Pensaba que si se lo llevaban lo iban a matar, porque ya había habido hartos muertos”. Al día siguiente que se llevaron a su padre les dijeron que había muerto y que lo habían decapitado.  Ese mismo día ella, su madre y sus hermanos se tuvieron que ir para otro lado y quedarse en una clínica por miedo a que también los mataran.

 

Después de la masacre sufrieron mucho y la vida se volvió más difícil. Se fueron a Villavicencio y vivían en casa de unos amigos de su padre.  Después “aguantaron hambre y [su] madre tuvo que trabajar para conseguir la comida. [Ella] tuvo que empezar a cuidar a [sus] hermanos desde los ocho años.  [Tiene] un hermano con necesidades especiales y tuvo que darle tetero y limpiarlo.  También tuvo que cocinar.  A  veces tienen que pedir comida a los vecinos”. 

 

Su vida sería mucho mejor si su padre estuviera vivo. Aunque sabe que no es posible, quiere que le devuelvan a su padre. Es importante que los responsables sean castigados.

 

 

l) Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, hijastra de Sinaí Blanco Santamaría

 

Cuando llegó a vivir a Mapiripán empezó a querer mucho a su padrastro, quien le empezó a pagar los estudios  y era “una persona muy amplia”.

 

Antes de que llegaran los paramilitares, la situación de seguridad estaba bien. Describió el ambiente de terror vivido en el pueblo con la llegada de los paramilitares y que la gente escuchaba que venían con una lista. Tuvo contacto con algunos de los paramilitares y vio a muchos de ellos, incluso al “Mochacabezas”, quien mataba a la gente. Había rumores sobre gente descuartizada y echada al río en pedazos.  “Desde que ellos llegaran, ese pueblo parecía fantasma.  Cada ratico se escuchaba que se llevaban gente.  Los paramilitares eran desalmados [y] no tenían piedad del dolor de la gente.” Hubo muchos muertos y desaparecidos en Mapiripán, incluida una familia entera desaparecida con un niño de meses de nacido.

 

Un día después de que los paramilitares se llevaron a su padrastro, su madre y ella quien tenía 16 años en ese entonces– salieron a buscarlo y encontraron su cuerpo en el puesto de policía. “Cuando [se] acercó […] lo conoci[ó], […] era [su] papá. [Ella se sentó] a su lado y perdi[ó] noción de todo, casi [se vuelve] loca, lo iban a tapar, [ella] decía[: N]o lo tapen que él se va a despertar. [Se agachó] a su lado y levant[ó] su cabeza en [sus] piernas, y tenía la garganta cortada. [Su] papá tenía cortaduras en la carita, lo habían amarrado con un nylon negro[.  Ella dijo: ¿P]or qué lo amarraron si él no era malo? [Se quedó] con él llorando por tres horas hasta que [la] sacaron del lugar.”

 

Además del cuerpo de su padrastro vio otros cadáveres y a una señora jalando el cuerpo de su esposo con la cabeza en la otra mano para unirla.  Eso le provocaba sentimientos de rabia e impotencia por no poder hacer nada.  Su madre llamó al alcalde y al inspector de policía para que hicieran el levantamiento del cuerpo pero dijeron que no podían. “Los paramilitares decían que donde matan una persona ahí se queda. [Su] papá fue la única persona que sacaron del pueblo [pues] la familia de [él] en San Martín mandó una avioneta para sacarlo. [Lo] enterra[ron] en San Martín”.

 

Salieron para Villavicencio y allá no dormía, pero tuvo apoyo de su novio, quien la ayudó a salir de eso “porque si no [se] muer[e]”.  Después su madre y ella se fueron para Acacias porque les dijeron que las andaban buscando para matarlas. Cuando regresó a Mapiripán un año después fue muy duro para ella volver y pasar por donde mataron a su padrastro.  Luego se fue a Villavicencio a tener a su hijo y no ha vuelto a Mapiripán por miedo. A veces no puede dormir por la tristeza.  Quiere cambiarse su apellido por el de su padrastro, pero no se lo han permitido.

 

Su vida después de la masacre cambió mucho y tuvo que abandonar sus estudios. Ella y sus hermanos recibían de su padrastro todo lo que necesitaban. Su padrastro le había ofrecido pagarle la universidad; por tanto, ella hubiera sido profesional, y quería estudiar idiomas y viajar.  Sin embargo, a ella y a su madre les tocó aguantar hambre y vender cosas en la calle. Su madre cosía todo el día para ganar dinero. Su madre casi muere, ya que no se alimenta y, además, sufrió un preinfarto. 

 

Es importante que los responsables sean castigados y que paguen por lo que hicieron.  El Estado tiene responsabilidad por lo que pasó en Mapiripán.

 

 

m) Luis Guillermo Pérez, abogado de derechos humanos

 

Asumió la posición de abogado de la parte civil en la representación en el proceso penal por la masacre de Mapiripán, asignado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, denunció irregularidades en cuanto al vínculo entre los paramilitares y el ejército, así como la impunidad de la justicia penal militar. Además, presentó denuncias que lo hicieron tener que presentarse a declarar ante la Fiscalía, como posible responsable de supuestas amenazas sufridas por miembros del ejército, que estaban recluidos por otros hechos.  Aunado a lo anterior, la tutela por él interpuesta ocasionó que el proceso regresara a la justicia penal ordinaria.  Por otro lado, se inició persecución en su contra.  Existían rumores de que su asesinato ya había sido ordenado y su trabajo como defensor de derechos humanos fue infiltrado.  Al recibir información que le confirmó que los preparativos de su asesinato ya estaban en curso, abandonó Colombia, donde ha regresado solamente por días, pero ha tenido que radicarse definitivamente en el extranjero.

 

 

n) Peritaje de Ana Deutsch, psicóloga

 

La perito declaró que los familiares de las presuntas víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales como consecuencia directa de la desaparición y ejecución de las mismas, por la falta de apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata de los desaparecidos, por el miedo a iniciar o continuar con las búsquedas de sus familiares, por verse envueltos en amenazas o atentados, y por las amenazas y atentados que recibieron quienes continuaron buscando a las presuntas víctimas. Todo lo anterior ha afectado la salud física y psicológica de dichos familiares, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros.

 

 

ñ) Peritaje de Robin Kirk, profesional en derechos humanos

 

La perito manifestó que en Colombia existen relaciones entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, las cuales persisten hasta ahora.  Entre 1997 y 1999 el Estado llevó a cabo una investigación que evidenció que oficiales de la armada trabajaban con paramilitares, compartían inteligencia, planeaban y llevaban a cabo operaciones conjuntas, proveían armas y municiones, y apoyaban con helicópteros y ayuda médica.

 

La señora Kirk expresó que los paramilitares han establecido un patrón claro de operación: siembran rumores de un ataque inminente, pintan graffitis y circulan amenazas escritas.  Después, hombres fuertemente armados llegan al lugar y sacan a la gente de sus casas para ser asesinadas. Las fuerzas de seguridad raramente intervienen aun cuando están advertidas con anterioridad sobre los ataques.  Dicho patrón fue usado en Mapiripán en 1997.

 

Cuando se llevó a cabo la masacre de Mapiripán, la Séptima Brigada con base en Villavicencio era de las que más activamente apoyaba a los grupos paramilitares.  Además, era dirigida por oficiales de alto rango considerados entre los más capaces e inteligentes dentro de las fuerzas armadas colombianas. 

 

La perito manifestó que la masacre de Mapiripán fue planeada desde enero de 1997 y que los paramilitares escogieron esa población pues era un centro de comercio de cocaína y, por tanto, un ingreso para las guerrillas, quienes se aprovechaban del comercio tasando las ventas.

 

Según la perito existen oficiales militares que no han enfrentado a la justicia, entre quienes se encuentran el Coronel Carlos Ávila, comandante del Batallón Joaquín Paris, el General Rito Alejo del Río, Comandante de la Décimoséptima Brigada y el General Agustín Ardila, comandante de la Cuarta División al momento de los hechos.

 

La perito manifestó que el Fiscal General solicitó que se abriera una investigación formal contra el Coronel Ávila, con base en que probablemente ayudó a coordinar la llegada de los paramilitares a Mapiripán.  Sin embargo, fue promovido a general y en 2003 fue designado para comandar la Séptima Brigada en Villavicencio, la misma brigada implicada en Mapiripán.

 

El mecanismo que sostiene la impunidad en Colombia incluye retrasos prolongados y justificados, llegando a durar siete años o más.  Además, los procedimientos que tienen que ver con crímenes contra la humanidad no son conducidos independiente e imparcialmente. En todos los casos las responsabilidades son claras y las autoridades saben con precisión y detalle quiénes ordenaron los crímenes, cuánto costaron, quiénes los planearon y ejecutaron, cómo y cuándo fueron llevados a cabo y a quiénes se beneficiaron con ellos.  A pesar de todo esto, ninguno de dichos casos ha culminado con una investigación, sentencia o juicio creíble.  Finalmente, existe una gran falla para proteger la seguridad física y psicológica, así como la dignidad, la identidad y la privacidad de las víctimas, los testigos y los investigadores, lo cual les niega su derecho a la justicia.

 

 

B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL

 

 

76.     Durante la audiencia pública (supra párrs. 35 y 36), la Corte recibió la declaración de los testigos y el perito propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado. La Corte resume a continuación dichas declaraciones.

 

 

a) Gustavo Morales Marín, Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia

 

Manifestó que la Fiscalía General de Colombia ha adoptado una serie de medidas  tendientes a impedir la impunidad y los casos de graves violaciones de los derechos humanos, “haciendo una selección técnica de los fiscales […],capacitando a dichos funcionarios […], adoptando una serie de controles administrativos en la función de los fiscales y, finalmente, desarroll[ando] una política de cambio en el sistema judicial procesal penal.”

 

En el presente caso se han tomado providencias “dentro de un proceso que ya se extiende a lo largo de varios años pero que se ha bifurcado, porque en [el] sistema existe un fenómeno llamado la ruptura de la unidad procesal […]. El deseo de la Fiscalía es descubrir a todos y cada uno de los autores, pero […] es una labor que a veces se escapa a la función del hombre, por las múltiples incidencias de tipo social o de tipo económico”.  Para poder medir la razonabilidad de la duración de un proceso “hay que partir de la complejidad del hecho, [así como el] lugar, tiempo y modo en que éste ocurrió”.  Además, se requieren otros recursos, pues Mapiripán es de difícil acceso.

 

El testigo conoce las medidas especiales adoptadas en este caso concreto para combatir la impunidad, las cuales son “la selección de los fiscales […], la búsqueda que se está haciendo de recursos internacionales para poder practicar algunas pruebas sumamente técnicas, con carácter científico en el cause del río […] y la constante vigilancia administrativa –no judicial– del señor Fiscal General de la Nación”.

 

Frente al número de masacres, cantidad de víctimas y ocurrencias como la del caso Mapiripán, donde hay destrucción de cuerpos de víctimas, el  tipo de recursos que la Fiscalía utiliza son los “análisis de ADN y [la colaboración d]el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […].”  Sin embargo, “otra cosa es la posibilidad de recoger la huella, el vestigio, la señal que permita hacer el análisis”. 

 

Por otro lado, el  señor Morales Marín manifestó que la Fiscalía había escogido el caso de Mapiripán como uno de los casos a investigar por violación de derechos humanos.

 

 

b) Luz Mery Pinzón López, compañera de Jaime Riaño Colorado y hermana de Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López

 

En julio de 1997 vivía en vereda de la Cristalina con su compañero, con sus hermanos Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López, con su hija Esperanza Pinzón y con su madre. Trabajaba en la Cristalina con Marco Tulio Bustos.

 

Después de la masacre salió de la Cristalina a buscar refugio. Pasó por la Cooperativa, donde vio brazos y piernas tirados en el suelo.  Pasó una noche en Mapiripán antes de irse para Villavicencio con su madre, su hermana, su hija y sus hijos pequeños, pues temía que “también [la] llevaran[ y la] desaparecieran como se llevaron a [su] esposo [y] hermanos.”

 

Ella y sus hermanos mantenían a su madre. Además, sus hermanos mantenían a sus hermanas que estudiaban.  Después de que ellos desaparecieron “fue terrible […]; ya no era lo mismo, ya no hubo estudio, ya no hubo nada, todo se acabó.  [Tuvieron que] aguantar hambre, desnudez, quedar […] en la calle.”

 

Jaime Riaño Colorado, su compañero por siete años, era un hombre muy bueno y siempre la pasaban bien.  A ella le afectó “terriblemente” su desaparición, pues no tenía quien le ayudara a ella y a sus hijos.  Si él viviera, sus hijos y ella estarían en otras condiciones sin que les faltara nada.

 

Su madre se vio muy afectada por los hechos y murió “de ver que [su]s hermanos se desaparecieron [y también su] esposo”. También fue terrible para sus hijos ver que se llevaban a sus tíos y a Jaime Riaño Colorado. En ocasiones su madre la culpaba por haber llevado a trabajar a sus hermanos a la Cristalina.

 

Fue obligada a desplazarse. Lo que tenía antes de la masacre –la finca y los animales– “se perdió o se acabó.”  Sin embargo, la Red de Solidaridad y el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE) le dieron una casa a su nombre y al de sus hijos.  Después de la masacre fue amenazada en Acacías por la misma gente que se llevó a su esposo y a sus hermanos.

 

No ha visto que el Estado haga algo para averiguar el paradero de sus hermanos y de su compañero. Ella no denunció lo ocurrido pues le “dio miedo” y vive nerviosa de que le pase algo. Le da miedo rendir esta declaración porque “no [sabe] cómo será su llegada a Colombia”.

 

Le gustaría ver el cuerpo de sus hermanos y compañero. Sin embargo, le gustaría verlos vivos y guarda “la esperanza siempre [de que] vuelvan”.  A veces también piensa que están muertos.

 

Le gustaría que castigaran a los responsables, ya que “duele mucho [que] hagan esas cosas sin uno saber porqué”. Le gustaría que les ayudaran económicamente para el estudio de sus hijos y que les dieran todo lo que tenían antes.

 

 

c) Mariela Contreras Cruz, madre de Diego Armando y Hugo Fernando Martínez Contreras y esposa de Gustavo Caicedo Contreras

 

Vivía a hora y media de Mapiripán con su esposo y sus 7 hijos. Su casa era de madera; tenía electrodomésticos, ganado, gallinas, cerdos y chivos.

 

Cuando estaban en Mapiripán sus hijos se escaparon y le contaron que habían visto pedazos de cuerpos.  Al salir de Mapiripán anduvieron a pie “de finca en finca” por un mes hasta que llegaron a El Anzuelo. Ya no tenían comodidades y los “niños perdieron tiempo en el estudio”. Posteriormente, tuvieron que salir de ahí porque los paramilitares “encendieron” el pueblo y los amenazaron.  Como ella “estaba […] traumatizada con lo que había pasado”, se fue con sus hijos para Villavicencio pero, como el Estado no les brindó mucho apoyo, se fue a Bogotá, donde la apoyaron con un “mercado” hasta cinco meses después.

 

En Bogotá estuvo un tiempo en casa de su hija, quien tuvo problemas con su marido pues ella estaba enferma y él tenía que trabajar para mantenerlos.  A ella le “tocó hasta pedir limosna”.  Después, la testigo y sus hijos menores se mudaron a “una casa encerrada en latas […] y plásticos” que era de su hermano. Sus hijos lloraban de hambre, pues ella no conseguía trabajo. Nunca ha regresado a su casa porque “piensa [que la] pueden matar […] también, con [su]s hijos.”

 

Como no vio muertos a sus hijos y esposo se “hace la idea que ellos están vivos”.  Sin embargo, cree que nunca verá los cadáveres.  Siente tristeza y soledad, ya que no tiene “nada y moralmente está destrozada por la falta de sus hijos y [su] esposo”. Sus demás hijos están muy traumatizados y lloran mucho. Ella no puede dormir tranquila y sueña “cosas tremendas” de sus hijos y su compañero. 

 

Desde la desaparición de su esposo y sus dos hijos se ha sentido muy enferma.  Dos años después le dio hepatitis y tiene cirrosis. También sufrió de paludismo cerebral y ha estado en cama sin nadie que la apoye.

 

Ha conversado con cerca de veinte personas desplazadas de Mapiripán, quienes le han contado que perdieron a familiares durante los hechos. Les comentó del presente caso y le dijeron que “ni muertos decían nada, porque ellos sabían que corrían peligro y [le] dijeron […] que no lo siguiera haciendo porque tenía el lazo al cuello.”  Ella siente “bastante temor” por haber declarado, sobre todo cuando regrese a Colombia.

 

Quiere que se haga justicia “porque hay muchos que están sufriendo”. La justicia es necesaria “para que no sigan masacrando la gente”.  Solicitó “que se acuerden que [ellos tienen] la vida en un hilo [y que] recuerden que […] también so[n] Colombia y tienen] derecho a la vida. [Asimismo, solicitó] que [les] den la oportunidad de criar [a sus] hijos y seguir adelante”.

 

 

d) Nory Giraldo de Jaramillo, compañera de Sinaí Blanco Santamaría

 

El día de los hechos se llevaron a su esposo por la noche y al día siguiente en la mañana ella y su hija encontraron su cuerpo degollado y “amarrado con una piola en los brazos hacia atrás”. Después lo sacaron en una avioneta y lo sepultaron en San Martín.

 

Ella trabajaba con su esposo en un negocio; vivían cómodamente y todo lo que tenían era propio. Sin embargo, “todo se perdió cuando [ella] sali[ó] de allá”.

 

Fue obligada a desplazarse de Mapiripán, porque cuando mataron “a [su] esposo era la lógica que [ella] tenía que salir de allá”.  Su vida cambió “totalmente [pues] la vida para un desplazado es muy dura porque [se] siente miedo de todo, no [hay] forma de trabajar, no [se] tiene forma de sustento, [se] tiene que acudir hasta a mendigar una caridad de cualquier persona que se la quiera dar”.

 

La muerte de su compañero afectó la vida familiar “muchísimo, moralmente, económicamente, todo, en todas formas”.  Ella jamás volvió a ser la misma y cada vez que recuerda “el dolor es terrible”.  Siente “dolor, desespero, rabia, por todo el daño que [le han hecho]”.  Siente miedo por sus hijos.

 

Justicia, para la testigo, “significa un bienestar para [ella] y [sus] hijos y que castiguen a los culpables”.

 

 

e) Marina Sanmiguel Duarte, esposa de José Rolan Valencia

 

El día de los hechos su esposo fue sacado de su casa delante de ella y de sus hijos por un grupo paramilitar, quienes lo “amarraron con las manos atrás y se lo llevaron de la casa”.  Al día siguiente lo encontró “por el lado de la pista y la carretera, el cuerpo estaba hacia un lado y la cabeza de él estaba al otro lado”.

 

Se vio obligada a desplazarse de Mapiripán porque “pens[ó] que ellos volvían, porque ellos sí lo habían dicho de que ellos volvían otra vez”.  Como desplazada se siente rechazada por la gente y no es fácil conseguir trabajo en ninguna parte.

 

La muerte de su esposo y padre de sus hijos ha afectado “el rendimiento académico [de éstos] y [su] ánimo […] no es igual[.  Además,] les ha tocado prácticamente criarse solos en la casa porque [ella] no h[a] podido estar con ellos”.  Siente miedo por su declaración rendida ante la Corte por “su llegada al sitio donde viv[e], porque hay mucha gente de esa y no sab[e] qué pueda pasar”.

 

Piensa que el Estado puede hacer “algo para que [sus] hijos sigan estudiando y para poder darle un buen tratamiento a [su] hijo […] enfermo y para poder sobrevivir un poco mejor, tener una vida mejor”.  Para ella justicia significa que “todas las personas que están involucradas en esta masacre paguen […] por todo lo que hicieron y que no se vuelva a repetir en ninguna parte”.

 

 

f) Viviana Barrera, hija de Antonio María Barrera

 

Vivía en Villavicencio cuando ocurrieron los hechos y visitaba a su padre cada tres o cuatro meses.  Al enterarse de lo ocurrido se trasladó a Mapiripán, donde le informaron que habían matado a su padre.  Ella pidió ver el cadáver pero le dijeron que no era posible pues “había sido destrozado”. 

 

Su padre deseaba lo mejor para ella y sus hijos; él les compró una casa en Mapiripán –donde vive ahora– y “trató de dar[les] todo lo que necesita[ban].” Su padre le mandaba el dinero para el arriendo de su casa en Villavicencio y mantenía a la testigo y a sus cinco hijos, incluyendo el estudio.

 

Después de los hechos su vida cambió mucho; tuvo que trabajar y que cambiarse de casa a otra “menos costosa y humilde”. Desde entonces le han faltado muchas cosas económicamente.  Además, le falta apoyo moral y siente “un vacío inmenso y una tristeza muy grande”.

 

El hecho de vivir actualmente en Mapiripán le produce “un gran temor porque hace un año [l]e tocó sacar [a Medellín] a [su] hijo mayor porque los paramilitares lo amenazaron”.

 

Para ella, justicia “es que los que hicieron eso […] pag[uen] de alguna manera […] sea quien sea [para] que nada de esto v[uelva] a suceder así y que no […] queden impunes tantas cosas”. Además, solicitó “que hagan algo realmente productivo por [Mapiripán] ”.

 

 

g) Peritaje de Federico Andreu Guzmán, especialista en derechos humanos

 

El perito, con base en legislación interna, en disposiciones y documentos internos de las Fuerzas Militares, en investigaciones judiciales y disciplinarias, en informes y sentencias de organismos internacionales, describió la evolución histórica del vínculo operacional existente entre los paramilitares y el ejército.  Al respecto manifestó que, “[a] lo largo de la década del 90, el proyecto paramilitar, como estrategia de control territorial y poblacional permanente y complementario de la política contrainsurgente de las Fuerzas Militares, se afianzó a lo ancho de la geografía colombiana. Ciertamente, el accionar paramilitar ha sido rentable en términos bélicos como políticos para las Fuerzas Militares: la obtención de un máximo de violencia con un bajo costo político para la institución armada.”

 

Asimismo, consideró que “[l]a impunidad de las violaciones de derechos humanos ha sido una de las constantes de la acción gubernamental a lo largo de estas décadas.” Entre los mecanismos y prácticas que han permitido la impunidad, el perito destacó el incumplimiento de las órdenes de captura, las amenazas y atentados contra el Poder Judicial y los órganos de investigación, la atribución de facultades de policía judicial a las fuerzas militares, la extensión de la jurisdicción penal militar a casos de lesa humanidad, la ambigua acción gubernamental contra los paramilitares, la ausencia de una política de saneamiento y depuración de las Fuerzas Militares, y la presencia de mecanismos legales de impunidad como el Decreto 128 de 2003.

 

Además, el señor Andreu declaró que, “a lo largo de 20 años, h[a] llegado a la conclusión que en todas esas zonas, donde cohabitan los paramilitares que coinciden siempre a zonas de alta concentración de efectivos militares, con sistemas altamente sofisticados en materia de telecomunicaciones, transporte, etc., [le] hacen concluir que es imposible materialmente pensar que los paramilitares puedan moverse sin la complicidad, o la connivencia, el apoyo logístico de información, de inteligencia por parte de las fuerzas militares.”

 

Respecto de “las víctimas que presentan denuncias [manifestó que éstas] son objeto de permanente hostigamiento, [y que han] tenido casos también de no solamente de hostigamiento, sino […] que han conducido a la muerte. Ha sido una característica, si uno mira la mayoría de los casos que han llegado a una instancia internacional, que han [tenido] más presión de cara a las autoridades nacionales, la mayoría de esos casos, los familiares han tenido que ser evacuados al exterior […]”. Asimismo, este hostigamiento trae “un efecto muy perverso, […] instaura el síndrome del terror y como el costo es tan alto, para obtener justicia de verdad y reparación, que es el costo de las mismas víctimas, muchas víctimas se inhiben de denunciar. […] Ante esa situación [existe] la dificultad que pueden tener algunos investigadores que quieren realmente hacer justicia y esclarecer los hechos.” A partir de 1989 el grado de sevicia contra las víctimas es mayor, con casos de decapitaciones, mutilación, incineración, etc. Este fenómeno tiene dos objetivos: aumentar el terror en comunidades pequeñas y desaparecer la prueba para evitar la investigación de la Fiscalía.

 

El perito sugirió la revisión de la doctrina militar y de las fuerzas militares, así como una política de depuración y saneamiento en dichas fuerzas, y la redefinición de formación de las mismas.  Asimismo, sugirió la adopción a gran escala de medidas de fortalecimiento del Poder Judicial.

 

 

C) Valoración de la Prueba

 

Valoración de la Prueba Documental

 

77.     En este caso, como en otros[10], el Tribunal admite el valor probatorio de los documentos presentados por las partes en su debida oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados y cuya autenticidad no fue puesta en duda.

 

78.     En lo que se refiere a los documentos solicitados por este Tribunal con fundamento en el artículo 45 del Reglamento y que fueron presentados por las partes (supra párrs. 28 y 45), la Corte los incorpora al acervo probatorio del presente caso en aplicación a lo dispuesto en el inciso primero de esa norma. Igualmente, en aplicación de lo dispuesto en el referido artículo del Reglamento, se incorpora a la prueba la documentación presentada por la Comisión y por el Estado posteriormente a la presentación de la demanda y a la contestación de la demanda, respectivamente, y la mayoría de los anexos que presentaron los representantes y el Estado junto con los alegatos finales, por considerarlos útiles para el presente caso.

 

79.     En lo que se refiere a los documentos de prensa presentados por los representantes, así como otros artículos y noticias publicadas en la prensa, el Tribunal estima que aun cuando no tienen carácter de prueba documental propiamente dicha, podrán ser apreciadas cuando recojan hechos públicos o notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o corroboren lo establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso[11].

 

80.     El Estado objetó las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por las señoras Sara Paola Pinzón López, Yur Mary Herrera Contreras, Zuli Herrera Contreras, Nadia Mariana Valencia Sanmiguel, Carmen Johanna Jaramilo Giraldo, Esther Pinzón López y María Teresa Pinzón López, así como la declaración jurada del señor Luis Guillermo Pérez (supra párrs. 29 y 32), con base en que “éstas [han perdido su objeto, debido a que] se refieren a los hechos relacionados con los derechos a la vida, integridad y libertad, respecto de cuya violación el Estado ha reconocido responsabilidad”.  Además, Colombia se refirió a algunas supuestas inconsistencias de las declaraciones testimoniales de las señoras María Teresa Pinzón López, Sara Paola Pinzón López, Esther Pinzón López, Zuly Herrera Contreras y del señor Luis Guillermo Pérez.

 

81.       En relación con las declaraciones testimoniales rendidas ante fedatario público (affidávits), la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la Resolución de 28 de enero de 2005 (supra párr. 25), tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado (supra párr. 32) y su reconocimiento de responsabilidad internacional (supra párr. 34).  A su vez, dado que los familiares de las presuntas víctimas tienen un interés directo en el caso, su declaración no puede ser evaluada aisladamente, sino en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica[12].

 

82.     El Estado objetó la declaración jurada del testigo Luis Guillermo Pérez porque sólo fue autenticada por fedatario público, y entonces consideró que “no cumple con [la] importante formalidad [de ser rendido ante fedatario público (affidávit) y, además, porque al testigo] no le constan los hechos objeto del proceso directamente y por haber actuado como representante de la parte civil en los procesos internos.”  Al respecto, la Corte ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes[13]. Asimismo, el Tribunal estima que este testimonio puede contribuir a la determinación, por parte de la Corte, de los hechos del presente caso, en cuanto concuerde con el objeto que fue definido en la referida Resolución, y lo valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado (supra párr. 32).

 

83.     El Estado también objetó las declaraciones rendidas ante los representantes legales respectivos y con reconocimiento de firma por parte de notario público, suscritas por los menores de edad Roland Andrés Valencia Sanmiguel, Gustavo Caicedo Contreras, Maryuri Caicedo Contreras, Yinda Adriana Valencia Sanmiguel y Johanna Marina Valencia Sanmiguel “por no haber sido obtenidos de conformidad con la legislación colombiana vigente[, ya que] no es cierto que de conformidad con la ley colombiana los menores de edad estén impedidos para rendir declaraciones”. Al respecto, la Corte ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes[14].  Por tanto, la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la referida Resolución y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado y el reconocimiento de responsabilidad del mismo (supra párrs. 25 y 34).  Como ya señaló este Tribunal (supra párr. 81), los familiares de las presuntas víctimas tienen un interés directo en el caso, y su declaración no puede ser evaluada aisladamente, sino en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica.

 

84.     Las declaraciones juradas de las peritos Ana Deustch y Robin Kirk, propuestas por los representantes (supra párr. 25), no fueron rendidas ante fedatario público sino autenticadas por fedatario público. Además, el Estado objetó la declaración jurada de la perito Robin Kirk, debido a que los representantes presentaron extemporáneamente “la versión original y su traducción al español”. A su vez, Colombia objetó la declaración jurada de la perito Ana Deutsch, debido a que “los hechos en que […] basa su dictamen no son los insumos adecuados para realizar un dictamen de naturaleza psiquiátrica, sicológica y sicosocial que se le encomendó[; el peritaje] no se realizó en estricto cumplimiento de la objetividad e imparcialidad que su naturaleza requiere[;] el nivel de profundidad de la evaluación personal y familiar no toca la estructura psicológica misma de las personas ni hace un análisis exhaustivo de la historia de las dinámicas familiares de las personas evaluadas[; y] se aprecian vacíos significativos a nivel de la técnica e instrumentos utilizados para la evaluación”. 

 

85.     Al respecto, la Corte admite los peritajes indicados en el párrafo anterior, tal como ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes[15], en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la referida Resolución (supra párr. 25). Este Tribunal las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en consideración las objeciones del Estado.

 

86.     Colombia objetó la autenticidad del documento privado de compraventa celebrado el 10 de febrero de 1992 entre el señor Marco Tulio Bustos Ortiz y la señora Luz Mery Pinzón López, debido a que menciona “la masacre de Mapiripán sucedida en 1997”.  La Corte comprueba que era materialmente imposible referirse a hechos sucedidos en 1997 en un documento suscrito en 1992, por lo que no admite dicho documento como prueba en el presente caso.

 

87.     El Estado objetó las pruebas presentadas en la audiencia pública por los representantes “por cuanto no fueron supervinientes”. Asimismo, objetó toda la prueba presentada con posterioridad a la debida oportunidad procesal y que no había sido conocida “previamente por el Estado […] por violar el derecho de contradicción”. Al respecto, la Corte acepta dicha prueba por resultar útil para la resolución del presente caso, tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado y con base en el artículo 45.1 del Reglamento[16].

 

88.     Asimismo, este Tribunal hace notar que el Estado también presentó documentación probatoria con posterioridad a su contestación de la demanda.  Específicamente, como anexo a su escrito de alegatos finales, Colombia presentó un “dictamen en derecho” elaborado por el señor James Crawford. El referido documento indica que “[d]ad[a] la falta de detalles específicos sobre el caso, la […] discusión está necesariamente dada en términos generales. Será la Corte la que se ocupe en detalle de los hechos con base en la evidencia presentada por las Partes.”; es decir, el texto no versa sobre los hechos del caso.

 

89.     La Corte estima útiles los documentos remitidos por el Estado en sus alegatos finales escritos (supra párr. 40) –salvo el documento aportado por el señor James Crawford por las razones expuestas en el párrafo anterior–, que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad o veracidad no fue puesta en duda, por lo cual este Tribunal los agrega al acervo probatorio, de conformidad con el  artículo 45.1 del Reglamento.

 

90.     Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso las siguientes pruebas evacuadas en el Caso 19 Comerciantes, ya que resultan útiles para la resolución del presente caso: la Ley 48 de 16 de diciembre de 1968, el Decreto legislativo 3398 de 24 de diciembre de 1965, así como los Decretos 0180 de 27 de enero de 1988, 0815 de 19 de abril de 1989, 1194 de 8 de junio de 1989 y 2266 de 4 de octubre de 1991; la sentencia de 17 de marzo de 1998 emitida por el Tribunal Superior Militar, de 25 de mayo de 1989 emitida por la Corte Suprema de Justicia, de 14 de abril de 1998 emitida por el Tribunal Nacional, de 28 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de Cúcuta, todas de Colombia; y el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989 (E/CN.4/1990/22/Add.1 de 24 de enero de 1990). Asimismo, el Tribunal incorpora al acervo probatorio las siguientes pruebas, pues resultan útiles para la resolución del presente caso: Decreto 3030/90 de 14 de diciembre de 1990; Decreto 2535 emitido el 17 de diciembre de 1993; Decreto 356/94 emitido el 11 de febrero de 1994; Ley 418 de 26 de diciembre de 1997; Ley 548 de 23 de diciembre de 1999; Ley 782 de 23 de diciembre de 2002; Decreto No. 324 emitido el 25 de febrero de 2000; Decreto 3360 emitido el 24 de noviembre de 2003; Decreto No. 2767 emitido el 31 de agosto de 2004; Decreto 250 emitido el 7 de febrero de 2005; Ley 387 de 18 julio de 1997; Decreto 85 de 1989; Ley 200 de 1995; Informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de 1998, 2000, 2004 y 2005; Consejo Económico y Social, Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento  integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho  de no discriminación a este respecto, E/CN.4/2005/48, 3 de marzo de 2005; Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia emitido el 13 de diciembre de 2004, OEA/Ser. L/V/II.120 Doc. 60; Registro Único de Población Desplazada, número acumulado de personas incluidas por desplazamiento hasta el 31 de agosto del 2005; Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Diálogos y Negociación, Grupos de Autodefensa, Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2002 y Avances Periodo Presidencial 2003, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia; estadísticas sobre desplazamiento interno de la Red de Solidaridad Social; y Programa Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia - CONPES – Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, documento 2804 de 13 de septiembre de 1995, Departamento Nacional de Planeación del Ministerio del Interior.

 

91.     En relación con los documentos atribuidos al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, anexados por la Comisión a la demanda, la Corte ha comprobado que no reúnen los requisitos formales mínimos de admisibilidad por no ser posible establecer con exactitud la fuente de la que emanan, así como el procedimiento por medio del cual fueron obtenidos. Estas circunstancias impiden otorgarle valor probatorio a dichos documentos.

 

92.     En cuanto a los documentos solicitados y remitidos como prueba para mejor resolver (supra párrs. 28, 30 y 45), la Corte los incorpora al acervo probatorio del presente caso en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo artículo 45 del Reglamento.

 

Valoración de la prueba testimonial y pericial

 

93.     En relación con las declaraciones rendidas por los testigos y el perito propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado, la Corte los admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio establecido por el Presidente mediante Resoluciones de 28 de enero de 2005 y 18 de febrero de 2005 (supra párrs. 25 y 30) y les da valor probatorio. 

 

94.     En este sentido, este Tribunal estima que los testimonios de las señoras Nory Giraldo de Jaramillo, Marina Sanmiguel Duarte, Viviana Barrera Cruz, Luz Mery Pinzón López y Mariela Contreras Cruz (supra párrs. 25 y 38) resultan útiles en el presente caso[17].  No obstante, por tratarse de familiares de presuntas víctimas y tener un interés directo en este caso, no pueden ser valorados aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso.

 

95.     El Estado objetó la declaración rendida ante la Corte Interamericana el 7 de marzo de 2005 por el perito Federico Andreu (supra párrs. 38 y 43), pues consideró que su declaración pareció ser un testimonio y no un dictamen.  Al respecto, la Corte estima que este peritaje puede contribuir a la determinación, por parte de la Corte, de los hechos del presente caso, en cuanto concuerde con el objeto que fue definido en la referida Resolución de 28 de enero de 2005, y lo valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado.

 

 

VIII

Hechos probados

 

96.     Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente del presente caso, las manifestaciones de las partes, así como el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, la Corte considera probados los siguientes hechos:

 

El conflicto armado interno en Colombia y los grupos armados ilegales denominados “paramilitares”

 

96.1    A partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”.  Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo 3398 “por el cual se organiza la defensa nacional”, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34).  Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de “grupos de autodefensa”. En la parte considerativa de esta normativa se indicó que “la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que “[t]odos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad”.  Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.  Los “grupos de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales[18].

 

96.2    En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de tales “grupos de autodefensa” entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros.  El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico[19].

 

96.3    En la década de los ochenta del siglo XX, principalmente a partir de 1985, se hace notorio que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”.  Primeramente se desarrollaron en la región del Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras regiones del país[20]. 

 

96.4    El 27 de enero de 1988 Colombia emitió el Decreto Legislativo 0180 “por el cual se complementan algunas normas del Código Penal y dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público”.  En este decreto se tipificó, inter alia, la pertenencia, promoción y dirección de grupos de sicarios, así como la fabricación o tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional.  Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación permanente mediante el Decreto 2266 de 1991[21].

 

96.5    El 19 de abril de 1989 se emitió el Decreto 0815, mediante el cual se suspendió la vigencia del parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965 (supra párr. 96.1), el cual facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para autorizar a los particulares el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.  En la parte considerativa del Decreto 0815 se indicó que “la interpretación de[l Decreto legislativo 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, dada] por algunos sectores de la opinión pública, ha causado confusión sobre su alcance y finalidades, en el sentido de que se puedan llegar a tomar como una autorización legal para organizar grupos civiles armados que resultan actuando al margen de la Constitución y las leyes”. Posteriormente, mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el referido parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto Legislativo 3398 de 1965[22].

 

96.6    El 8 de junio de 1989 el Estado emitió el Decreto 1194 “por el cual se adiciona el Decreto legislativo 0180 de 1988, para sancionar nuevas modalidades delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público”.  En la parte considerativa de esta norma se expuso que “los acontecimientos que vienen ocurriendo en el país, han demostrado que existe una nueva modalidad delictiva consistente en la comisión de actos atroces por parte de grupos armados, mal llamados ‘paramilitares’, constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, cuya existencia y acción afectan gravemente la estabilidad social del país, las cuales deben reprimirse para lograr el restablecimiento del orden y la paz públicos”. En este decreto se tipificó la promoción, financiación, organización, dirección, fomento y ejecución de actos “tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”. También se tipificó la vinculación y pertenencia a dichos grupos, así como el  instruir, entrenar o equipar “a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de las actividades delictivas” de los referidos grupos armados.  Asimismo, se estipuló como agravante de las anteriores conductas el que fueran “cometidas por miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional o de organismos de seguridad del Estado”.  Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación permanente mediante el Decreto 2266 emitido el 4 de octubre de 1991[23].

 

96.7    El 14 de diciembre de 1990 el Estado emitió el Decreto 3030/90 “por medio del cual se establecen los requisitos para la rebaja de penas por confesión de delitos cometidos hasta el 5 de septiembre de 1990”[24].

 

96.8    El 17 de diciembre de 1993 se emitió el Decreto 2535 “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”. Según su artículo 1 ”tiene por objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de armas, municiones explosivos y sus accesorios […]; señalar el régimen de […] servicios de vigilancia y seguridad privada”. En su artículo 9 dispone que “las armas de uso restringido son armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, que de manera excepcional, pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad competente, para defensa personal especial”[25].

 

96.9    El 11 de febrero de 1994 el Estado emitió el Decreto 356/94 “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, que según su artículo 1 “tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”. En su artículo 39 prevé la dotación con “armas de fuego de uso restringido” y la actuación “con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada”[26].

 

96.10  El 26 de diciembre de 1997 el Estado emitió la Ley 418 “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. Esta lLey fue prorrogada mediante la Ley 548 de 23 de diciembre de 1999 y la Ley 782 de 23 de diciembre de 2002[27].

 

96.11  El 25 de febrero de 2000 se emitió el Decreto 324 “Por el cual se crea el Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley”[28].

 

96.12  En agosto de 2002 algunos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “las AUC”) hicieron pública su intención de negociar términos para la desmovilización de sus fuerzas[29].

 

96.13  El 22 de enero de 2003 el Estado emitió el Decreto 128, “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil”, según el cual se establecen “beneficios jurídicos socioeconómicos” y de otra índole para los “organizaciones armadas al margen de la ley” que se hayan sometido al programa de desmovilización. El artículo 13 del Decreto contempla que

 

[…] tendrán derecho al indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los cuales el Comité Operativo para la Dejación de las Armas –CODA– expida la certificación […]

 

A su vez, el artículo 21 de dicho Decreto excluye del goce de estos beneficios a

 

[…] quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo a la Constitución Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios[30].

 

96.14  El 24 de noviembre de 2003 el Estado emitió el Decreto 3360 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002. De acuerdo con uno de sus considerandos “es necesario fijar condiciones de procedimiento específicas para facilitar la desmovilización colectiva de grupos armados organizados al margen de la ley, en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional”[31].

 

96.15        El 31 de agosto de 2004 el Estado emitió el Decreto 2767 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil”. De acuerdo con uno de sus considerandos es necesario fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder  a los beneficios a que se refiere la Ley [418 de 1997, prorrogada y modificada  por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002], una vez iniciado el proceso  de desmovilización voluntaria[32].

 

96.16  El 15 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el cual el Gobierno y las AUC convinieron la desmovilización total de las fuerzas de éstas antes del 31 de diciembre de 2005. En 2003 las AUC contaban con aproximadamente 13500 miembros. El 25 de noviembre de 2003 entregaron armas 874 integrantes del “Bloque Cacique Nutibara” de las AUC. A inicios de diciembre de 2004 fueron desmovilizados alrededor de 1400 miembros del Frente “Catatumbo” e, incluyendo este número, a finales de 2004 se había realizado la desmovilización de alrededor de 3000 miembros de la AUC. En el año 2005 aproximadamente 7000 integrantes de varios bloques de las AUC dejaron sus armas, con lo cual a la fecha han sido desmovilizados un total de alrededor de 10.500 paramilitares de las AUC[33].

 

96.17  El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley No. 975, llamada “Ley de Justicia y Paz”, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, la cual fue sancionada y publicada el 25 de julio de 2005[34].

 

96.18  Se ha estimado que los grupos paramilitares son responsables de numerosos asesinatos cometidos con motivos políticos en Colombia y de una gran parte de las violaciones de derechos humanos en general[35].

 

96.19  Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos.  En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Dicha colaboración entre las fuerzas públicas y los paramilitares ha representado un gran obstáculo para la observancia de los derechos humanos en Colombia, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado. En el informe de 1997 la Alta Comisionada mostró su preocupación por la posible participación de las fuerzas armadas con los paramilitares en actos de violencia incluyendo, entre otros, la masacre en Mapiripán. Según ese informe, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes[36]. 

 

96.20  En sus informes, la Alta Comisionada hace constante referencia a la impunidad de las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cometidas por los paramilitares y la connivencia entre estos grupos y la fuerza pública, como consecuencia de procesos penales y de investigaciones disciplinarias abiertos en su contra que no desembocan en el establecimiento de responsabilidades ni en las correspondientes sanciones[37].

 

 

Respecto del contexto histórico de Mapiripán y la ocurrencia de la masacre

 

96.21  El Municipio de Mapiripán es un territorio de 11.400 km2, ubicado en el extremo sureste del Departamento del Meta a 530 kms. de distancia del Municipio de Villavicencio. Actualmente, para llegar a Mapiripán vía terrestre se requieren aproximadamente nueve horas desde Villavicencio y un día y medio desde San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare. Por vía aérea, se requiere aproximadamente media hora desde este último lugar[38].

 

96.22  El departamento del Meta es considerado como un importante productor de coca y amapola, así como un lugar de ganadería y agricultura[39].

 

96.23  Al inicio de la década de los años noventa, grupos paramilitares, varias organizaciones de narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante “las FARC”) intentaban controlar la zona donde se encuentra el municipio de Mapiripán[40]. Asimismo, dada la importancia estratégica del área, el grupo paramilitar de las AUC lanzó una campaña armada para aumentar su control sobre el territorio[41]. 

 

96.24  En el año 1997 el municipio de Mapiripán se encontraba bajo la jurisdicción del Batallón “Joaquín París” de San José del Guaviare, el cual estaba adscrito a la VII Brigada del Ejército Nacional de Colombia, con sede en Villavicencio[42]. Existía una tropa denominada Brigada Móvil II que estaba adscrita al Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla.  En julio de 1997 la VII Brigada del Ejército estaba bajo el mando del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, la Brigada Móvil II se encontraba al mando del Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado y el Batallón Joaquín París de San José del Guaviare estaba al mando del Coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán.  No obstante, del 8 al 19 de julio del 1997 el entonces Mayor Hernán Orozco Castro estaba al mando del Batallón “Joaquín París” de San José del Guaviare, ya que suplía al Coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán, quien se encontraba de vacaciones[43].

 

96.25  En el sitio conocido como “El Barrancón”, cercano a los municipios de Charras y Mapiripán, se encontraba apostada la Infantería de Marina. La presencia de la Fuerza Pública se extendía al aeropuerto de San José del Guaviare, controlada por el Ejército y la Policía Antinarcóticos. El Batallón “Joaquín París” se encontraba a cargo del aeropuerto[44].

 

96.26  Durante julio de 1997 la Brigada Móvil II se dedicó a labores de entrenamiento en “El Barrancón”, sitio cercano a los municipios de Charras y Mapiripán[45]. 

 

96.27  A principios de 1997 las AUC llevaron a cabo varias reuniones con el fin de organizar su incursión en la zona de Mapiripán y los habitantes de dicho municipio fueron declarados objetivo militar por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, porque, “según él, allí operaba un frente consolidado de la subversión, con el dominio absoluto de un territorio apropiado para el ciclo completo en materia de narcotráfico, cultivo, procesamiento y comercialización”[46].

 

96.28  Cuando las autodefensas llegaron al Municipio de Mapiripán, durante los hechos de julio de 1997, no estaban en el pueblo ni el Alcalde ni los funcionarios de la alcaldía[47].

 

         Los hechos de julio de 1997

 

96.29  Los párrafos 96.30 a 96.47 contenidos en esta sección son los hechos que este Tribunal tiene por establecidos con base en el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, que comprende “los hechos señalados en  el literal B del Capítulo VI ‘Los hechos de julio de 1997’ de la demanda presentada por la Comisión Interamericana” (supra párr. 34).

 

96.30  El 12 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de miembros de las AUC aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartadó y fueron recogidos por miembros del Ejército sin que éstos últimos practicaran ningún tipo de control.

 

96.31  Según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano permitió el aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar ningún tipo de registro o anotación en los libros, y que abordaran libremente los camiones que allí esperaban al grupo, “como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de este control”.

 

96.32  El Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán. Los paramilitares fueron transportados desde el aeropuerto en dos camiones tipo “reo” de los que usualmente utiliza el Ejército, los cuales fueron autorizados para acceder a la pista ante una llamada efectuada por una persona que se identificó como oficial del Batallón “Joaquín París”.  Los camiones se dirigieron a un paraje cercano a la llamada “Trocha Ganadera” que conduce al llano y selva adentro.  En la carretera, se les unieron paramilitares de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, pasando por “El Barrancón” –donde se encontraban la Brigada Móvil II y la Infantería de Marina– continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al río Guaviare, frente a Mapiripán. Durante el recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán los miembros del grupo paramilitar transitaron sin ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil II, esta última bajo el mando del Coronel Lino Hernando Sánchez Prado. 

 

96.33  El 14 de julio de 1997 las AUC irrumpieron en el poblado de Charras, reunieron a los habitantes en la plaza principal y les repartieron la revista “Colombia Libre”, con un inserto titulado “Al Pueblo de Guaviare”, firmado por el “Frente Guaviare” de las AUC, que amenazaba de muerte a todo aquel que “pagara impuestos” a las FARC. 

 

96.34  Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial.  Los hombres que conformaban el grupo paramilitar vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, portaban armas de corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia.

 

96.35  Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes, y a secuestrar y producir la muerte de otros. Las declaraciones del señor Edison Londoño Niño, miembro de la Brigada Móvil II, sobre la colaboración entre los miembros del Ejército y las AUC, revelan que ésta no se limitó a abstenerse de impedir su llegada a Mapiripán, sino que también involucró el suministro de pertrechos y comunicaciones.

 

96.36  El señor Leandro Iván Cortés Novoa, en ese entonces Juez Promiscuo municipal de Mapiripán, alarmado por la incursión de las AUC, se comunicó con la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos y con el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Meta, el cual se abstuvo de realizar actuaciones investigativas.  Asimismo, el señor Cortés Novoa reportó la situación y la presencia de Carlos Castaño Gil al Coronel Hernán Orozco Castro, comandante del Batallón “Joaquín París”. Una declaración del señor Leonardo Iván Cortes Novoa rendida bajo reserva de identidad ante la Fiscalía General de la Nación indica que:

 

El 14 de julio de 1997, a las cuatro y media de la mañana, llegaron aproximadamente 120 sujetos armados, quienes informaron que venían [...] del Urabá Antioqueño, eran de las autodefensas del Urabá y Córdoba de Carlos Castaño Gil, y habían llegado de San José del Guaviare en un avión Hércules de las Fuerzas Armadas.

[...]

Esos sujetos todos los días, a eso de las 7:30pm mediante órdenes de imperativo cumplimiento, hacían apagar la planta generadora de energía eléctrica y todas las noches, por unas rendijas, yo miraba pasar gente secuestrada, con las manos amarradas atrás y amordazadas en la boca, para ser cruelmente asesinadas en el matadero de Mapiripán. Escuchábamos todas las noches gritos de personas que estaban siendo torturadas y asesinadas, pidiendo auxilio

[...]

asesinaron varias personas conocidas del pueblo; Don Sinaí Blanco, un comerciante de gasolina que cobraba un impuesto que lo obligaba las FARC; Ronald Valencia, empleado de la alcaldía, […] lo torturaron, lo asesinaron y lo degollaron, y dejaron su cabeza en la mitad de la calle que va para el colegio, y dejaron el cuerpo cerca de la pista; y el señor Anselmo Trigos, por (colaborar con) la guerrilla[48].

 

96.37  El 15 de julio de 1997 el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez tuvo conocimiento de la presencia de las AUC en Mapiripán y del inminente atentado contra la vida de sus habitantes. En efecto, el Mayor Hernán Orozco Castro envió al señor Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui, Comandante de la VII Brigada, un memorando de información urgente donde informaba sobre la incursión y pronosticaba la violación de derechos fundamentales de la población de Mapiripán.

 

96.38  La Fiscalía General de la Nación concluyó que el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Comandante de la Brigada VII, y el Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, Comandante de la Brigada Móvil II, exhibieron completa inactividad funcional y operativa a pesar de tener conocimiento sobre la masacre. Más aún, dicha Fiscalía determinó que ante el arribo de las AUC, se dispuso la movilización de las tropas del Batallón Joaquín París desde San José de Guaviare hacia otras localidades, dejando desprotegidas a las poblaciones de dicho lugar y de Mapiripán. El Teniente Orozco Castro declaró que cuando se hizo necesario enviar fuerzas militares a Mapiripán, éstas estaban desplegadas en otras localidades tales como Puerto Concordia, el Retorno y Calamar. A su vez, el 15 de julio de 1997 se dispuso la movilización de las últimas compañías del Batallón Joaquín París hacia Calamar, a pesar de que no existía confirmación sobre incidentes de perturbación del orden público en este lugar. La movilización de las tropas del Ejército fue injustificada y se basó en conjeturas o simples contingencias.

 

96.39  Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997 las AUC separaron a 27 personas identificadas en una lista como presuntos auxiliares, colaboradores o simpatizantes de las FARC y que estas personas fueron torturadas y descuartizadas por un miembro de las AUC conocido como “Mochacabezas”. Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Además, una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física, con el fin de obstruir la recolección de la prueba.

 

96.40  Los testimonios dan cuenta de que José Rolan Valencia, despachador del aeropuerto, fue degollado; Sinaí Blanco Santamaría golpeado y asesinado a disparos; Antonio María Barrera, alias “Catumare”, torturado durante varias horas y luego descuartizado.  Gustavo Caicedo Rodríguez y los hermanos Hugo Fernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras, de 15 y 16 años respectivamente, fueron asesinados junto al afrodescendiente conocido como “Nelson”, además de José Alberto Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, Jorge Pinzón López y Enrique Pinzón López. Además de dichas personas, un auto de 12 de abril de 2000 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial señala que “desafortunadamente al parecer fueron muchos más los desaparecidos sobre quienes no se tienen datos” y en el sitio denominado la Cooperativa [resultaron muertos] Álvaro Tovar Morales, Jaime Pinzón y Raúl Morales.  A su vez, la resolución de la Procuraduría General de la Nación de 24 de abril de 2001 (infra párr. 96.134), mediante la cual se destituye del cargo al Brigadier General Uscátegui, indica que entre el 15 y 20 de julio de 1997 se dio muerte en el municipio de Mapiripán a un N.N. de sexo masculino y Pacho N.N., y que en la inspección de la Cooperativa fueron asesinados N.N. Morales de sexo masculino y Teresa N.N. y añade “[...] y un número indeterminado de personas.”

 

96.41  Como consecuencia del modus operandi empleado para aterrorizar a la población, perpetrar la masacre y destruir y desechar los cuerpos de las víctimas, no resultó posible para las autoridades identificarlas plenamente. Como ejemplo, los paramilitares impidieron que el Juzgado de Mapiripán realizara el levantamiento de un cadáver que había flotado hacia el puerto de “El Matadero”. 

 

96.42  La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido mucha de la evidencia física.

 

96.43  La incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de la masacre, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó solamente a facilitar el ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad. 

 

96.44  Las omisiones de la VII Brigada no se equiparaban a un simple incumplimiento de su deber legal de controlar la zona, sino que, según la Fiscalía General de la Nación, involucró “abstenciones en necesaria connivencia con la agrupación armada ilegal, así como en actitudes positivas eficaces tendientes a que los paramilitares lograran su propósito, pues indudablemente sin ese concurso no hubieran logrado actuar”.

 

96.45  El Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez habría adoptado medidas tendientes a encubrir la omisión. Por ejemplo, habría ordenado al Teniente Coronel Orozco Castro modificar el contenido del Oficio 2919 de 15 de julio de 1997 que informaba sobre los hechos que estaban ocurriendo en Mapiripán. En este sentido, el Teniente Orozco Castro declaró que transcurrido un mes de enviado el oficio original:

 

[…] empezaron las presiones, las insinuaciones para que cambiara el oficio. [El] General Jaime Humberto Uscátegui [lo] llamaba a diario preocupado por ese oficio original[.  El Teniente Orozco Castro tenía en su] poder el original y [se] vi[ó] en la obligación de cambiarlo por salvar el prestigio de un General, por evitar un escándalo, en fin estaba supremamente asustado, recib[ió] amenazas indirectas y no encontr[ó] otra opción para [su] tranquilidad que la de cambiar ese oficio.

 

96.46  Las omisiones de la VII Brigada se extendieron a la falta de colaboración con las autoridades judiciales que intentaron llegar al lugar de los hechos.  En este sentido, el señor José Luis Parra Vásquez, Fiscal Doce Delegado ante Jueces Regionales, adscrito a la investigación, declaró que:

 

Pese a que se encontraban cuatro o cinco helicópteros […] estacionados en el Batallón Joaquín París, no se [les] prestó ninguno para desplazar[se] con el delegado de la Presidencia hasta Mapiripán, puesto que estaban a órdenes del General Harold Bedoya y del General Manuel José Bonet, quienes se encontraban en […] el Barrancón en el departamento de Guaviare, a unos cinco minutos de vuelo de San José. […] El desplazamiento finalmente se logró 24 hrs. después en un avión de la Policía Antinarcóticos […].

 

En consecuencia, la Fiscalía, junto con miembros de la Fuerza Pública y un delegado de la Presidencia de la República lograron ingresar a Mapiripán hasta el 23 de julio de 1997.

 

96.47  La metodología empleada en la ejecución de la masacre y la destrucción de los cuerpos de las víctimas, sumados al terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán para causar su desplazamiento, han obstaculizado la plena identificación de las víctimas de la masacre, a pesar del hecho que existe certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997.

 

 

Respecto de las personas ejecutadas y desaparecidas

 

96.48  Si bien no se ha determinado con exactitud el número de personas retenidas, torturadas, ejecutadas y/o desaparecidas en la masacre de Mapiripán, se ha aceptado que fueron aproximadamente 49. Es posible que algunas de las personas desaparecidas o ejecutadas fueran parte de la población flotante del municipio[49].

        

96.49  Al respecto, la propia Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación manifestó que

 

[…] una vez consumada la masacre de Mapiripán [fue] el mismo Carlos Castaño Gil quien ante los medios de comunicación y como “parte de victoria” indic[ó] que fueron 49 las personas dadas de baja en la incursión paramilitar en Mapiripán, lo que permite establecer en forma tentativa un número estimado de víctimas, afirmación que apoyada en la del doctor Leonardo Iván Cortés Novoa al destacar éste que fueron aproximadamente 26 las personas asesinadas y desaparecidas, y que sumados a los informes de inteligencia realizados por miembros de la fuerza pública que se encontraban desarrollando labores encubierta en la zona, señalan que fueron 30 aproximadamente, además de lo sostenido por el mismo confeso paramilitar José Pastor Gaitán Ávila que refiere haber contado 23 personas asesinadas.  Lo expresado permite así advertir que las víctimas fueron en gran número, que no pudo ser menos de veinte. […][50]

 

96.50  Por su parte, Carlos Castaño Gil, jefe del grupo paramilitar, manifestó a los medios de comunicación que lo acontecido en Mapiripán “fue el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia. Nunca habíamos dado de baja a 49 miembros de las FARC ni recuperado 47 fusiles[. …] Va a haber muchos más Mapiripanes […]”[51].

 

96.51  De las personas ejecutadas o desaparecidas se ha establecido la identidad de los señores José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría, Antonio María Barrera Calle, alias “Catumare”, Álvaro Tovar Muñoz, alias “el tomate”, Gustavo Caicedo Rodríguez, Jaime Riaño Colorado, los hermanos Enrique, Luis Eduardo, Jorge y José Alberto Pinzón López, así como de los menores de edad Hugo Fernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras[52]. 

 

96.52  Según información aportada por el Estado en su escrito de alegatos finales y en un documento de 6 de abril de 2005 suscrito por la Fiscalía General de la Nación, consta que en el proceso penal en curso se ha individualizado a Jaime Pinzón, Raúl Morales, Edwin Morales, Manuel Arévalo, Omar Patiño Vaca, Eliécer Martínez Vaca, Uriel Garzón y Ana Beiba Ramírez, y se ha señalado a Agustín N.N., al “presidente de la Acción comunal de Caño Danta”, a Pacho N.N., a Teresa N.N o Teresa “la muerte”, a N.N. “la arepa”, a un hombre de raza negra denominado N.N. Nelson (hombre de raza negra), a N.N. Morales, a un cadáver identificado como N.N, a un N.N. de sexo masculino, a una mujer del corregimiento de Charras y a un hombre de La Cooperativa N.N., como víctimas de los hechos de Mapiripán[53]. A su vez, surge del expediente ante la Corte, que hay personas que habrían sido ejecutadas o desaparecidas en los hechos ocurridos en Mapiripán y han sido señaladas como: un hijo de un señor llamado Marco Tulio Bustos; un bebé N.N. y una mujer N.N. presuntamente hijo y compañera, respectivamente, de N.N. Nelson[54].

 

96.53  Se encontraron los cuerpos de los señores Sinaí Blanco Santamaría, José Rolan Valencia y de una persona denominada “N.N.”; de los dos últimos se realizaron necropsias[55].

 

96.54  El señor José Rolan Valencia fue decapitado. Su esposa, la señora Marina Sanmiguel Duarte, “arrastr[ó] su cuerpo y con la otra mano arrastr[ó] la cabeza para unirla”. El señor José Ronal Valencia fue sepultado en Mapiripán[56].

 

96.55  Los señores Sinaí Blanco Santamaría y N.N. fueron degollados. La señora Nory Giraldo, compañera de Sinaí Blanco Santamaría, y su hija, Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, encontraron el cuerpo de éste degollado en el puesto de policía. El cuerpo del señor Sinaí Blanco fue sacado de Mapiripán por la señora Nory Giraldo, para ser enterrado en San Martín[57]. 

 

96.56  A la fecha de la emisión de la presente Sentencia, han transcurrido más de ocho años de ocurridos los hechos sin que los restos de otras víctimas hayan sido localizados o identificados.

 

 

El desplazamiento interno en Colombia y sus consecuencias en el caso de Mapiripán

 

96.57  El problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta, afecta a grandes masas poblacionales y se va agravando progresivamente. Según fuentes gubernamentales, de 1995 a 2002 se registraron 985.212 personas desplazadas. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, si bien se ha observado una reducción en el número de nuevos casos de desplazamiento, en 2004 el número total de desplazados aumentó en relación con años anteriores. La Red de Solidaridad Social tiene registrados alrededor de 1.5 millones de personas desplazadas[58], mientras que otras fuentes gubernamentales hablan de entre 2.5 y 3 millones de desplazados[59].

 

96.58  Se ha determinado que la crisis humanitaria provocada por el fenómeno del desplazamiento interno es de tal magnitud que implica una violación “masiva, prolongada y sistemática” de diversos derechos fundamentales de este grupo (infra párrs. 174 y 177)[60].

 

96.59  Los motivos y las manifestaciones de la vulnerabilidad acentuada en los desplazados han sido caracterizadas desde diversas perspectivas. Dicha vulnerabilidad es reforzada por su proveniencia rural y se han determinado graves repercusiones psicológicas en las personas afectadas. Este problema afecta con especial fuerza a las mujeres, quienes principalmente son cabezas de hogar y representan más de la mitad de la población desplazada. En general, las mujeres, los niños y los jóvenes son los grupos más afectados por el desplazamiento. La crisis del desplazamiento interno provoca a su vez una crisis de seguridad, dado que los grupos de desplazados internos se convierten en un nuevo foco o recurso de reclutamiento para las propios grupos paramilitares, de narcotráfico y de la guerrilla. El retorno de los desplazados a sus hogares carece, en muchos casos, de las condiciones necesarias de seguridad y de dignidad para ellos[61].

 

96.60  Los departamentos más afectadas por dicho fenómeno han sido Antioquia, Santander, Meta, Córdova y Boyacá, como regiones “responsables por la expulsión” de la mayoría de la población afectada. Por su parte, los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia, Córdova, Norte de Santander, Boyacá y Atlántico han recibido la mayor parte de los desplazados. Desde 2001 el fenómeno del desplazamiento se ha acrecentado, entre otros departamentos, en el de Meta[62].

 

96.61  Se han desarrollado una gran variedad de políticas públicas en relación con el problema del desplazamiento, incluyendo múltiples leyes, decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), resoluciones y directivas presidenciales, y programas de apoyo de personas o de organismos particulares o internacionales. Entre estos, cabe destacar la Ley 387 de 18 de julio de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”; el Decreto 250 de 07 de febrero de 2005, “por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones”; y el Decreto 2.007 de 24 de septiembre de 2001, “por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 7, 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación”[63].

 

96.62  A pesar de las acciones realizadas por algunas entidades estatales para mitigar los problemas de la población desplazada, y los importantes avances obtenidos, no ha sido posible proteger integralmente los derechos de la población desplazada, debido principalmente a la precariedad de la capacidad institucional para implementar las políticas estatales y la asignación insuficiente de recursos[64].

 

96.63  La masacre ocurrida en Mapiripán, aunada, inter alia, al miedo de que se repitieran hechos similares, al amedrentamiento por parte de paramilitares, a las vivencias de los días en que ocurrió la masacre, los daños sufridos por las familias y la posibilidad de sufrir otros daños, en razón de tener que dar su testimonio o de haberlo dado, provocó el desplazamiento interno de familias enteras de Mapiripán. Algunas de las personas desplazadas no vivían propiamente en Mapiripán al momento de los hechos, pero se vieron igualmente obligadas a desplazarse como consecuencia de los mismos[65].

 

96.64  Algunos de los habitantes desplazados de Mapiripán que han sido identificados son Jesús Antonio Morales, Nery Alfonso Ortiz, Ana Betulia Alfonso, Luz Helena Molina, Ana Tulia Agudelo, Norberto Cortés, Margarita Franco Ramírez, Leonardo Iván Cortés Novoa, Mariela Contreras Cruz, Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, Maryuri y Gustavo Caicedo Contreras, Zuli Herrera Contreras, Nory Giraldo de Jaramillo, Carmen Johanna Jaramillo, Marina Sanmiguel Duarte, Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber, todos Valencia Sanmiguel, Teresa López de Pinzón y Luz Mery Pinzón López.  De estas personas, al momento de los hechos, eran menores de edad Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, Maryuri y Gustavo Caicedo Contreras, y Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber, todos Valencia Sanmiguel y Carmen Johanna Jaramillo Giraldo[66].

 

96.65  Algunas de los familiares de las víctimas identificadas, a saber: Nory Giraldo de Jaramillo, Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, la señora Luz Mery Pinzón López, la familia de Mariela Contreras Cruz y la familia Valencia Sanmiguel, que luego de los hechos tuvieron que salir de Mapiripán, han recibido ayuda o apoyo por parte del Estado en razón de su condición de personas desplazadas (infra. párrs. 96.141, 96.157, 96.163 y 96.169)[67].

 

96.66  A partir de marzo de 2002 se han llevado a cabo algunas gestiones estatales tendientes a la ubicación y acompañamiento de la población desplazada de Mapiripán[68].

 

96.67  En junio de 2003 el Comité para la Atención de Población Desplazada por la Violencia presentó su Plan de Contingencia Local para la Atención a la Población Desplazada del Municipio de Mapiripán, Meta. Dicho comité está integrado por funcionarios de la alcaldía de Mapiripán, el Ejército, el centro de salud, la “personería” municipal, el núcleo educativo y el gobierno[69].

 

 

En relación con las actuaciones y los procesos judiciales a nivel interno

 

Jurisdicción penal ordinaria

 

96.68  El 22 de julio de 1997 el Fiscal Seccional de Villavicencio asumió el conocimiento de la investigación por los hechos ocurridos en la población de Mapiripán y ordenó practicar el levantamiento de cadáveres, las exhumaciones a que hubiere lugar y recibir los testimonios de las autoridades civiles del municipio[70].

 

96.69  El 23 de julio de 1997 la Fiscalía 12 Delegada ante los Jueces Regionales, radicada en San José del Guaviare, inició una investigación previa por los hechos ocurridos en la población de Mapiripán[71].

 

96.70  El 23 de julio de 1997 una “comisión judicial” se desplazó al municipio de Mapiripán. Allí recibió la declaración del Inspector Municipal de Policía y practicó inspección de cadáver a José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría y a un hombre NN[72].

 

96.71  El 23 de julio de 1997 el Fiscal Especializado de San José del Guaviare asumió el conocimiento de las diligencias de investigación, remitidas por el Fiscal Seccional de Villavicencio, y recibió la declaración del Alcalde de Mapiripán y de un testigo bajo reserva de identidad.  Un día después se ordenó la ampliación de este último testigo y se dispuso que se realizaran “todas las pruebas inherentes a la identificación de las víctimas”[73].

 

96.72  El 28 de julio de 1997 la Dirección Nacional de Fiscalías resolvió asignar la investigación a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, quien asumió la misma el 5 de agosto de 1997 y ordenó la ampliación de testimonios y la recepción de nuevos testimonios. Estas declaraciones, incluidas las de algunos familiares y de autoridades civiles de Mapiripán, fueron llevadas a cabo durante el mes de agosto de 1997.  Asimismo, se realizaron diversas inspecciones judiciales[74].

 

96.73  El 4 de agosto de 1997 se obtuvieron los registros fotográficos de las exhumaciones realizadas[75].

 

96.74  El 30 de septiembre de 1997 la Unidad Nacional de Derechos Humanos ordenó ampliar los testimonios de las autoridades civiles de Mapiripán, así como oficiar a los diferentes medios de comunicación para obtener copia de las noticias difundidas sobre la responsabilidad que en los hechos asumió públicamente Carlos Castaño Gil[76].

 

96.75  El 27 de noviembre de 1997 se practicó “inspección judicial al proceso disciplinario” adelantado por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares por los hechos ocurridos en Mapiripán. El 30 de diciembre de 1997 se practicó inspección judicial a la Defensoría del Pueblo[77]. 

 

96.76  La personería de Villavicencio remitió 58 declaraciones tomadas el 19 y 22 de septiembre y el 7 de octubre de 1997 a personas desplazadas por los hechos de Mapiripán[78].

 

96.77  El 5 de enero de 1998 se profirió resolución de apertura de instrucción y se ordenó la vinculación de Carlos Castaño Gil y Julio Enrique Florez. Asimismo, se expidieron órdenes de captura contra dichas personas[79].

 

96.78  El 21 de julio de 1998 la Fiscalía Regional de la Unidad de Derechos Humanos dictó medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva de los sargentos del Ejército Nacional Juan Carlos Gamarra Polo, responsable de inteligencia del Batallón “Joaquín París”, y José Miller Ureña Díaz, comandante de la unidad militar acantonada en el aeropuerto de San José del Guaviare, en calidad de autor y coautor, respectivamente, de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y secuestro agravado[80].

 

96.79  El 25 de marzo de 1999 el Juez 31 de Instrucción Penal Militar afirmó la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer de la masacre de Mapiripán, con base en las siguientes consideraciones:

 

Del estudio del material probatorio recaudado, se establece que los documentos creados por el señor Mayor Hernán Orozco Castro, y recibidos por el señor Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui refieren acontecimientos precedentes a los resultados luctuosos ocurridos en el municipio de Mapiripán en el mes de julio de 1997, sobre los cuales ya existe una investigación penal en la Fiscalía General de la Nación, Unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos, enviada por competencia procesal [por el] comando del Batallón Joaquín París en su condición de Juzgado de instancia, por tanto, y atendiendo a que no puedan existir dos investigaciones por los mismos hechos, remítase lo actuado en el estado en que se encuentra a la entidad investigadora que tiene a cargo el proceso referido[81].

 

96.80  El 30 de marzo de 1999 la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos resolvió abstenerse de decretar medida de aseguramiento en contra del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, debido a que había “dado explicaciones serias y creíbles que lo exoneran de Medida de Aseguramiento alguna para imponer en su contra”[82].

 

96.81  El Ministerio Público, órgano de la Procuraduría General de la Nación, interpuso un recurso de apelación contra la decisión de 30 de marzo de 1999 (supra párr. 96.80)[83].

 

96.82  El 7 de abril de 1999 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación dictó resolución acusatoria en la justicia ordinaria contra las siguientes personas y por los siguientes delitos:

 

i.              Carlos Castaño Gil, en calidad de autor determinador de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir.  Asimismo, se reiteró su orden de captura;

ii.             Julio Enrique Flórez González, en calidad de autor material de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir. Asimismo, se reiteró su orden de captura;

iii.            Luis Hernando Méndez Bedoya, alias “René”, en calidad de autor determinador de los delitos homicidio agravado, secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir;

iv.           José Vicente Gutiérrez Giraldo, en calidad de autor del delito de concierto para delinquir;

v.            Piloto Juan Manuel Ortiz Matamoros, en calidad de autor del delito de falsedad de documento privado y cómplice del delito de concierto para delinquir.  Asimismo, se precluyó la investigación iniciada en su contra en relación con los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo;

vi.           Piloto Helio Ernesto Buitrago León, en calidad de cómplice del delito de concierto para delinquir. Asimismo, se precluyó la investigación iniciada en su contra en relación con los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo;

vii.          Piloto Jorge Luis Almeira Quiroz, en calidad de autor de los delitos de falsedad ideológica de documento público y de encubrimiento;

viii.         Sargento Segundo Juan Carlos Gamarra Polo, en calidad del autor del delito de concierto para delinquir, y como cómplice de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo;

ix.           Sargento José Miller Ureña Díaz, en calidad de coautor de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo[84]. 

 

96.83  El Ministerio Público impugnó en reposición y en apelación la resolución de 7 de abril de 1999 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos (supra párr. 96.82) ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito.  Al respecto, solicitó, inter alia, la nulidad parcial de la actuación seguida en contra de los señores Carlos Castaño Gil, por habérsele violado su derecho de defensa, Julio Enrique Flórez González, por habérsele violado su derecho de defensa y por no haber sido individualizado e identificado, y de José Vicente Gutiérrez Giraldo, por la violación en su perjuicio del principio de la investigación integral. Asimismo, respecto de Juan Manuel Ortiz Matamoros, sostuvo que carecía de competencia para pronunciarse, ya que se le acusaba del delito de falsedad en documento privado y, en lo referente al concierto para delinquir, consideró que no se encontraban reunidos los presupuestos sustanciales.  Asimismo, solicitó la modificación de la calificación jurídica provisional respecto de los señores José Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo, así como la preclusión de la investigación a favor de los señores Jorge Luis Almeira Quiroz, Helio Ernesto Buitrago León y Juan Manuel Ortiz Matamoros[85]. 

 

96.84  El 13 de abril de 1999 la Fiscalía General de la Nación determinó que el Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, Comandante de la Brigada Móvil II del Ejército Nacional, prestó colaboración directa a la agrupación paramilitar que actuó en Mapiripán.  En consecuencia, resolvió:

 

[…] Decretar medida de aseguramiento de detención preventiva, sin derecho a excarcelación en contra del teniente coronel del Ejército Nacional Lino Hernando Sánchez Prado […] como responsable por acción del delito de Concierto para Delinquir Art. 186 del C.P., inciso 3º y por omisión, respecto de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo […]

 

[…] Líbrese la respectiva orden de Detención con destino al Comando de la Guarnición Militar en la que se halla recluido el oficial Sánchez Prado.

 

[…] Prohibir la salida del País al Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, tal como lo ordena el Artículo 395 del Código de Procedimiento Penal Lino Hernando Sánchez Prado […][86]

 

96.85  El 20 de abril de 1999 la Procuraduría General de la Nación se dirigió al Fiscal Regional que conocía del proceso y desistió del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de 30 de marzo de 1999 que definió la situación jurídica del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro (supra párr. 96.80) ya que, en su criterio, la conducta omisiva de dicho oficial, en relación con los hechos ocurridos en Mapiripán, eran de competencia de la jurisdicción penal militar, lo cual impedía continuar con la unidad procesal. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiscalía Regional que provocara colisión de competencias.  Al respecto, consideró que:

 

Los hechos referidos evidencian que el TC OROZCO CASTRO omitió cumplir con sus funciones constitucionales y legales de proteger la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colombia (Art. 2 inc. 2 Const. Pol.); que dejó de desempeñar actos propios de sus funciones, en calidad de miembro activo de las Fuerzas Militares y Comandante (E) del Batallón Joaquín París […][87].

 

96.86  El 10 de mayo de 1999 la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos resolvió no reponer en ninguno de sus puntos la resolución de 7 de abril de 1999 (supra párr. 96.82). Sin embargo, concedió el recurso de apelación interpuesto como subsidiario contra la misma decisión en el efecto suspensivo (supra párr. 96.83), el cual fue ratificado por la misma mediante auto de 24 de mayo de 1999 y lo remitió a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, con la finalidad de que se resolviera la segunda instancia[88].

 

96.87  El 20 de mayo de 1999 la Unidad Nacional de Derechos Humanos resolvió:

 

[…] Imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del Brigadier General del Ejército Nacional en servicio activo Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por los delitos de homicidio y secuestro agravado y falsedad ideológica en documento público de que da cuenta el proceso.

 

[…] Abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra del Brigadier General del Ejército Nacional en servicio activo Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir por los cuales también fue indagado.

 

[…] solicítese al Comando General del Ejército Nacional la suspensión del Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez.  Hecha efectiva la suspensión solicitada, se librará orden de detención ante el Comando de la Guarnición Militar que le sea asignado como centro de Reclusión[89].

 

96.88  El 31 de mayo de 1999 el Ministerio Público solicitó a la Fiscalía Regional Delegada la remisión del proceso del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez a la jurisdicción penal militar.  Al respecto, consideró que:

 

[…] Tanto la comisión por omisión en los delitos de homicidio y secuestro agravados, como la responsabilidad en el delito de falsedad ideológica que la Fiscalía endilga al general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, tienen relación con el servicio que debió prestar el Oficial como miembro de la Fuerza Pública; en consecuencia, al tenor del artículo 221 de la Constitución Política, su enjuiciamiento corresponde a la Justicia Penal Militar, por lo cual el Ministerio Público solicita al Fiscal regional de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que conoce de la presente investigación, provoque conflicto negativo de competencia al Comandante de la cuarta Brigada del Ejército Nacional, arts. 97 y ss del C.P.P. a efectos de que conozca de los presuntos hechos punibles en que pudo incurrir un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo Servicio[90].

 

96.89  La Fiscalía Regional de Derechos Humanos negó las solicitudes planteadas por el Ministerio Público respecto de la remisión de los procesos a la justicia penal militar. En consecuencia, el 12 de mayo de 1999 el Ministerio Público pidió al Comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional que solicitara a la justicia penal ordinaria la investigación penal seguida en contra de Hernán Orozco Castro y Juan Humberto Uscátegui Ramírez, promoviendo de paso conflicto positivo de competencia[91].

 

 

Conflicto de competencia entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción penal ordinaria y otras actuaciones en esta última

 

96.90  El 2 de junio de 1999 el Comandante del Ejército, en carácter de juez militar de instancia, promovió ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación una colisión de competencias positiva con el fin de que la causa pasara a la jurisdicción castrense, al considerar que los hechos imputados a los suboficiales José Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo y a los oficiales Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, al Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, comandante de Brigada Móvil II, y al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, comandante interino del Batallón “Joaquín París”, debían ser investigados y juzgados por la jurisdicción penal militar.  Al respecto, argumentó que:

 

[…] La génesis que conllevó a la vinculación de personal militar a los procesos que adelante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación se constituyó en la propia Justicia Penal Militar, mediante la apertura de un proceso que fuera instruido por el Juzgado Once de Instrucción Penal Militar adscrito al Batallón Joaquín París. […]

 

[…] el proceso penal ha de tramitarse con todas las garantías para quienes están siendo procesados, partiendo de la premisa cierta que las conductas omisivas imputadas a los militares, surgen de manera inequívoca del deber emanado de su función castrense, por preeminentes mandatos constitucionales y legales, y en nuestro derecho penal, toda función omitida por un militar ha de tener relación directa y próxima con el servicio.  Es esta la esencia que nutre la primera razón de ser del Fuero Militar[92].

 

96.91  El 21 de junio de 1999 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación resolvió:

 

PRIMERO: NO ACEPTAR las razones expuestas por el Comandante del Ejército Nacional en calidad de Juez Penal Militar de Primera Instancia, para el conocimiento de la investigación penal adelantada por los hechos conocidos como “La Masacre de Mapiripán”, contra el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, Sargento José Miller Ureña Diaz y Sargento Juan Carlos Gamarra Polo. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente seguido contra los oficiales y suboficiales mencionados en el numeral anterior al H. Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-[93].

 

96.92  El 18 de agosto de 1999, tras un incidente sobre impedimento, el Consejo Superior de la Judicatura decidió asignar a la jurisdicción penal militar el conocimiento de la investigación penal contra el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y contra el Teniente Coronel Hernán Orozco Castro por los delitos de homicidio, secuestro agravados y falsedad ideológica en documento público, presuntamente atribuidos a éstos y por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir, por los cuales también fueron indagados.  Al respecto, consideró que

 

[…] advertida la existencia de la actividad en el servicio del Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez es indiscutible la relación con el servicio de los delitos que por omisión y acción se le imputan, toda vez que sólo en el ejercicio de las funciones, pudo presuntamente cometerlos.

 

[…] las conductas en que presuntamente incurrió el teniente Coronel Hernán Orozco Castro son constitutivas de omisiones en sus funciones, pues estando bajo el dominio de la Comandancia del Batallón Joaquín París, al tener conocimiento de los hechos que se estaban dando en la población de Mapiripán, omitió el cumplimiento de sus funciones constituciones y legales orientadas a la protección de la vida, honra y bienes de los habitantes, que por circunscripción militar le correspondía, de donde surge el nexo entre el servicio que prestaba y la ausencia de acción consecuente con las diversas informaciones telefónicas que recibió, por las cuales conoció de los hechos delictivos que se estaban cometiendo en la población, razón por la cual el conocimiento de esta investigación le corresponde a la Justicia Penal Militar, oficina a la cual se remitirá para su conocimiento.

 

Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura asignó el conocimiento de la investigación penal seguida contra el Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo y el Sargento José Miller Ureña Díaz, a la justicia penal ordinaria, representada por el Fiscal Regional Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.  Al respecto consideró que

 

[…] contra el Oficial Lino Hernando Sánchez Prado, obran pruebas, tales como declaraciones e indicios que lo comprometen como presunto patrocinador de las agrupaciones armadas al margen de la ley, que llegaron a población de Mapiripán, para cometer diversos delitos, por lo cual se le imputó como acción la conducta de concierto para delinquir, actividad de la cual emerge protuberante el rompimiento del nexo con el servicio, pues ésta habría sido ajena a sus funciones militares, y ejecutada desde tiempo anterior a los hechos que se dieron en Mapiripán, para cuya efectividad presuntamente estando en posibilidad de evitar tales acontecimientos, omitió el cumplimiento de su deber, sólo haciendo presencia hasta el día 21 siguiente en la mencionada localidad, con lo cual al decir de la Fiscalía posibilitó “que con toda libertad el escuadrón de la muerte, matara, secuestrara, invadiera la población de terror, implantara su ley y sólo cuando éste hubo culminado su mortal labor, apareció la Fuerza Pública en cabeza del TC Lino Sánchez” de manera que este concurso omisivo, éste sí impropio, tampoco tiene nexo con el servicio, pues resulta evidente deducir de las consideraciones que este Oficial tendría el pleno conocimiento de lo que iba ocurrir, por lo cual se había librado a su omisión para permitir la ocurrencia de los acontecimientos contra la vida, la libertad individual y la seguridad pública.

 

[…] tal como se encuentra la imputación contra el Oficial Lino Hernando Sánchez Prado, no se predica de éste el aforamiento militar, ante la ausencia de nexo entre la prestación del servicio militar y las conductas delictivas atribuidas.

 

Contra los Sargentos del Ejército Nacional Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Ureña Díaz obran en la investigación pruebas que les hacen presuntamente partícipes de los hechos acaecidos en la población de Mapiripán […] dada su ubicación laboral en la base de San José de Guaviare, uno en puesto de inteligencia y el otro en la base militar en el aeropuerto de San José de Guaviare, que les permitieron percibir de primera mano lo ocurrido, y sin embargo omitieron el cumplimiento de sus deberes funcionales, presuntamente con la finalidad de consentir las conductas punibles que se dieron con su colaboración.

 

Resulta evidente la inexistencia de vínculo entre las conductas ilícitas presuntamente cometidas por los Sargentos del Ejército Nacional Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Ureña Díaz y el servicio que prestaban como militares, pues con sus acciones y omisiones al parecer previamente acordadas, se comportaron como particulares, desatando así el vínculo con la función oficial, por [lo] cual […] el conocimiento de su investigación debe ser asignado a la Justicia Penal Ordinaria[94].

 

96.93  El 24 de septiembre de 1999 la Sala Especial de Descongestión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en respuesta a la apelación interpuesta por el Ministerio Público en contra de la resolución de 7 de abril de 1999 emitida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos (supra párr. 96.83), resolvió:

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 7º de la parte resolutiva [referente a la acusación contra Jorge Luis Almeira Quiroz] de la resolución del 7 de abril de 1999, en cuanto al cargo que por favorecimiento se le imputó al Capitán Jorge Luis Almeira.

 

SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución del 7 de abril de 1999, consultada. […][95]

 

96.94  El 28 de septiembre de 1999 la Fiscalía General de la Nación resolvió abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra del Cabo primero Leonardo Montoya Rubiano. El Ministerio Público interpuso recurso de apelación en contra de dicha providencia[96].

 

96.95  El 16 de noviembre de 1999 la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra el Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado como probable responsable por acción del delito de concierto para delinquir y por omisión, respecto de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo. El señor Lino Hernando Sánchez Prado interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución y el Ministerio Público interpuso un recurso de reposición en subsidio al de apelación contra la misma, la cual fue confirmada por la Sala Especial de Descongestión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 12 de abril de 2000, con la modificación en cuanto a la forma de conducta a título de coautor por acción y no por omisión, como se dijo en la resolución calificatoria[97]. 

 

96.96  El 31 de diciembre de 1999 la Fiscalía General de la Nación remitió

 

[…] el proceso […] por segunda vez a efectos de que se surtan los recursos de: Apelación concedido en el efecto devolutivo, interpuesto por el señor Agente del Ministerio Público, contra la providencia de fecha 28 de septiembre de 1999, por medio de la cual el despacho se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del cabo primero Leonardo Montoya Rubiano […]; reposición en subsidio el de apelación, concedido en el efecto suspensivo, interpuesto por el señor Agente del Ministerio Público contra la providencia de fecha 16 de noviembre de 1999, por medio de la cual se calificó parcialmente el mérito del Sumario con resolución de Acusación en contra del T.C. Lino Hernando Sánchez Prado […] y el Recurso de apelación, concedido en el efecto suspensivo, interpuesto por el Doctor Henry Palacios Salazar y el señor Lino Hernando Sánchez Prado, contra la providencia de fecha 16 de noviembre de 1999 […][98].

 

96.97  El 12 de abril de 2000 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial confirmó el auto que calificó el mérito del sumario del señor Lino Hernando Sánchez Prado, y la resolución de 28 de septiembre de 1999 mediante la cual la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de afectar con medida de aseguramiento a Leonardo Montoya Rubiano (supra párr. 96.94). En esta resolución se identificó como víctimas en Mapiripán a José Ronal Valencia, Sinaí Blanco alias “Catumare”, Agustín N. Cotero y una persona determinada como “NN”.  Se agregó que “desafortunadamente al parecer fueron muchos más los desaparecidos sobre quienes no se tienen datos” y en el sitio denominado la Cooperativa aparecieron muertos Álvaro Tovar Morales, Jaime Pinzón, y Raúl Morales[99]. 

 

 

Jurisdicción penal militar

 

96.98  El 12 de febrero de 2001 el Brigadier General (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez fue condenado por el Tribunal Superior Militar a 40 meses de prisión, a una multa equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales, a la interdicción de derechos y funciones públicas por el delito de prevaricato por omisión, a la suspensión de la patria potestad por el mismo tiempo de la pena principal impuesta y a la separación absoluta de las fuerzas militares.  Asimismo, el mencionado Tribunal decidió:

 

[…] absolv[erlo] del delito de falsedad ideológica en ejercicio de funciones [;] ordenó la cesación de procedimiento [a su favor] por la sindicación que cursó por los delitos de homicidio y secuestro agravados, terrorismo y concierto para delinquir […] por falta de mérito para convocar un consejo de guerra […].

 

Revocar el numeral primero de la providencia de fecha 20 de mayo de 1999 […] mediante la cual la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación [le] impuso medida de aseguramiento […] por los delitos de homicidio y secuestro agravados y falsedad ideológica en ejercicio de sus funciones[100].

 

96.99  El 12 de febrero de 2001 el Teniente Coronel Hernán Orozco Castro fue condenado por el Tribunal Superior Militar a 38 meses de prisión, a multa de 55 salarios mínimos legales mensuales vigentes y accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas, a la suspensión de la patria potestad por el mismo tiempo de la pena principal impuesta y a la separación absoluta de las fuerzas militares por el delito de prevaricato por omisión.  Asimismo, se le absolvió del delito de falsedad ideológica en ejercicio de sus funciones y se cesó todo procedimiento por los delitos de homicidio múltiple, secuestro agravado, terrorismo, concierto para delinquir y violación al Decreto 1194 de 1989[101].

 

96.100 Posteriormente, el Teniente Coronel Hernán Orozco Castro presentó una petición de libertad provisional. El 16 de marzo de 2001 el Tribunal Superior Militar consideró que en el caso del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro “no se cumpl[ían] los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia [solicitada por éste], dado el quantum punitivo previsto en la norma vulnerada, lo que en su fase procesal no se alegó y ahora con menos razón si el procesado se encuentra cobijado con sentencia de primer grado en la que se le impone una pena de 38 meses de prisión”.  Por ello, el mencionado Tribunal resolvió “NO ACCEDER a la petición de libertad provisional interpuesta por [el] TC. Hernán Orozco Castro […]”[102].

 

96.101 El 22 de mayo de 2001 el Tribunal Superior Militar aceptó “el impedimento manifestado por el señor General Fernando Tapias Stahelin, Comandante General de las Fuerzas Militares, respecto de su condición de Presidente del Tribunal Superior Militar para conocer de[l] proceso que por el delito de prevaricato por omisión se sigue contra el señor BG. Humberto Uscátegui Ramírez y el señor TC. Hernán Orozco Castro […][103].

 

96.102 El 5 de junio de 2001 el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas Militares de Colombia aceptó la petición de libertad condicional interpuesta por el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y decidió dejarlo en libertad. Al respecto consideró que la sentencia de primera instancia del Brigadier Humberto Uscátegui Ramírez no había causado su ejecutoria material; que las tres quintas partes de la condena de 40 meses corresponden a 24 meses, que es el tiempo que había descontado ciertamente en reclusión física, sumando el abonado, además de constar su buena conducta en cautiverio y antecedentes de todo orden que permiten suponer su readaptación social.  Por ello, resolvió:

 

Reconocer y abonar para efectos de redención de penal al procesado BG (r) Humberto Uscátegui Ramírez, un tiempo de OCHO (8) meses, un (1) día por concepto de horas laboradas durante su reclusión.

 

[…] Conceder al [BG (r) Humberto Uscátegui Ramírez] el beneficio de la libertad provisional, previa caución prendaria por la suma de un salario mínimo legal mensual […]  y con la advertencia que la misma sólo es procedente siempre y cuando no sea requerido por autoridad judicial en asunto diferente[104]

 

 

Acción de tutela dirigida a dirimir el conflicto de competencia entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción penal ordinaria

 

96.103          El 30 de septiembre de 1999 la señora Nory Giraldo de Jaramillo, compañera de la víctima Sinaí Blanco Santamaría y parte civil en el proceso, representada en ese momento por el señor Luis Guillermo Pérez, interpuso una acción de tutela de derechos fundamentales en contra de la decisión de 18 de agosto de 1999 emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (supra párr. 96.92)[105].

 

96.104          El 15 de octubre de 1999 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá negó la tutela interpuesta por la señora Nory Giraldo de Jaramillo, pues consideró que “no [se] ha[bían] transgredido [sus] derechos fundamentales”.  Asimismo, resolvió que “si [dicho] fallo no fuere impugnado, [se] remit[iría] la actuación a la […] Corte Constitucional para su eventual revisión” (infra párr. 96.107)[106]. 

 

96.105          El 22 de octubre de 1999 la señora Nory Giraldo de Jaramillo apeló ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la decisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá el 15 de octubre de 1999 (supra párr. 96.104)[107].

 

96.106          El 9 de diciembre de 1999 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la apelación interpuesta por la señora Nory Giraldo de Jaramillo (supra párr. 96.105), confirmando la decisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá el 15 de octubre de 1999 (supra párr. 96.104)[108].

 

96.107 El 12 de enero de 2000 la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió, para su revisión, la tutela instaurada por la señora Nory Giraldo de Jaramillo, de parte de la Secretaría de la Sala de Casación Penal (supra párr. 96.104)[109].

 

96.108 El 13 de noviembre de 2001 la Sala Penal de la Corte Constitucional dictó sentencia en proceso de revisión de los fallos proferidos en el trámite de la acción de tutela instaurada por la señora Nory Giraldo de Jaramillo.  Al respecto resolvió conceder, por desconocimiento del juez natural, la tutela del derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, revocó las sentencias dictadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de octubre de 1999 y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 9 de diciembre de 1999 (supra párrs. 96.104 y 96.106).  Asimismo, declaró la nulidad de la providencia del 18 de agosto de 1999 (supra párr. 96.92).  Finalmente, ordenó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura  que dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha sentencia, se resolviera el conflicto de competencias[110].

 

96.109 El 21 de febrero de 2002 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió dirimir el conflicto de jurisdicciones planteado, declarando que el conocimiento de las diligencias correspondía a la jurisdicción penal ordinaria representada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, donde se dispuso el envío inmediato de la actuación[111]. 

 

 

Continuación del proceso ante la jurisdicción penal ordinaria, una vez resuelto el conflicto de competencia

 

96.110 El 28 de junio de 2002 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario decretó la nulidad de las determinaciones adoptadas por la jurisdicción penal militar y la causa fue regresada a la jurisdicción penal ordinaria, quedando incólumes los medios probatorios aducidos y la actuación adelantada por dicha Unidad.  Asimismo, se concedió el beneficio de la libertad provisional al Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, “al concurrir las exigencias legales previstas en el artículo 365 numerales 4 y 15 del Código de Procedimiento Penal”[112].

 

96.111 Posteriormente, el apoderado de la parte civil y defensor del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro solicitó ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario la preclusión de la investigación en su contra.  Asimismo, alegó que el señor Orozco Castro estaba siendo objeto de amenazas presumiblemente por parte de militares[113].

 

96.112 El 2 de septiembre de 2002 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación negó la preclusión de la investigación solicitada a favor del TC (r) Hernán Orozco Castro por el apoderado de la parte civil y por su defensor contractual (supra párr. 96.111), por considerar que no se daban los presupuestos legales previstos por el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal que establece las causales genéricas previstas para la preclusión de la investigación, a saber:

 

[q]ue la conducta no ha existido, que el sindicado no la ha cometido, que la conducta es atípica, que esté demostrada una causal de ausencia de responsabilidad y que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse.

 

Asimismo, dicha Unidad ordenó remitir el asunto a la Oficina de Protección para Víctimas y Testigos de la Fiscalía, para que informara acerca de la evaluación en relación con las medidas protectoras por adoptar, según evaluación del nivel de riesgo, en relación con el Teniente Coronel (r) Hernán Orozco Castro, en consideración a los hechos advertidos.

 

Finalmente, la Unidad Nacional de Derechos Humanos determinó que

 

[ya] que uno de los cánones que regula el procedimiento penal es el principio de la unidad procesal, según el cual, sólo se adelantará un procesa para investigar y juzgar cada hecho punible, independientemente de la cantidad de autores o partícipes, como también cuando se trate de hechos punibles conexos, y teniendo en cuenta que este estrado judicial venía conociendo igualmente estos episodios delictivos, a través del radicado 784 UDH, se hace necesario allegar las presentes diligencias penales para ser adelantadas por una misma cuerda procesal[114].

 

96.113 El 28 de octubre de 2002 se ordenó imponer medida de aseguramiento contra Arnoldo Vergara Trespalacios, alias “Mochacabezas” o “Percherón”, como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, terrorismo y concierto para cometer delitos de homicidio, secuestro extorsivo y terrorismo; en contra de Francisco Enríquez Gómez Bergaño, como presunto coautor responsable de los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, terrorismo y concierto para cometer esos delitos; y en contra de Raúl Arango Duque, como presunto autor responsable de la hipótesis delictiva de concierto para cometer delitos de homicidio, secuestro extorsivo y terrorismo y abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra de Raúl Arango Duque por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y terrorismo[115].

 

96.114 El 9 de diciembre de 2002 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, “cumplidas las exigencias procesales previstas en el artículo 393 del Código de procedimiento penal, declar[ó] clausurado parcialmente el […] ciclo instructivo en lo que respecta a los sindicados Brigadier General (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Teniente Coronel Hernán Orozco Castro y Miguel Enrique Vergara Salgado”[116].

 

96.115 El 10 de marzo de 2003 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación resolvió:

 

PRIMERO: Proferir Resolución de acusación contra el B[rigadier] G[eneral] (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez […] como presunto autor por omisión impropia por los delitos de homicidio agravado y secuestro agravado […]

 

Revoc[ó] la libertad provisional [del Brigadier General (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez] concedida mediante resolución […] de 6 de julio de 2002 […] y que permanezca privado de la libertad.

 

SEGUNDO: Proferir Resolución de acusación contra el B[rigadier] G[eneral] ® Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y el TC (r) Hernán Orozco Castro […] el primero como presunto determinador y el segundo como presunto autor material del punible de falsedad ideológica en documento público […]

 

[…] el sindicado TC (r) Hermán Orozco Castro, no obstante conservar el derecho a su libertad, deberá suscribir Acta de compromiso.

 

TERCERO: Precluir la investigación a favor del BG (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez como presunto autor del punible de Concierto para delinquir y terrorismo.

 

CUARTO: Precluir la investigación a favor del TC (r) Hermán Orozco Castro como presunto autor de los delitos de Homicidio Agravado, Secuestro Agravado, Terrorismo y Concierto para delinquir […]

 

QUINTO: Proferir Resolución de acusación contra Miguel Enrique Vergara Salgado alias “Cepillo” […] como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, terrorismo, y concierto para delinquir […]. En consecuencia, reitérase la orden de captura.

 

SEXTO: En firme esta determinación, remítase la actuación, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, Meta, que por reparto corresponda, para el trámite de la causa[117].

 

96.116 En consecuencia, la defensa del General (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, el apoderado de la parte civil y el Agente Especial del Ministerio Público apelaron la resolución de 10 de marzo de 2003 señalada en el párrafo anterior[118]. 

 

96.117 El 18 de junio de 2003 el Juzgado Segundo Penal Segundo del Circuito Especializado de Bogotá resolvió:

 

Primero: Proferir sentencia condenatoria en contra de Carlos Castaño Gil, (r) Cr. Lino Hernando Sánchez Prado y Julio Enrique Flórez de generales consignadas en este fallo y en su condición de coautores de las conductas por [las] cuales vienen formalmente acusados; En consecuencia, acorde con lo motivado se impone en contra de cada uno de los acusados, pena privativa de la libertad que se tasa en cuarenta (40) años de prisión y la pena accesoria de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años.

 

Segundo: Condenar en los términos motivados, a José Miller Ureña Díaz, de generales consignadas en este fallo y en su condición de coautor […] por omisión de las conductas por la que viene formalmente acusado; en consecuencia se impone en contra del procesado, una pena privativa de la libertad que se tasa en treinta y dos (32) años de prisión y la pena accesoria de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años.

 

Tercero: Condenar en los términos motivados a Juan Carlos Gamarra Polo, de de generales consignadas en este fallo y en su condición de autor punible de concierto para delinquir y cómplice de homicidio agravado, terrorismo y secuestro se impone pena privativa de la libertad que se tasa en veintidós (22) años de prisión y la pena accesoria de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años.

           

Cuarto: Declarar que los procesados no tienen derecho a beneficio liberatorio alguno, acorde [con] los argumentos expuestos en precedencia.

 

Quinto: Condenar en los términos motivados a Carlos Castaño Gil, Julio Enrique Flores González, Juan Carlos Gamarra Polo, José Miller Ureña Díaz, Lino Hernando Sánchez Prado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con las infracciones atentatorias de la integridad personal de acuerdo [con] lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

 

Sexto: Proferir sentencia absolutoria a favor de Helio Ernesto Buitrago acorde a lo anotado, por lo que se concederá el beneficio liberatorio de que trata el artículo 365-3˚ del CCP, previa caución juratoria y suscripción de diligencia de compromiso […][119].

 

96.118 El 7, 11 y 22 de julio de 2003 Carlos Castaño Gil, Julio Enrique Flórez González, Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Urueña Díaz interpusieron ante el Tribunal Superior de Bogotá recursos de apelación contra el fallo de 18 de junio de 2003 (supra párrs. 96.117)[120].

 

96.119 El 30 de julio de 2003 la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá resolvió:

 

          Primero: Revocar el número cuarto de la resolución [de 10 de marzo de 2003] y en su lugar proferir resolución de acusación en contra del Coronel retirado Hernán Orozco Castro, como presunto responsable a título de autor por omisión impropia de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con los delitos de secuestro agravado, tal como se expuso en la presente decisión.

 

Segundo: En consecuencia imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, contra Hernán Orozco Castro […] de condiciones civiles y personales conocidas dentro de este proceso, librando la respectiva orden de captura.

 

Tercero: Con las aclaraciones hechas confirmar en todas sus partes los demás numerales de la providencia impugnada.

 

Cuarto: Dése cumplimiento al acápite “Otras Determinaciones.” [Surge necesario ante la magnitud de los hechos investigados, que se haga claridad sobe todos los partícipes en los mismos; por lo tanto, se ordena compulsar copias, para que se investigue la responsabilidad que pueda recaer en las autoridades civiles, militares y de policía, de los municipios de Apartadó y Necoclí en el departamenteo de Antioquia, las localidades o corregimientos de Charras, Barrancón, La Cooperativa, el municipio de Mapiripán, San José del Guaviare y toda la ruta recorrida por los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que llevaron a cabo este macabro hecho, además de investigar a los civiles que coadyuvaron a la ejecución de esta masacre…][121]

 

96.120 El 30 de septiembre de 2003 el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Bogotá resolvió:

 

PRIMERO: Proferir sentencia condenatoria en contra de Luis Hernando Méndez Bedoya alias René Cárdenas Galeano […] en su condición de coautor de […] homicidio agravado, secuestro, terrorismo y concierto para delinquir, pena privativa de la libertad que se tasa en cuarenta (40) años de prisión.

 

SEGUNDO: Condenar a Luis Hernando Méndez Bedoya alias René Cárdenas Galeano a la pena accesoria de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años.

 

TERCERO: Condenar a José Vicente Gutiérrez Giraldo, a la pena principal de ciento veinticinco (125) meses de prisión y multa de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautor del delito para ese entonces descrito en el artículo 2º del Decreto 1194 de 1989, ahora recogido en el artículo 340 del CP, inciso 2º, conforme se motivó en este proveído.

 

CUARTO: Condenar a José Vicente Gutiérrez Giraldo a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término que la pena principal.

 

QUINTO: No conceder a los procesados Luis Hernando Méndez Bedoya y José Vicente Gutiérrez Giraldo, el subrogado penal de ejecución condicional.

 

SEXTO: Conceder a José Vicente Gutiérrez Giraldo, el beneficio de libertad provisional […] previa caución prendaria que se deberá constituir a favor de este despacho, en cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y suscripción de diligencia de compromiso, libertad que se hará efectiva, siempre y cuando el procesado no se encuentre requerido por otra autoridad judicial.

 

SEPTIMO: Condenar a Luis Hernando Méndez Bedoya, a pagar a favor de cada una de las familias de las víctimas [de] Ronal Valencia, Sinaí Blanco, Antonio María Barrera, Agustín N, Álvaro Tovar Morales, Jaime Pinzón [y] Raúl Morales, por ser éstos los titulares de la acción indemnizatoria, una suma equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

OCTAVO: Abstenerse de condenar a José Vicente Gutiérrez Giraldo, a pagar suma indemnizatoria alguna […][122]

 

96.121 En el 15 de enero de 2004 Lino Hernando Sánchez Prado presentó una adición al recurso de apelación y solicitud de declaratoria de impedimento interpuesto contra el fallo de 18 de junio de 2003 (supra párrs. 96.117)[123].

 

96.122 El 15 de febrero de 2005 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió:

 

1º. REVOCAR los puntos 1º, 3º, 4º y 5º de la parte resolutiva del fallo de septiembre 30 de 2003, en cuanto a la condena de JOSÉ VICENTE GUTIÉRREZ GIRALDO, y en su lugar ABSOLVERLO de los hechos por los cuales se le profirió resolución de acusación.

 

2º. CANCELAR la caución prendaria que Gutiérrez Giraldo prestó cuando se le otorgó su libertad provisional.

 

3º. CONFIRMAR el fallo de condena proferido contra CARLOS CASTAÑO GIL, JULIO ENRIQUE FLOREZ GONZÁLEZ, LINO HERNANDO SÁNCHEZ PRADO, JUAN CARLOS GAMARRA POLO y JOSÉ MILLER UREÑA DÍAZ, en lo que fue objeto de apelación.

 

4º. Reiterar las órdenes de captura contra CARLOS CASTAÑO GIL y LUIS HERNANDO MÉNDEZ BEDOYA o RENÉ CÁRDENAS GALEANO (a. René), debiendo el a quo o el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, verificar si existe investigación por el delito de fuga según constancia dejada al momento en que se le fue a notificar el fallo de condena de 1ª Instancia; caso contrario, proceder de conformidad[124].

 

96.123 El 25 de marzo de 2003 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informó que

 

si bien el número de víctimas es indeterminado, se han logrado identificar dentro del paginario forense los cuerpos de José Rolan Valencia, Sinaí Blanco y un NN hombre de aproximadamente […] 35 a 40 años de edad, observándose acta de levantamiento […] y protocolos de necropsia […].  Además de los tres cuerpos referidos con antelación, [se llevó a cabo] el homicidio de otros pobladores[, cuyos cuerpos] fueron lanzados al río Guaviare como [los de] Antonio María Barrera, Álvaro Tovar Muñoz, conocido como Tomate, Edwin Morales, Jaime Pinzón, el de un joven de raza negra con el nombre Nelson y de un hombre cuyo cuerpo apareció flotando en el agua sin que se haya identificado; [además, se llevó a cabo] el secuestro de Gustavo Caicedo Rodríguez, Hugo Fernando Martínez Contreras, Diego Armando Martínez Contreras y Manuel Arévalo, asesinatos y desapariciones de cuya evidencia se tienen […] testigos[125].

 

96.124 El 31 de diciembre de 2004 la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, atendiendo a la solicitud del Fiscal Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, solicitó “asistencia técnica internacional a las autoridades de la Policía Metropolitana de Londres, para que de ser posible, con un equipo de expertos forenses especialistas en manejo de escena en agua, se intent[ara] la eventual recuperación de algunos restos óseos de las personas muertas en la masacre de Mapiripán”[126].

 

96.125 El 11 de julio de 2005 culminó la audiencia pública de juzgamiento en el proceso seguido contra el General (r) Jaime Humberto Uscátegui y el proceso pasó al despacho del juez penal del circuito especializado para la emisión del fallo correspondiente[127].

 

96.126 A la fecha de la presente Sentencia, el proceso penal continúa en trámite y el estado actual del mismo, según la información que consta en el expediente ante la Corte, es el siguiente:

 

a)      en total, han sido procesadas aproximadamente 17 personas;

 

b)      se han proferido resoluciones acusatorias contra trece imputados, de los cuales cinco son miembros del Ejército (supra nota 96.82, 96.95, 96.115 y 96.119);

 

c)       la Fiscalía General de la Nación ha dictado nueve medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva.  De éstas, las órdenes de captura de Arnoldo Vergara Trespalacios, Francisco Gómez Vergaño y Miguel Enrique Vergara Salgado, presuntos paramilitares, no han sido efectivas;

 

d)      existen dos sentencias condenatorias en primera instancia contra siete personas, a saber, los paramilitares Carlos Castaño, Julio Enrique Flórez, Luis Hernando Méndez Bedoya y José Vicente Gutiérrez Giraldo, los sargentos José Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo, y el Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado (supra párrs. 96.117 y 96.120). Existe una sentencia condenatoria en segunda instancia que absolvió a José Vicente Gutiérrez Giraldo y confirmó la anterior dictada en contra de Carlos Castaño, Julio Flórez, los sargentos José Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo, y el Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado (supra párr. 96.122);

 

e)      de esas siete condenas a penas privativas de libertad, existen al menos dos órdenes de captura pendientes de ejecución, a saber, las dictadas en contra de los paramilitares Carlos Castaño Gil y Luis Hernando Méndez Bedoya. Sin embargo, según información aportada por el Estado, la orden de captura girada en contra de Carlos Castaño Gil se encuentra suspendida[128]; y

 

g)      el 3 de agosto de 2005 la Unidad Nacional de Fiscalías ordenó la vinculación formal de Salvatore Mancuso Gómez. Sin embargo, el 4 de agosto de 2005 dicha Unidad manifestó que “por su condición de miembro representante de las denominadas ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ frente al proceso de paz que se adelanta y la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los hombres bajo su mando, fue dispuesta la suspensión de la misma conforme lo prevé el inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 3 de la Ley 782 de 2002. Sin embargo, para garantizar la comparecencia del señor Mancuso Gómez a la investigación, [se] solicit[ó al Alto Comisionado para la Paz que informara]  el lugar de residencia o ubicación, para [...] ser escuchado en diligencia de indagatoria”. Además, el 3 de agosto de 2005 expidió orden de captura en contra de José Pastor Gaitán Ávila, por ser presunto coautor de los delitos de homicidio en concurso material con los punibles de secuestro, terrorismo y concierto para delinquir[129].

 

 

Procesos contencioso administrativos

 

a) Familiares de los señores Álvaro Tovar Muñoz y José Rolan Valencia

 

96.127 En octubre de 1998 Beatriz Rojas Vargas y su hija menor de edad, Yulieth Lorena Tovar Rojas; Ernesto Tovar Muñoz; Marina Sanmiguel Duarte, en su nombre y en representación de sus hijos menores de edad, Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber Valencia Sanmiguel; Ligia Tovar de Ossa, Ernesto Tovar Loaiza, María Teresa Pérez Carrillo, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, Sandra Milena Tovar Pérez y Adriana Tovar Pérez, Edelmira Tovar Muñoz y Fatty Tovar Muñoz, presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, Villavicencio, una demanda en la que solicitaban que

 

[se] declare[] a la nación colombiana – Ministerio de Defensa (Fuerza Pública) Ejército Nacional y Policía Nacional solidariamente, administrativamente responsables de la muerte de los señores Álvaro Tovar Muñoz y José Roland Valencia, por paramilitares en jurisdicción del Municipio de Mapiripán, Meta, en hechos ocurridos el 19 de julio de 1997 y por consiguiente de la totalidad de los perjuicios morales subjetivos y materiales sucesivos ocasionados a Beatriz Rojas Vargas y Julieth Lorena Tovar Rojas (esposa e hija del extinto Álvaro Tovar Muñoz); Ernesto Tovar Loaiza y María Teresa Pérez Carrillo (padre y madre adoptiva, respectivamente), Ernesto Tovar Muñoz, Fatty Tovar Muñoz y Edelmira Tovar Muñoz (hermanos de la víctima Álvaro Tovar Muñoz), Marina Sanmiguel Duarte, Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber Valencia Sanmiguel (esposa e hijos respectivamente de José Rolan Valencia)[130].

 

 

b) Familiares de los señores Sinaí Blanco Santamaría y Néstor Orlando Flórez Escucha

 

96.128 El 19 de julio 1999 Blanca Lilia Ardila Castañeda, Yudi Sirley Blanco Ardila, Arbey Blanco Ardila, María Isabel Blanco Ortiz, Lilia Aurora Moreno Novoa, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, Juan Carlos Flórez Moreno; Adela Aydé Flórez Moreno; Néstor Fernando Flórez Moreno; Orlando Albeiro Flórez Moreno, presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, Villavicencio, una demanda en la que solicitaron que:

 

[se] declare[] a la nación colombiana – Ministerio de Defensa (Fuerza Pública) Ejército Nacional y Policía Nacional solidariamente, administrativamente responsables de la muerte de Sinaí Blanco Santamaría y el desaparecimiento de Néstor Orlando Florez Escucha por paramilitares y en donde también participaron algunos miembros del Ejército Nacional en servicio activo […] en jurisdicción del Municipio Maripipán, Meta, según hechos ocurridos el 20 y 16 de Julio 1997, respectivamente, y por consiguiente de la totalidad de los perjuicios Morales Subjetivos y Materiales Sucesivos ocasionados a Blanca Lilia Ardila Castañeda, Yudi Sirley Blanco Ardila, Arbey Blanco Ardila y María Isabel Blanco Ortiz, esposa e hijos respectivamente de la víctima Sinaí Blanco Santamaría. Igualmente a Lilia Aurora Moreno Novoa, Juan Carlos Flórez Moreno, Adela Ayde Flórez Moreno, Néstor Fernando Flórez Moreno y Orlando Albeiro Flórez Moreno, esposa e hijos del desaparecido Néstor Orlando Florez Escucha[131].

 

96.129 En julio de 1999 la señora Nory Giraldo de Jaramillo, compañera del señor Sinaí Blanco Santamaría, y su hija Carmen Johanna Jaramillo Giraldo presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, en la que solicitaron que

 

se declare[…] que la Nación colombiana; Ministerio de Defensa; Ejército Nacional; Policía Nacional, Gobernación del Guaviare, Consejo Superior de la Judicatura (Oficina de Administración Judicial) […], son responsables administrativamente de todos los daños y perjuicios tanto morales como materiales ocasionados a Nory Giraldo de Jaramillo y a su hija Carmen Johanna Jaramillo Giraldo por la muerte violenta de que fue víctima su compañero permanente Sinaí Blanco Santamaría ocurrida el 19 de julio de 1997[132].

 

96.130 El 1º de febrero de 2005, una vez acumuladas las demandas de octubre de 1998 y de 19 de julio de 1999 (supra párrs. 96.127 y 96.128), los demandantes y el Ministerio de Defensa del Ejército Nacional llegaron a un Acuerdo Conciliatorio Total “por concepto de reconocimiento de perjuicios de índole moral y resarcimiento del perjuicio material para los demandantes”. En ese sentido, se acordó:

 

Perjuicios de índole moral:

 

Por la muerte del señor Álvaro Tovar: a su esposa Beatriz Rojas Vargas la cantidad de ochocientos (800) gramos oro. A Yulieth Lorena Tovar Rojas en condición de hija del referido occiso la cantidad de (800) gramos oro. Para Ernesto Tovar Muñoz en condición de hermano del occiso la cantidad de cuatrocientos (400) gramos oro.  Para Ligia Tovar de Ossa en condición de hermana la cantidad de cuatrocientos (400) gramos oro.  Para el señor Ernesto Tovar Loaiza quien actúa en condición de padre de la víctima la cantidad de ochocientos (800) gramos oro.  Para Fatty Tovar Muñoz en condición de hermana de la víctima la cantidad de cuatrocientos (400) gramos oro.  Para Edelmira Tovar Muñoz en condición de hermana del occiso la cantidad de cuatrocientos (400) gramos oro.  Para María Teresa Pérez Carrillo, en condición de madre de crianza la cantidad de cuatrocientos (400) gramos oro.  Para Sandra Milena Tovar Pérez, quien actúa en este proceso como hermana de padre del occiso, la cantidad de trescientos veinte (320) gramos oro.  Para Adriana Tovar Pérez, quien actúa en este proceso como hermana de padre del occiso, la cantidad de trescientos veinte (320) gramos oro).

 

Por la muerte del señor José Roland Valencia: Marina Sanmiguel Duarte, quien actúa como esposa del occiso la cantidad de ochocientos (800) gramos oro. Para Nadia Mariana Valencia Sanmiguel, en condición de hija del occiso la cantidad de ochocientos (800) gramos oro.  Para Yinda Adriana Valencia Sanmiguel, en calidad de hija del occiso la cantidad de ochocientos (800) gramos oro. Para Johanna Marina Valencia Sanmiguel, en calidad de hija del occiso la cantidad de ochocientos (800) gramos oro. Para Roland Andrés Valencia Sanmiguel, en calidad de hijo del occiso la cantidad de ochocientos (800) gramos oro. Para Ronald Mayiber Valencia Sanmiguel, en calidad de hija del occiso la cantidad de ochocientos (800) gramos oro.

 

Perjuicios materiales:

 

Por la muerte del señor Álvaro Tovar: Se ofrece las siguientes cantidades. Para Beatriz Rojas Vargas, en condición de esposa del occiso Álvaro Tovar Muñoz, la cantidad de treinta millones setecientos sesenta y siete mil doscientos pesos ($30.767.200). Para Yulieth Lorena Tovar Rojas, quien actúa como hija del occiso referido, la suma de once millones setenta y nueve mil ochocientos pesos ($11.079.800).

 

Por la muerte del señor José Rolan Valencia: Como reconocimiento del perjuicio material se reconocen las siguientes cantidades: Para la señora Marina Sanmiguel Duarte, en calidad de esposa del occiso, la suma de veintiocho millones trescientos diez mil pesos ($28.310.000).  Para Nadia Mariana Valencia Sanmiguel, en calidad de hija del occiso, la cantidad de un millón cuatrocientos veintisiete mil pesos ($1,427,000).  Para Yinda Adriana Valencia Sanmiguel, en calidad de hija del occiso la cantidad de dos millones quinientos diez mil pesos ($2,510,000).  Para Johanna Marina Valencia Sanmiguel, en calidad de hija del occiso la cantidad de dos millones setecientos noventa mil pesos ($2,790,000).  Para Ronald Andrés Valencia Sanmiguel, en calidad de hijo del occiso, la suma de tres millones seiscientos mil pesos ($3,600,000) y para Ronald Mayiber Valencia Sanmiguel, en calidad de hijo del occiso, la cantidad de cuatro millones cien mil pesos ($4,100,000).

 

Perjuicios de índole moral por la muerte del señor Sinaí Blanco Santamaría: A la señora Blanca Lilia Ardila Castañeda, quien aparece dentro del proceso en calidad de cónyuge del occiso y teniendo en cuenta que en el juicio de reparación directa promovido por la señora Nory Giraldo de Jaramillo, ante este mismo Tribunal […] que actualmente se encuentra acumulado […] esta señora reclama los mismos perjuicios citando su condición de compañera permanente, me permito ofrecer la cantidad de cuatrocientos (400) gramos oro.  Para Yudi Sirley Blanco Ardila, en condición de hija del señor Sinaí Blanco Santamaría, la cantidad de ochocientos (800) gramos oro. Para Arbey Blanco Ardila, la cantidad de ochocientos (800) gramos oro.  Para María Isabel Blanco, la cantidad de ochocientos (800) gramos oro.

 

Perjuicio material por la muerte del señor Sinaí Blanco Santamaría. Como reconocimiento del perjuicio material a la señora Blanca Lilia Ardila Castañeda, quien actúa en condición de esposa del occiso y teniendo en cuenta la circunstancia anteriormente referida respecto de los juicios promovidos por Nory Giraldo de Jaramillo, se ofrece la suma de cinco millones quinientos once mil pesos ($5,511,000). No se efectúa oferta de reconocimiento de perjuicios materiales a los hijos del occiso Sinaí Blanco en razón a que no fueron reclamados en la demanda[133].

 

96.131 Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Meta aprobó el Acuerdo Conciliatorio Total de 1º de febrero de 2005 (supra párr. 96.130), el cual “hace tránsito a cosa juzgada” y dio por terminado dicho proceso.  Asimismo, aceptó el desistimiento de las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Lilia Aurora Moreno Novoa y su hijo menor de edad Juan Carlos Flórez Moreno, la señora Adela Aydé Flórez Moreno y los señores Néstor Fernando Flórez Moreno y Orlando Albeiro Flórez Moreno[134].

 

96.132 La señora Nory Giraldo de Jaramillo manifestó su voluntad de no conciliar frente a la propuesta de conciliación realizada por el Estado[135].

 

 

Jurisdicción Disciplinaria

 

96.133 En relación con los hechos de julio de 1997 se inició un procedimiento disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación en contra de varios miembros de las Fuerzas Armadas y de funcionarios públicos.  Los hechos materia de la investigación, hasta ese entonces, eran que

 

miembros de las ‘Autodefensas Campesinas’ incursionaron en los departamentos del Guaviare y Meta […y] dieron muerte a Rolan o Ronal Valencia, Sinaí Blanco, N.N. de sexo masculino y Pacho NN; secuestraron, sin que se conozca aún su paradero, a Antonio María Barrera Calle y [a] Nelson N.N.  En la Inspección de La Cooperativa causaron los homicidios de Álvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón, N.N. Morales, de sexo masculino, y Teresa N.N. y de un número indeterminado de personas cuyos cadáveres al parecer fueron arrojados al río Guaviare; se produjo la muerte de diez personas […] sin que las autoridades civiles y militares hubieran intervenido en forma oportuna y actuado de conformidad con sus funciones[136].

 

96.134 El 24 de abril de 2001 el Viceprocurador General de la Nación resolvió:

 

PRIMERO: Sancionar disciplinariamente con SEPARACIÓN ABSOLUTA DE LAS FUERZAS MILITARES, al Brigadier General (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, en su calidad de Comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, para la época de los hechos investigados, por haber incurrido en las faltas disciplinarias consagradas en el Decreto 85 de 1989, artículo 65, Sección C, literal a); Sección F, literal a); y artículo 184, literal g) […][137]

 

SEGUNDO: Sancionar disciplinariamente con REPRENSION SEVERA, al señor Mayor (hoy Teniente Coronel) Hernán Orozco Castro, en su calidad de Comandante encargado del Batallón de Infantería No. 19 “Joaquín París” del Ejército Nacional, para la época de los hechos investigados, por haber incurrido en las faltas disciplinarias […] consagradas en el Decreto 85 de 1989, articulo 65, Sección C, literal a); Sección F, literales a) e i), de conformidad con las consideraciones planteadas en esta providencia.

 

TERCERO: Sancionar disciplinariamente con DESTITUCIÓN al señor Eduardo Brand Castillo, en su calidad de Secretario de Gobierno del Departamento del Guaviare, para la época de los hechos investigados por haber incurrido en la falta disciplinaria […]  Como pena accesoria se impondrá […] la inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de dos (2) años […] consagrada en la ley 200 de 1995, artículos 25, numeral 3, de conformidad con las consideraciones planteadas en esta providencia.

 

CUARTO: […] ABSOLVER al Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y al Mayor Hernán Orozco Castro por la no persecución del grupo armado que se desplazó a la inspección la Cooperativa, luego de los hechos sucedidos en Mapiripán.

 

QUINTO: […] ABSOLVER a Jaime Calderón Moreno, en su calidad de Alcalde Municipal de Mapiripán, para la época de los hechos investigados; a Fernando Martínez Herrera, en su calidad de Registrador Municipal del Estado Civil de Mapiripán; a Luis Hernando Prieto Cárdenas, en su calidad de Inspector Municipal de Policía de Mapiripán; a César Augusto León Bermúdez, Personero Municipal y Juan Carlos López Pabón, Capitán de la Policía Nacional. […]

 

SEPTIMO: […] que se investigue disciplinariamente los hechos relacionados con la denuncia instaurada por el piloto Edmundo Schmitz Sicard […] de conformidad con lo señalado en el punto referido a la conducta del oficial Juan Carlos López Pabón.

 

OCTAVO: Compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares para investigar la posible comisión del delito de falso testimonio en que pudo incurrir Coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán[138].

 

96.135 El 7 de mayo de 2001 el Brigadier General (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez interpuso un recurso de reposición contra el fallo de 24 de abril de 2001[139].  

 

96.136 El 16 de octubre de 2001 la Viceprocuraduría General de la Nación resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y confirmó el fallo de 24 de abril de 2001 (supra párr. 96.134)[140].

 

 

Hechos específicos en relación con las presuntas víctimas y sus familiares

 

El señor Sinaí Blanco Santamaría y sus familiares

 

96.137 El señor Sinaí Blanco Santamaría nació el 22 de diciembre de 1940 y tenía 56 años al momento de su muerte. Era comerciante independiente de gasolina[141].

 

96.138 El señor Sinaí Blanco Santamaría estuvo casado con la señora Blanca Lilia Ardila Castañeda por 25 años.  Sus hijos eran Yudi Sirley Blanco Ardila, Arbey Blanco Ardila y María Isabel Blanco Ortiz[142].

 

96.139 La señora Nory Giraldo de Jaramillo fue su compañera durante 5 años. Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, hija de la señora Nory Giraldo de Jaramillo, tenía 16 años al momento de los hechos[143].

 

96.140 La señora Nory Giraldo de Jaramillo y su hija Carmen Johanna Jaramillo Giraldo dependían económicamente del señor Sinaí Blanco Santamaría. Con su muerte sufrieron pérdidas materiales[144]. La señora Nory Giraldo de Jaramillo ha trabajado de costurera y su hija abandonó los estudios y ha trabajado como vendedora en la calle[145].

 

96.141 La señora Nory Giraldo de Jaramillo y su hija Carmen Johanna Jaramillo Giraldo han tenido que desplazarse en varias ocasiones, debido a las supuestas amenazas recibidas por parte de los paramilitares[146]. Han recibido ayuda por parte de la Red de Solidaridad, la cual les dio 10 millones de pesos para comprarse un lote en Villavicencio[147].

 

96.142 El 1º de febrero de 2005 las señoras Blanca Lilia Ardila Castañeda, Yudi Sirley Blanco Ardila, María Isabel Blanco Ortiz y el señor Arbey Blanco Ardila firmaron con el Ministerio de Defensa un Acuerdo Conciliatorio Total, el cual fue aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo (supra párrs. 96.130 y 96.131).

 

 

Respecto del señor Antonio María Barrera Calle y sus familiares

 

96.143 El señor Antonio María Barrera Calle, alias “Catumare”, era comerciante y prestamista. Sus bienes incluían una finca, una residencia llamada los “Tres Amigos”, una discoteca llamada “Salsa y Amor”, una embarcación de 10 toneladas, una embarcación de 4 toneladas, una casa y un almacén[148].

 

96.144 Los familiares del señor Antonio María Barrera Calle eran su hija Viviana Barrera Cruz y los cinco hijos de ésta.  La hija y los nietos del señor Antonio María Barrera Calle dependían económicamente de él, así como del esposo de la señora Barrera[149].

 

96.145 Los paramilitares destruyeron algunos bienes del señor Barrera Calle. Al momento de la muerte del señor Antonio María Barrera Calle, su hija, Viviana Barrera Cruz, así como los hijos de ésta, vivían en Villavicencio. Actualmente ella y sus hijas menores residen en Mapiripán.  El hijo mayor de la señora Viviana Barrera Cruz sufrió amenazas por parte de paramilitares en Mapiripán, razón por la cual su madre tuvo que sacarlo del pueblo[150].

 

 

Respecto del señor Jaime Riaño Colorado sus familiares

 

96.146 El señor Jaime Riaño Colorado trabajaba la tierra[151]. 

 

96.147 El señor Jaime Riaño Colorado fue compañero de la señora Luz Mery Pinzón López por varios años. Con posterioridad a los hechos, ella ha sufrido depresión, cambio de personalidad y alteraciones en su salud[152].

 

 

Respecto de los hermanos Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López y sus familiares

 

96.148 Enrique Pinzón López nació el 15 de mayo del 1960 y tenía 37 años al momento de su muerte[153].

 

96.149 Jorge Pinzón López nació el 23 de abril del 1963 y tenía 34 años al momento de su muerte[154].

 

96.150 Luis Eduardo Pinzón López nació el 15 de septiembre del 1965 y tenía 31 años al momento de su muerte[155].

 

96.151 José Alberto Pinzón López nació el 8 de mayo del 1967 y tenía 30 años al momento de su muerte[156].

 

96.152 Los hermanos Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López trabajaban la tierra y administraban una finca. Los hermanos Pinzón López representaban el principal sustento económico de la familia, salvo de María Teresa Pinzón López[157].

 

96.153 La madre de los hermanos Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López era la señora Teresa López de Pinzón; sus hermanas eran Luz Mery, Esther, Sara Paola y María Teresa Pinzón López[158].

 

96.154 Los hermanos Pinzón López vivían con su madre, su hermana Luz Mery Pinzón López, los hijos y el compañero de ésta, a saber el señor Jaime Riaño Colorado[159].

 

96.155 La señora Luz Mery Pinzón López y sus hijos han tenido que desplazarse en varias ocasiones, debido a las amenazas recibidas por parte de los paramilitares[160].

 

96.156 La señora Teresa López de Pinzón, madre de los hermanos Pinzón López, sufrió una trombosis en 1998, la cual le ocasionó una parálisis facial y de la mitad del cuerpo.  Siguió terapias médicas y las medicinas eran costosas.  La señora López de Pinzón falleció en 2004, después de dos infartos[161].

 

96.157 La señora Luz Mery Pinzón López recibió dinero por parte del Estado para comprarse una casa.  Asimismo, el Estado les ayudó parcialmente con el pago de los gastos de salud de la señora Teresa López de Pinzón[162].

 

 

Respecto del señor Gustavo Caicedo Rodríguez y de los menores de edad Diego Armando y Hugo Fernando Martínez Contreras y sus familiares

 

96.158 El señor Gustavo Caicedo Rodríguez era agricultor y trabajaba en su propia finca, donde vivía con su familia, con excepción de su hijastra, Yur Mary Herrera Contreras, quien vivía en Bogotá. Sostenía económicamente a toda la familia[163].

 

96.159 El señor Gustavo Caicedo Rodríguez fue compañero de la señora Mariela Contreras Cruz por aproximadamente 12 años.  Sus hijos eran Maryuri y Gustavo Caicedo Contreras.  Sus hijastras son Yur Mary y Zuli Herrera Contreras, y sus hijastros eran Rusbel Asdrúbal, Hugo Fernando y Diego Armando Martínez Contreras[164].

 

*

 

96.160 Diego Armando Martínez Contreras nació el 4 de marzo de 1982 y tenía 15 años al momento de su muerte[165].

 

96.161 Hugo Fernando Martínez Contreras nació el 27 de enero de 1981 y tenía 16 años al momento de su muerte[166].

 

96.162 La madre de los hermanos Diego Armando y Hugo Fernando Martínez Contreras es la señora Mariela Contreras Cruz.  Sus hermanos eran Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, Maryuri y Gustavo Caicedo Contreras, y Yur Mary y Zuli Herrera Contreras[167].

 

*

 

96.163 Los familiares del señor Gustavo Caicedo Rodríguez y de los menores de edad Hugo Fernando y Diego Armando Martínez Contreras fueron desplazados; tuvieron que dejar en Mapiripán la tierra que tenían, el ganado y la casa con sus accesorios; anduvieron “de finca en finca” y después se fueron a Bogotá.  Al menos en dos ocasiones recibieron algún apoyo material por parte del Estado, tales como víveres (dos cobijas, dos libras de arvejas y dos de arroz) y ayuda para pagar el arriendo[168].

 

96.164 La señora Mariela Contreras Cruz sufre de enfermedades cardiacas y hepáticas[169].

 

 

Respecto del señor José Rolan Valencia y sus familiares

 

96.165 José Rolan Valencia nació el 21 de febrero del 1954 y tenía 43 años al momento de su muerte[170].

 

96.166 El señor José Rolan Valencia trabajaba en la alcaldía como administrador de la pista del aeropuerto de Mapiripán. Su familia dependía económicamente de él[171].

 

96.167 El señor José Rolan Valencia fue compañero de la señora Marina Sanmiguel Duarte por aproximadamente 14 años y fue su esposo durante casi seis meses.  Sus hijos eran Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber, todos Valencia Sanmiguel[172].

 

96.168 Los familiares del señor José Rolan Valencia han sido desplazados.  La crisis económica de la familia aumentó con el desplazamiento[173].

 

96.169 La señora Marina Sanmiguel Duarte recibió ayuda de la Red de Solidaridad, con la cual compró un lote en Villavicencio[174].

 

96.170 El 1º de febrero de 2005 los familiares del señor José Rolan Valencia firmaron con el Ministerio de Defensa un Acuerdo Conciliatorio Total, el cual fue aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta (supra párrs. 96.130 y 96.131).

 

 

Respecto del señor Álvaro Tovar Muñoz y sus familiares

 

96.171 Álvaro Tovar Muñoz trabajaba como expendedor de carnes[175].

 

96.172 El señor Álvaro Tovar Muñoz estuvo casado con la señora Beatriz Rojas Vargas.  Su hija era Yulieth Lorena Tovar Rojas. Su padre era el señor Ernesto Tovar Loaiza y su madre adoptiva era la señora María Teresa Pérez Carrillo. Sus hermanos eran Ernesto, Fatty, Ligia y Edelmira Tovar Muñoz, y Sandra Milena Tovar Pérez, Adriana Tovar Pérez[176].

 

96.173 El 1º de febrero de 2005 los familiares del señor Álvaro Tovar Muñoz firmaron con el Ministerio de Defensa un Acuerdo Conciliatorio Total, el cual fue aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta (supra párrs. 97.130 y 97.131).

 

 

 

Con respecto a los daños causados a los familiares de las presuntas víctimas y las costas y gastos

 

96.174 Los habitantes de Mapiripán estuvieron sometidos a condiciones de terror entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y la impunidad parcial existente en este caso ha causado y sigue causando sufrimiento a los familiares de las presuntas víctimas: varios de ellos presenciaron cómo los paramilitares se llevaban a sus familiares, escucharon los gritos de auxilio mientras eran torturados, se enteraron de que los cuerpos fueron arrojados al río y, en dos casos, encontraron los cuerpos torturados de éstos (supra párrs. 96.53, 96.54 y 96.55).  Asimismo, luego de los hechos de julio de 1997, la mayoría de la población de Mapiripán se desplazó del pueblo (supra párr. 96.63 y 96.64).  Todo ello ha generado un estado de miedo profundo en los familiares de las víctimas, lo cual les ha impedido volver a Mapiripán, denunciar los hechos ante las autoridades y participar en los procesos internos – sólo una de las familiares se ha constituido como parte civil en el proceso penal (supra párr. 96.103) y los familiares de sólo cuatro presuntas víctimas han iniciado procesos contencioso administrativos por los hechos (supra párrs. 96.127 a 96.129) -. Dicha situación ha determinado, además, que sólo hayan sido identificadas como ejecutadas o desaparecidas no más de veinte personas, a pesar del número aproximado de víctimas de la masacre. 

 

96.175 Los familiares de las presuntas víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales como consecuencia directa de los hechos; ha afectado su salud física y psicológica, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros[177].

 

96.176 La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han incurrido en gastos relacionados con el trámite del presente caso ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en representación de algunos de los familiares de las presuntas víctimas[178].

 

 

 

 

IX

Responsabilidad Internacional del Estado

 

97.     Alegatos del Estado

 

a)    El Estado ha reconocido su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con los hechos señalados en el literal B del Capítulo VI de la demanda presentada por la Comisión.  No obstante, teniendo en cuenta lo señalado en los fallos internos, aclara que dicha responsabilidad se deriva de la actuación irregular de sus agentes y no obedece a una política del Estado o de sus Instituciones;

 

b)    en relación con los hechos de Mapiripán, fueron condenados por la justicia ordinaria y sancionados disciplinariamente varios miembros de las fuerzas militares colombianas, siendo dichos pronunciamientos la base del reconocimiento de responsabilidad del Estado, por ser indudable que los miembros de la Fuerza Pública son agentes del Estado y por tanto sus actos por acción u omisión son atribuibles a éste. Lo que el Estado no acepta es la atribución de los actos de los grupos de autodefensa, tal como sostiene la Comisión Interamericana en la demanda. Atribuir los actos de miembros de dichos grupos de autodefensa al Estado como si fueran sus agentes y pretender generarle al Estado responsabilidad internacional por esos actos sería contrario al Derecho Internacional;

 

c)    en cuanto a la responsabilidad estatal y su atribución bajo el Derecho Internacional:

 

i.              la responsabilidad internacional surge de la violación de una obligación internacional sin importar su origen, ya sea convencional, consuetudinario u otro (como un acto unilateral de un Estado), siempre que la violación sea atribuible al Estado.  Es decir, la noción de la responsabilidad internacional tiene esos dos elementos sustanciales que deben ser concomitantes. Así lo establece la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en los artículos 2 y 4 de los Artículos sobre la Responsabilidad Estatal por Actos Ilícitos, algunos de los cuales han sido considerados por la Corte Internacional de Justicia como el Derecho Internacional general de naturaleza consuetudinaria. Como tales constituyen el derecho vigente y, como derecho consuetudinario, sólo evoluciona con la misma costumbre internacional que depende de la voluntad y práctica de los Estados y que aun en ese caso no se aplica a un Estado objetor;

ii.             la Convención establece las normas primarias, es decir, el derecho relativo al contenido y la duración de las obligaciones sustantivas del Estado, mientras que el derecho de la responsabilidad del Estado proporciona el marco general – las normas denominadas secundarias - que indican los elementos y las consecuencias de la violación de una norma primaria;

iii.            dado que la Convención Americana no desarrolla en sí misma la teoría del hecho ilícito internacional, y consecuentemente no contempla todos los aspectos que involucra el concepto de la responsabilidad internacional de los Estados, dicho instrumento no constituye lex specialis en esta materia. Solamente el artículo 63 de la Convención se refiere a un aspecto concreto de la responsabilidad, cual es la obligación de reparar o indemnizar; y

iv.           no existen normas en la Convención que desarrollen el tema de la atribución de la conducta al Estado. En consecuencia, para determinar la responsabilidad del Estado por actos de particulares es absolutamente necesario tener en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad  de los Estados, principalmente la codificación de la Comisión de Derecho Internacional y el derecho internacional consuetudinario existente sobre la materia;

 

d)    según el derecho internacional consuetudinario y la doctrina, así como de los artículos de la CDI, es un principio general que el comportamiento de particulares no es atribuible al Estado, salvo dos situaciones concretas previstas en los artículos 8 y 9 de la CDI, que son el comportamiento bajo la dirección o control efectivo del Estado y ausencia o defecto de las autoridades públicas. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (caso concerniente a las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua) y del Tribunal Penal Internacional para los Crímenes en la Antigua Yugoslavia (caso Tadic) confirma lo anterior. Otra posibilidad de atribución de la conducta de los particulares al Estado es la prevista en el artículo 11 de los Artículos de la CDI. En ese supuesto, es necesario que tanto el reconocimiento y la adopción estén presentes y la manifestación de ambos debe ser suficientemente inequívoca; es decir, más que un reconocimiento general de una situación fáctica se requiere que el Estado identifique la conducta en cuestión y la haga propia;

 

e)    en el caso de la Masacre de Mapiripán no hubo instrucción o control efectivo del Estado ni delegación de poder publico, y el Estado no reconoce ni adopta los actos criminales de los grupos de autodefensa ni en este ni en ningún otro caso. Por el contrario, su política fue vulnerada y su ley infringida por estos grupos y por algunos de sus agentes que colaboraron, así sea por omisión, en esos hechos. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que:

 

i.              los grupos de autodefensa tienen completa autonomía organizacional y  financiera, tienen una estructura con sus propios mandos y dirigentes a quienes sus miembros reconocen como la “Autoridad de la Organización”, lo cual implica el total desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas y constitucionalmente reconocidas, y los ubica por fuera de la institucionalidad del Estado en su estructura y financiamiento. Estos grupos ilegales se han trazado claros objetivos delictivos, entre ellos la confrontación, al margen de la ley, de otros grupos armados ilegales, así como el trafico ilícito de estupefacientes;

ii.             dentro de las políticas del Estado, uno de los objetivos primordiales es combatir a todos los grupos armados al margen de la ley.  Por ello, Colombia también ha sido blanco de los ataques de los grupos de autodefensa, pues entre sus víctimas se encuentran funcionarios judiciales y otros servidores públicos;

iii.            en el caso de Mapiripán, la masacre fue planeada y ejecutada por los grupos de autodefensa, que no dependen de otros para realizar sus actividades criminales. Lo mismo sucede con los grupos narco-guerrilleros, quienes igualmente cometen estos actos atroces y se desplazan por el territorio nacional sin necesidad de apoyo logístico o financiero. En ambos casos, el Estado los combate. Lo que lamentablemente se ha presentado en algunos casos es que miembros de las Fuerzas Armadas han colaborado a título individual con estos grupos de extrema derecha o izquierda; y

iv.           el Estado no debe responder por los actos de los miembros de grupos de autodefensa o de la narco-guerrilla, en los términos del derecho internacional de la responsabilidad de los Estados.  El Estado responde por la omisión de sus autoridades, las cuales estando en condiciones de proteger a la población, no lo hicieron;

 

f)    los miembros del Ejército que a título individual colaboraron con estos grupos de autodefensa, así sea por omisión y en la forma determinada en la justicia ordinaria, actuaron fuera de la ley y por ello han sido condenados a penas que oscilan entre 30 y 40 años de prisión. En el marco de su compromiso con los derechos humanos, el Estado sí reconoce su responsabilidad por cuanto algunos miembros de sus Fuerzas Armadas, quienes no obraron como la ley les ordenaba, no protegieron a la población y su omisión resultó en la violación de una obligación internacional; y

 

g)    es de anotar que, en el caso de los “19 Comerciantes vs. Colombia”, una de las consideraciones de la Corte para concluir que el Estado era responsable por omisión en ese caso, donde los actos delictivos fueron perpetrados por miembros de grupos de autodefensa, es que la legislación que inicialmente permitió la existencia de ciertos grupos estaba vigente para la época de los hechos.  En el presente caso de la Masacre de Mapiripán, esa legislación está derogada hace muchos años atrás y la conformación de estos grupos y sus actividades está criminalizada mediante los Decretos 1194 de 8 de junio de 1989 y 2256 de 1991. Tampoco es aplicable a este caso lo resuelto por la Corte en el caso Paniagua Morales y otros, señalado por la Comisión para atribuir responsabilidad al Estado, en el cual la Corte encontró responsable a Guatemala porque este Estado no contradijo que miembros de la Guardia de Hacienda fueran agentes estatales. En el presente caso, Colombia contradice enfáticamente que los miembros de los grupos de autodefensa sean sus agentes o que hayan actuado como tales.

 

 

Alegatos de la Comisión

 

98.     En relación con la responsabilidad internacional del Estado, la Comisión señaló que:

 

a)    los actos de los particulares implicados en los hechos referidos pueden ser atribuidos al Estado y, en consecuencia, comprometer su responsabilidad conforme al derecho internacional, para lo cual es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, según señalara la Corte Interamericana en el caso Paniagua Morales;

 

b)    según estableciera la Comisión en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia de 2001, el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares o de autodefensa, a quienes permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los setenta y ochenta y es responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento. Estos grupos, patrocinados o aceptados por sectores de las Fuerzas Militares, fueron en gran parte creados con el fin de combatir grupos armados disidentes. Como resultado de su motivación contrainsurgente, los paramilitares establecieron lazos con el Ejército colombiano que se fortalecieron durante más de dos décadas;

 

c)    a pesar de que el 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la normativa que daba respaldo legal a la vinculación de dichos grupos con la defensa nacional, tras lo cual el Estado adoptó una serie de medidas legislativas para criminalizar las actividades de estos grupos y de quienes los apoyen, Colombia hizo poco para desmantelar la estructura que había creado y fomentado, particularmente cuando aquellos grupos llevaban a cabo actividades de contrainsurgencia. De hecho, los lazos permanecieron a diferentes niveles, en algunos casos, solicitando o permitiendo a los paramilitares la ejecución de ciertos actos ilícitos en el entendido de que no serían objeto de investigación o juzgamiento ni sanción;

 

d)    esta situación ha llevado a la Comisión a establecer, a los efectos de la determinación de la responsabilidad internacional del Estado conforme a la Convención Americana, que en los casos en los cuales miembros de grupos paramilitares actúan con la aquiescencia o apoyo de miembros del Ejército, debe considerarse que éstos actúan como agentes estatales; y

 

e)    en el presente caso, según surge de la determinación de los hechos, existen elementos de prueba que apuntan a la participación de agentes del Estado en la preparación de la masacre, su ejecución y actos posteriores, tanto por acción como por omisión.  Por lo tanto, corresponde concluir que le son imputables a éste tanto las violaciones a la Convención Americana cometidas como resultado de los actos u omisiones de sus propios agentes, así como aquellas cometidas por particulares involucrados en la ejecución de las víctimas.

 

99.     Posteriormente, en sus alegatos finales, la Comisión señaló que:

 

a)    el 7 de marzo de 2005 el Estado se allanó a los hechos alegados en la demanda interpuesta por la Comisión.  La demanda hace referencia a una serie de actos preparatorios por parte de civiles, con la colaboración directa de miembros de la Fuerza Pública y describe los graves actos de violencia y destrucción perpetrados contra la población civil en la zona del municipio de Mapiripán, perpetrados con constantes y variados grados de colaboración y participación directa entre miembros de las AUC y agentes del Estado, en particular pertenecientes a la Fuerza Pública;

 

b)    la secuencia de hechos presentada en la demanda coincide en esencia con aquéllos referidos en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, así como con pronunciamientos posteriormente proferidos por autoridades judiciales colombianas.   En forma consistente se hace referencia a los actos preparatorios de la masacre –incluyendo el tránsito de aproximadamente 200 personas por el espacio aéreo, terrestre y fluvial de varios departamentos de Colombia— y a los actos y omisiones inmediatamente posteriores a la masacre. En términos de la responsabilidad de civiles y agentes del Estado, estos últimos tenían el deber de adoptar medidas para prevenir la masacre y, una vez consumada, de recuperar los cuerpos de las víctimas, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos ilícitos;

 

c)    los hechos reconocidos por el Estado sustentan tanto su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1 y 7.2 de la Convención Americana en perjuicio de aproximadamente 49 víctimas fatales como por la ausencia del debido esclarecimiento judicial de los hechos, la reparación de sus efectos y la consecuente violación de los artículos 8.1, 19, 22, 25 y en especial el 1.1 todos de la Convención, que aun hacen parte de la controversia; y

 

d)    el Estado ha reconocido la participación de sus agentes en actos preparatorios que, de ninguna manera, podrían haber tenido lugar sin su colaboración o aquiescencia, tales como la ausencia de los esfuerzos necesarios para socorrer a las víctimas de la violencia y el desplazamiento y la ausencia de esfuerzos destinados a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de los implicados.

 

 

Alegatos de los representantes

 

100.    En relación con la responsabilidad estatal, además de reiterar algunos de los argumentos presentados por la Comisión, los representantes señalaron que:

 

a)    la Masacre de Mapiripán corresponde a un patrón de crímenes cometidos por grupos paramilitares con la complicidad del Estado. Es decir, en Colombia existe una política estatal de auspiciar y tolerar las actividades ilícitas de grupos paramilitares, que incluye facilitar la impunidad para los responsables tras el encubrimiento y destrucción de la prueba, así como la falta de investigación. Dada la existencia de esta política, el Estado es responsable por las actuaciones de los miembros de los grupos paramilitares, de conformidad con lo establecido por la Corte en el caso Blake;

 

b)    los paramilitares colombianos han gozado históricamente del apoyo legal e institucional del Estado, incluyendo la provisión de entrenamiento, armas e inteligencia. Una de las pruebas más contundentes de la complicidad del Estado con los grupos paramilitares es el manto de impunidad que cobija los crímenes cometidos por estos grupos. La gran mayoría de paramilitares que han cometido graves violaciones de derechos humanos no han sido vinculados a una investigación; y

 

c)    si bien el Estado reconoce una serie de hechos vinculados a las violaciones de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, excluye algunas aclaraciones hechas en el escrito de los representantes y en la demanda de la Comisión, otros hechos presentados a lo largo del trámite del caso, así como otras violaciones a la Convención alegadas por los representantes. Sin duda el allanamiento estatal tiene un valor legal importante para el proceso, ya que representa el reconocimiento de hechos centrales para el establecimiento de las violaciones a dichos derechos de las víctimas y sus familiares. No obstante, dado su carácter parcial, no abarca hechos tales como los detallados acerca de las circunstancias de la muerte o desaparición de las víctimas ni el nivel de connivencia y complicidad que existió entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública al ejecutar la masacre.

 

 

Consideraciones de la Corte

 

101.    Con base en los hechos establecidos y las pruebas presentadas en el presente caso, la Corte procederá a determinar el alcance y efectos jurídicos del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado (supra párrs. 34 y 37), en el marco de la responsabilidad estatal generada por violaciones a la Convención Americana.

 

102.    Con posterioridad a dicho reconocimiento, en sus alegatos finales tanto orales como escritos el Estado señaló que su responsabilidad se deriva de la actuación irregular de sus agentes, pero no obedece a una política del Estado o de sus instituciones ni acepta la atribución de los actos de los grupos de autodefensa como si éstos fueran sus agentes. Colombia fundamentó sus manifestaciones especialmente en las reglas sobre atribución de actos contenidas en los Artículos sobre la Responsabilidad Estatal por Actos Ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas.

 

103.    Al resolver la cuestión de la responsabilidad internacional planteada por el Estado, se hace necesario recordar el carácter de la Convención Americana en el marco del Derecho Internacional, así como los principios que informan su aplicación e interpretación.

 

104.    Desde sus primeros casos, la Corte ha basado su jurisprudencia en el carácter especial de la Convención Americana en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicha Convención, así como los demás tratados de derechos humanos, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes[179].

 

105.    Esta especial naturaleza de dichos tratados y su mecanismo de implementación colectiva[180], conllevan la necesidad de aplicar e interpretar sus disposiciones, de acuerdo con su objeto y fin, de modo a asegurar que los Estados Partes garanticen su cumplimiento y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos[181].  Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales[182].

 

106. Asimismo, la Corte ha señalado, al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales[183]. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[184].  En este sentido, al interpretar la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano[185]. 

 

107.    Si bien la misma Convención Americana hace expresa referencia a las normas del Derecho Internacional general para su interpretación y aplicación[186], las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen en definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a la misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en efecto lex specialis en materia de responsabilidad estatal, en razón de su especial naturaleza de tratado internacional de derechos humanos vis-à-vis el Derecho Internacional general. Por lo tanto, la atribución de responsabilidad internacional al Estado, así como los alcances y efectos del reconocimiento realizado en el presente caso, deben ser efectuados a la luz de la propia Convención.

 

108.    En efecto, el origen mismo de dicha responsabilidad surge de la inobservancia de las obligaciones recogidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Al respecto, la Corte ha señalado que

 

[e]l artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte.  En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.

 

Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención.  En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo

 

Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno[187].

 

109.    En el mismo sentido, el Tribunal ha señalado que

 

[e]l deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes.  Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención.  Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías[188].

 

110.    Es decir, el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en “actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana”[189], y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios[190].  Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención[191], u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

 

111.    Dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Los Estados Partes en la Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona[192]. Esas obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

 

112.    La Corte ha señalado la existencia de dichos efectos de la Convención en relación con terceros en casos contenciosos[193], así como al haber ordenado medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y amenazas causados por agentes estatales y por terceros particulares[194]. En este sentido, incluso en la opinión consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte señaló que

 

[…] se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares.  Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes).  Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares[195].

 

113.    La responsabilidad estatal bajo la Convención Americana sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios, y la atribución de la misma a un Estado por actos de agentes estatales o de particulares deberá determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso.

 

114.    Asimismo, al proceder a determinar la responsabilidad internacional del Estado en el presente caso, la Corte no puede obviar la existencia de deberes generales y especiales de protección de la población civil a cargo del Estado, derivados del Derecho Internacional Humanitario, en particular del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y las normas del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional (Protocolo II). El respeto debido a las personas protegidas implica obligaciones de carácter pasivo (no matar, no violar la integridad física, etc.), mientras que la protección debida implica obligaciones positivas de impedir que terceros perpetren violaciones contra dichas personas. La observancia de dichas obligaciones resulta de relevancia en el presente caso, en la medida en que la masacre fue cometida en una situación de evidente desprotección de civiles en un conflicto armado de carácter no internacional. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha considerado que

 

[e]l artículo 4º del [Protocolo II] no sólo ordena una protección general a los no combatientes sino que, en desarrollo al artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949, consagra una serie de prohibiciones absolutas, que pueden ser consideradas el núcleo esencial de las garantías brindadas por el derecho internacional humanitario. […]

 

[el principio de] distinción entre población combatiente y no combatiente tiene consecuencias fundamentales. Así, en primer término, tal y como lo señala la regla de inmunidad del artículo 13 [del Protocolo II], las partes tienen la obligación general de proteger a la población civil contra los peligros procedentes de las operaciones militares. De ello se desprende, como señala el numeral 2º de este artículo, que esta población, como tal, no puede ser objeto de ataques militares, y quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla. Además, esta protección general de la población civil contra los peligros de la guerra implica también que no es conforme al derecho internacional humanitario que una de las partes involucre en el conflicto armado a esta población, puesto que de esa manera la convierte en actor del mismo, con lo cual la estaría exponiendo a los ataques militares por la otra parte. […] Independientemente de la situación jurídica de normalidad o anormalidad política, la sociedad civil víctima de la confrontación armada debe ser protegida por parte del Estado[196].

 

115.    Las obligaciones derivadas de dicha normativa internacional deben ser tomadas en cuenta, según lo dispuesto en el artículo 29.b) de la Convención, pues quienes se hallan protegidos por el régimen de dicho instrumento no pierden por ello los derechos o facultades que ya tengan conforme a la legislación del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, sino se complementan o integran para precisar su alcance o determinar su contenido. Si bien es claro que la atribución de responsabilidad internacional bajo las normas de Derecho Internacional Humanitario no puede ser declarada, como tal, por este Tribunal[197], dichas normas son útiles para la interpretación de la Convención[198], al establecer la responsabilidad estatal y otros aspectos de las violaciones alegadas en el presente caso. Esas normas estaban vigentes para Colombia al momento de los hechos, como normativa internacional de la que el Estado es parte[199] y como derecho interno[200], y han sido declaradas por la Corte Constitucional de Colombia como normas de jus cogens, que forman parte del “bloque de constitucionalidad” colombiano y que son obligatorias para los Estados y para todos los actores armados, estatales o no estatales, que participen en un conflicto armado[201].

 

116.    En el presente caso, los actos cometidos por el grupo de paramilitares contra las víctimas son parte de los hechos reconocidos por el Estado, por encontrarse contenidos en el literal B del capítulo VI de la demanda interpuesta por la Comisión (supra párrs. 34, 37 y 96.29 a 96.47), a saber:

 

a)    según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano permitió el aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar ningún tipo de control, registro o anotación (supra párrs. 96.30 y 96.31);

b)    el Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán. Los paramilitares fueron transportados desde el aeropuerto en dos camiones tipo “reo” de los que usualmente utiliza el Ejército, los cuales fueron autorizados para acceder a la pista ante una llamada efectuada por una persona que se identificó como oficial del Batallón “Joaquín París”.  Los camiones se dirigieron a un paraje cercano a la llamada “Trocha Ganadera” que conduce al llano y selva adentro.  En la carretera, se les unieron paramilitares de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, pasando por “El Barrancón” –donde se encontraban la Brigada Móvil II y la Infantería de Marina– continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al río Guaviare, frente a Mapiripán (supra párr. 96.32);

c)    los miembros del grupo paramilitar transitaron sin ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil II (supra párr. 96.32). La colaboración entre los miembros del Ejército y las AUC involucró el suministro de pertrechos y comunicaciones a los paramilitares (supra párr. 96.35);

d)    la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó a facilitar el ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad (supra párr. 96.43);

e)    la Fiscalía General de Nación determinó que, no obstante, ante el arribo de las AUC, se dispuso la movilización de las tropas del Batallón “Joaquín París” desde San José de Guaviare hacia otras localidades, dejando desprotegidas a las poblaciones de dicho lugar y de Mapiripán. El Teniente Coronel Orozco Castro declaró que cuando se hizo necesario enviar fuerzas militares a Mapiripán, éstas estaban desplegadas en otras localidades tales como Puerto Concordia, el Retorno y Calamar. A su vez, el 15 de julio de 1997 se dispuso la movilización de las últimas compañías del Batallón Joaquín París hacia Calamar, a pesar de que no existía confirmación sobre incidentes de perturbación del orden público en este lugar.  La movilización de las tropas del Ejército fue injustificada y se basó en conjeturas o simples contingencias (supra párr. 96.38);

f)    según la Fiscalía General de la Nación, las omisiones de la VII Brigada no fueron un simple incumplimiento de su deber legal de controlar la zona, sino que involucró “abstenciones en necesaria connivencia con la agrupación armada ilegal, así como en actitudes positivas eficaces tendientes a que los paramilitares lograran su propósito, pues indudablemente sin ese concurso no hubieran logrado actuar” (supra párr. 96.44);

g)    miembros del Ejército habrían adoptado medidas tendientes a encubrir los hechos (supra párr. 96.45); y

h)    las omisiones de la VII Brigada se extendieron a la falta de colaboración con las autoridades judiciales que intentaron llegar al lugar de los hechos (supra párr. 96.46).

 

117.    Al respecto, es pertinente observar lo resuelto por los tribunales internos en cuanto a la responsabilidad penal de algunos miembros de las Fuerzas Armadas implicados en los hechos del presente caso. Al considerar el carácter de las acciones y omisiones en que incurrieron algunos de dichos agentes, en la sentencia que resuelve la acción de tutela interpuesta en relación con el conflicto de competencias entre las jurisdicciones penal militar y penal ordinaria planteada en este caso, la Corte Constitucional de Colombia señaló lo siguiente:

 

[…] si una persona tiene dentro de su ámbito de competencia deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos, en el juicio de imputación es totalmente accesorio precisar si los quebrantó mediante una conducta activa […] o mediante una omisión […]. En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. […]

 

[…] las Fuerzas Militares, así como la Policía Nacional, tienen una posición de garante derivada de su obligación de cumplir deberes irrenunciables en un Estado social de derecho. El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (C.P. art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. Tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber –irrenunciable- de proteger.

 

Respecto de dicho deber, las fuerzas armadas ocupan un lugar primordial. En efecto, parte esencial del respeto por los derechos constitucionales se edifica sobre la obligación del Estado en proteger a los titulares de tales derechos contra las violaciones a los mismos por los particulares. La defensa de los derechos no se limita a la abstención estatal en violarlos. Comporta como se ha indicado, enfrentar a los agresores de tales derechos. […]

 

Los hechos conocidos como la masacre de Mapiripán constituyen uno de los momentos más tristes de la historia colombiana.  La situación de terror a la cual fue sometida la población de Mapiripán, los actos atroces de tortura general e individual, degradación de la condición humana y homicidios, son conocidos por la opinión pública.  En los antecedentes de esta sentencia se […] da cuenta, en forma sintética – más no por ello, carente de suficiente capacidad descriptiva –, de las conductas realizadas en dicha zona del país, clasificadas como actos totalmente ajenos a cualquier sentimiento mínimo de humanidad.

 

Los relatos denotan la inusitada gravedad de los hechos, degradadores de manera absoluta del principio de dignidad humana y abiertamente contrario a la Constitución, además de su clarísima nota violatoria de los derechos constitucionales fundamentales de los asociados.  Estas conductas, conforme a la jurisprudencia antes analizada, únicamente pueden ser objeto de investigación por parte de la jurisdicción ordinaria, por cuanto no guardan relación alguna con la misión propia de los integrantes de las fuerzas militares.  En efecto, si los dos miembros de la Fuerza Pública tenían una posición de garante, que los obligaba a proteger la población, al imputárseles por omisión (comisión por omisión) las graves violaciones a los derechos humanos, es claro que se trata de un comportamiento que no tiene relación con el servicio.

 

Las anteriores consideraciones deberían bastar para que se hubiera dispuesto que la Fiscalía General de la Nación debía mantener la competencia para investigar la responsabilidad del Brigadier General Uscátegui  y del Teniente Coronel Orozco.  Sin embargo, estos oficiales no participaron directamente en tales actos de barbarie, sino que fueron vinculados la proceso penal por supuestas conductas omisivas. […]

 

Cuando se tiene una posición de garante no se desprende una relación directa con el servicio, porque se imputa directamente el resultado lesivo (el delito de lesa humanidad) y no una simple omisión en el ejercicio del cargo.

 

Como se ha destacado antes, en Mapiripán se violó de manera flagrante el deber de respeto por la dignidad humana, por parte de un grupo que disputa el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado.  Es decir, se violaron los principios fundamentales del orden constitucional, cuya preservación estaba encargada a los investigados.  Su posición de garante les exigía intervenir para evitar la ocurrencia de los hechos degradadores de la humanidad y perseguir a los usurpadores del poder estatal.  Debido a las gravísimas consecuencias derivadas de su omisión, no puede considerarse que exista relación alguna con el servicio.

 

El precedente de la Corte Constitucional en materia de competencia de la justicia penal militar es rigurosa en señalar que únicamente si no existe duda sobre la relación entre el servicio y el acto investigado, es posible asignar competencia a la justicia penal militar.  En el presente caso, no es posible sostener que no existe duda. Por el contrario, la calidad de garante impide catalogar la omisión como un acto relacionado con el servicio[202].

 

118.    Esta resolución de la Corte Constitucional de Colombia sirvió luego de base para que el Consejo de la Judicatura ordenara remitir el proceso a la jurisdicción penal ordinaria y para que la Fiscalía General de la Nación anulara lo actuado en la jurisdicción penal militar y formulara acusación contra miembros de las Fuerzas Armadas y contra paramilitares involucrados en los sucesos, calificando su grado de participación como autores y como cómplices de los hechos, según correspondiera (supra párrs. 96.109 a 96.115 e infra párr. 203). Es decir, de las decisiones de las autoridades judiciales también se desprende que las acciones de dichos agentes estatales constituyeron verdaderos actos de colaboración, y no sólo omisiones, como lo sostuvo el Estado ante este Tribunal. En efecto, en la sentencia dictada el 15 de febrero de 2005 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (supra párr. 122), mediante la cual confirma la condenatoria proferida contra tres militares como coautores y cómplices por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir, así como contra tres paramilitares, como autores de dichos delitos, en sus consideraciones previas a calificar la conducta de los “ex militantes de las Fuerzas Armadas” dicha Sala Penal señaló:

 

Independientemente del compromiso penal que la investigación dedujo a cada uno de los integrantes de la fuerza pública involucrados en este proceso, inevitable resulta a la Sala destacar hecho tangible que a lo largo del proceso se revela determinante de los acontecimientos que aquí se investigaron: el nexo que en definitiva debe afirmarse entre los elementos de las AUC que operaban en la región de San José del Guaviare y algunos miembros del Ejército Nacional acantonados allí.  Alianza desafortunada que se postula desde un comienzo como única explicación y en la relación causa-efecto del insólito traslado en avión de los integrantes de las AUC del Urabá antioqueño a San José del Guaviare y su libre movilización hasta Mapiripán.

 

Primero que todo, la más elemental lógica enseña que ninguna organización al margen de la ley, sin las garantías que dispensen un desplazamiento seguro y libre, va a enviar a docenas de sus hombres en dos aviones llevando armas y pertrechos en cajas que en condiciones diferentes, necesariamente serían revisadas por las autoridades existentes en el aeropuerto de destino y aprehendidos sus portadores.

 

Fueron dos aviones comerciales […] que por su tamaño llamaban la atención y contrastaban con los livianos que llegaban a un aeropuerto igualmente pequeño como lo es el de San José del Guaviare. Además que no fueron requisados por ninguna autoridad en el aeropuerto, ni se documentó registro alguno de su llegada, inaudito también que en la misma pista sus ocupantes abordaran camiones cargando sus cajas con armas y material bélico, salieran del aeropuerto y sortearan las pesquisas y registros de un retén militar y otros puestos de control ubicados a pocos minutos del aeropuerto, pasaran frente al Batallón Joaquín París y cerca de la Brigada Móvil No. 2, sin ningún inconveniente.  Significa todo ello que su llegada en avión y su movilización indemne hasta Mapiripán, estaban aseguradas por la misma autoridad encargada de la vigilancia y control en todo ese iter territorial, y en este sentido la sensatez y la ponderación racional no puede cerrar los ojos a la evidencia conforme se apreciará en el desarrollo del análisis de rigor[203].

 

119.    Además, la Corte tiene presente que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado numerosos casos en Colombia en que se ha demostrado la vinculación entre servidores públicos y los grupos paramilitares en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos.  En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Según el informe de 1997, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes.  Aunado a lo anterior, en sus informes la Alta Comisionada hace constante referencia a la impunidad de las violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario cometidas por los paramilitares y la connivencia entre estos grupos y la fuerza pública, como consecuencia de procesos penales y de investigaciones disciplinarias abiertos en su contra que no desembocan en el establecimiento de responsabilidades ni en las correspondientes sanciones (supra párr. 96.20). Específicamente en relación con lo acontecido en Mapiripán, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que los detalles de los casos denunciados ante la Oficina en Colombia sugieren que los hechos no hubieran podido realizarse sin esa aquiescencia, apoyo o complicidad.”  Aparte del testimonio de los testigos y las observaciones de la Comisionada misma, el Defensor del Pueblo también reconoció que los paramilitares “se ha[bía]n convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública, para la cual ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer”[204].

 

120.    En el presente caso, Colombia reconoció la violación de obligaciones internacionales convencionales por “los hechos de julio de 1997” en Mapiripán, pero posteriormente objetó la atribución al Estado de actos de los paramilitares que ejecutaron dicha masacre. La Corte observa que, si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de éstas de las zonas. Ciertamente no existen pruebas documentales ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese una relación de dependencia entre el Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, al analizar los hechos reconocidos por el Estado, surge claramente que tanto las conductas de sus propios agentes como las de los miembros de grupos paramilitares son atribuibles a Colombia en la medida en que éstos actuaron de hecho en una situación y en zonas que estaban bajo el control del Estado. En efecto, la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con pleno conocimiento, previsiones logísticas y la colaboración de las Fuerzas Armadas, quienes facilitaron la salida de los paramilitares desde Apartadó y Necoclí y su traslado hasta Mapiripán en zonas que se encontraban bajo su control y dejaron desprotegida a la población civil durante los días de la masacre mediante el traslado injustificado de las tropas a otras localidades (supra párrs. 96.30 a 96.39, 96.43 y 116).

 

121.    La colaboración de miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares se manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones destinadas a permitir la realización de la masacre y a encubrir los hechos para procurar la impunidad de los responsables. En otras palabras, las autoridades estatales que conocieron las intenciones del grupo paramilitar de realizar una masacre para infundir temor en la población, no sólo colaboraron en la preparación para que dicho grupo pudiera llevar a cabo estos actos delictuosos, sino también hicieron parecer ante la opinión pública que la masacre fue perpetrada por el grupo paramilitar sin su conocimiento, participación y tolerancia, situaciones que están en contradicción con lo ya acreditado en los hechos probados y reconocidos por el Estado (supra párrs. 34, 96.29 a 96.47).

 

122.    Asimismo, toda vez que su responsabilidad internacional por violaciones de la Convención Americana ha sido parcialmente reconocida, no podría el Estado excluir válidamente del contenido de su declaración algunos de los extremos reconocidos. De tal manera, la pretensión del Estado de que no se le considere responsable por los actos cometidos por los paramilitares o grupos de autodefensa en la masacre de Mapiripán no puede ser aceptada, pues ello implicaría vaciar de contenido el reconocimiento previamente formulado y caer en una contradicción sustancial con algunos de los hechos que ha reconocido.

 

123.    En síntesis, una vez establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con ese grupo de paramilitares al perpetrar la masacre cometida con base en el reconocimiento estatal de los hechos y en el conjunto de pruebas allegadas al expediente, la Corte ha llegado a la conclusión de que la responsabilidad internacional del Estado se ha generado por un conjunto de acciones y omisiones de agentes estatales y de particulares realizadas en forma coordinada, paralela o concatenada con el propósito de perpetrar la masacre. En primer lugar, dichos agentes colaboraron en forma directa e indirecta en los actos cometidos por los paramilitares y, en segundo lugar, incurrieron en omisiones en su deber de protección de las víctimas contra dichos actos y en su deber de investigar éstos efectivamente, todo lo cual ha desembocado en violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención.  Es decir, puesto que los actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del presente caso no pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, la atribución de responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el incumplimiento de sus obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones inter-individuales.

 

*

*        *

 

124.    Con base en las consideraciones anteriores, este Tribunal otorga plenos efectos al reconocimiento parcial de responsabilidad (supra párrs. 34 y 37), en cuyos términos el Estado es responsable

 

[…] por la violación de los artículos 4(1), 5(1) y [5](2), y 7(1) y [7](2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los hechos ocurridos en Mapiripán en julio de 1997.

 

125.    En tales términos, la Corte analizará en los siguientes capítulos los puntos del fondo y las respectivas reparaciones respecto de los cuales ha quedado abierta la controversia sobre la responsabilidad del Estado, a saber la alegada violación de:

 

a)            el artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas de la masacre;

 

b)            los artículos 8 y 25 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas;

 

c)            el artículo 22 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas que se vieron desplazadas como consecuencia de la masacre; y

 

d)            el artículo 19 de la Convención en perjuicio de los niños y las niñas presuntas víctimas en el presente caso.

 

 

X

Artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana

en relación con el artículo 1.1 de la misma

(Derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal)

 

 

Consideraciones de la Corte

 

126.    El artículo 4.1 de la Convención dispone que

 

[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

 

127.    El artículo 5.1 y 5.2 de la Convención establece:

 

1.         Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

 

2.         Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

 

128.    El artículo 7 de la Convención dispone:

 

1.         Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

 

2.         Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

 

3.         Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

 

4.         Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

 

5.             Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.  Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

 

6.             Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

 

129.    El Estado ha reconocido su responsabilidad por la violación de dichos artículos de la Convención Americana en relación con los hechos de julio de 1997 (supra párrs. 34, 96.29 a 96.47). No obstante, en el presente capítulo la Corte considera indispensable hacer algunas precisiones respecto de ciertos puntos relacionados estrechamente con el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, así como determinar si el Estado es responsable por la alegada violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas.

 

 

a)    Las víctimas de las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.

 

130.    El Tribunal observa que, en los propios términos del reconocimiento de responsabilidad estatal, “los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare” (supra párr. 96.39).

 

131.    En su escrito de alegatos finales, el Estado señaló que había reconocido expresamente su responsabilidad internacional por la violación de dichos artículos de la Convención, pero especificó que lo hacía “frente a quienes aparecen en [dicho escrito] como víctimas probadas e igualmente frente a quienes prueben de conformidad con el derecho interno la condición de tales”. El Estado indicó que las víctimas identificadas en los pronunciamientos penales y disciplinarios en firme son las siguientes:

 

[…] en las sentencias penales se reconocen como víctimas en Mapiripán a Sinaí Blanco, a José Roland Valencia y a un cadáver identificado como N.N.; y en el corregimiento de La Cooperativa se reconocen como víctimas a Antonio María Barrera, Agustín N., Álvaro Tovar Morales, Jaime Pinzón y Raúl Morales.

 

En el fallo disciplinario se señalan como víctimas mortales a Pacho N.N. y a un N.N. de sexo masculino, y como secuestrados de quien no se conoce aún su paradero a Antonio María Barrera Calle, conocido como “Catumare”, y a Nelson N.N. Como víctimas en el corregimiento de La Cooperativa se reconocen como víctimas a Alvaro Tovar Morales, Jaime Pinzón, N.N. Morales y Teresa N.N.

 

132.    Ante los alegatos del Estado, la Corte debe determinar quiénes son víctimas de las violaciones a estos derechos; es decir, si todas las personas ejecutadas son víctimas de las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.

 

133.    La Corte observa que al momento de efectuar dicho reconocimiento el Estado aceptó expresamente que, a pesar de ser aún indeterminado, fueron aproximadamente 49 las víctimas ejecutadas o desaparecidas. En su escrito de alegatos finales, el Estado pretendió limitar el número de víctimas a sólo 12 personas, de las cuales individualiza únicamente a 6 de ellas, lo cual es inconsistente e incompatible con el reconocimiento de responsabilidad efectuado ante este Tribunal. Además, la Corte ha tenido por demostrada la existencia de más víctimas, a saber, Gustavo Caicedo Rodríguez, Diego Armando Martínez Contreras, Hugo Fernando Martínez Contreras, Jaime Riaño Colorado, Omar Patiño Vaca, Eliécer Martínez Vaca, Enrique Pinzón López, Jorge Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, José Alberto Pinzón López, Edwin Morales, Uriel Garzón, Ana Beiba Ramírez y Manuel Arévalo, quienes han sido individualizadas y que el Estado no incluye en dicha manifestación (supra párrs. 96.51 y 96.52 e infra párr. 254). En el mismo sentido, no es aceptable la pretensión del Estado de limitar las víctimas del presente caso a las personas identificadas “en los pronunciamientos penales y disciplinarios en firme” y “a quienes prueben de conformidad con el derecho interno la condición de tales”. De conformidad con el principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda), el Estado no puede válidamente oponer razones de orden interno para dejar de atender la responsabilidad internacional ya reconocida ante este Tribunal[205].

 

134.    Además, en relación con la violación del derecho a la libertad personal, existen elementos de prueba para determinar que las víctimas fueron asesinadas previa reducción a un estado de indefensión e inferioridad:

 

[…] la indefensión hace relación a la cercanía de medios para su defensa y ello puede observarse en la mordaza impuesta a uno de los cadáveres, al igual que en las ligas de caucho y el nailon hallado en las extremidades superiores, signos manifiestos de impotencia a la que fueron reducidas las personas previa eliminación[206].

 

135.    Al respecto, el señor Leonardo Iván Cortes Novoa, quien fungía como juez en Mapiripán y estuvo presente al momento de los hechos, declaró:

 

Todas las noches yo miraba pasar gente secuestrada, con las manos amarradas atrás y amordazadas en la boca, para ser cruelmente asesinadas, en el matadero municipal de Mapiripán, escuchábamos todas las noches gritos de personas que estaban siendo torturadas y asesinadas pidiendo auxilio, son pocos los vecinos del matadero los que quedaron en el pueblo evadiendo dar testimonio de esta masacre porque como es lógico, ellos […] saben que si hablan pueden ser asesinados[207].

 

136.    El propio modus operandi de los hechos del caso permiten inferir que, antes de ser ejecutadas, las víctimas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y objeto de tortura o graves tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los signos de tortura y las condiciones en que algunos familiares y testigos encontraron algunos de los cadáveres revelan no sólo la atrocidad y barbarie de los hechos, sino también que, en la menos cruel de las situaciones, las víctimas fueron sometidas a graves torturas psicológicas al presenciar las ejecuciones de otras personas y al prever su fatal destino, al verse sometidas a las condiciones de terror ocurridas en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

 

137.    Sería incoherente limitar la determinación de las víctimas a lo establecido en los procesos penales y disciplinarios en este caso, en el cual es precisamente la mayoría de víctimas las que no han sido identificadas, producto del propio modus operandi de la masacre y de las graves faltas al deber de protección por parte del Estado (supra párrs. 96.43 a 96.47 y 116 a 123).  Esa falta de identificación es, a su vez, uno de los elementos trascendentales para evaluar la falta de efectividad de las investigaciones y procesos internos en el presente caso (infra párrs. 216 a 240). Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención (infra párrs. 195 a 241), una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso.

 

138.    En consecuencia, y en los términos del reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de cierto número de víctimas – que el propio Estado mencionó como “aproximadamente 49” –, de las cuales han sido individualizadas los señores José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría, Antonio María Barrera Calle, Álvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón, Raúl Morales, Edwin Morales, Manuel Arévalo, Hugo Fernando Martínez Contreras, Diego Armando Martínez Contreras, Omar Patiño Vaca, Eliécer Martínez Vaca, Gustavo Caicedo Rodríguez, Enrique Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, Jorge Pinzón López, José Alberto Pinzón López, Jaime Riaño Colorado y Uriel Garzón y la señora Ana Beiba Ramírez.

 

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*        *

 

139.     En su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes indicaron que el Estado violó los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aunque no fundamentaron dicho alegato ni lo reiteraron en sus alegatos finales orales y escritos. La Corte observa que los hechos alegados son analizados a la luz de los artículos 5, 8.1 y 25 de la Convención (supra párrs. 130 a 138 e infra párrs. 195 a 241).

 

 

b)    Violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas

 

140.    Tanto la Comisión como los representantes alegaron la violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas.  Al respecto manifestaron que éstos han sufrido el impacto psicológico y han padecido un profundo pesar y angustia como consecuencia directa de las circunstancias de la masacre; de haber estado presentes al momento en que las víctimas fueron detenidas por hombres fuertemente armados; de haber encontrado los cadáveres mutilados de algunas de estas personas; de la desaparición forzada y la falta de oportunidad de dar a sus familiares una sepultura acorde con sus tradiciones, valores o creencias; de haber sido desplazados; de la falta de actuación e investigación estatal para sancionar a los responsables y de que la masacre no ha sido objeto de una investigación inmediata y efectiva, lo cual sigue teniendo un impacto directo en su seguridad y estado mental.  Asimismo, alegaron que el Estado no ha adoptado medida alguna para proteger a dichos familiares de hostigamientos y agresiones, lo cual les ha generado sentimientos de profunda inseguridad y angustia.

 

141.    Como se ha mencionado, el Estado no incluyó a los familiares de las víctimas en su reconocimiento de responsabilidad, razón por la cual la Corte entrará a considerar si, en el presente caso, el Estado incurrió en violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de éstos.

 

142.    La Corte tuvo por probado que los habitantes de Mapiripán estuvieron sometidos a condiciones de terror entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Varios de ellos presenciaron cómo los paramilitares se llevaban a sus familiares, escucharon los gritos de auxilio mientras eran torturados, se enteraron y fueron testigos de que los cuerpos fueron arrojados al río y, en dos casos, encontraron el cuerpo torturado de aquéllas.  De los hechos del caso se evidencia el profundo miedo, sufrimiento y dolor padecidos por los familiares de las víctimas, como resultado de los actos y el nivel de atrocidad a los cuales fueron sometidas éstas. Esta situación surge de las propias palabras de algunos de los familiares de las víctimas que rindieron su declaración en el proceso ante este Tribunal:

 

a)    Carmen Johanna Jaramillo:

 

Cuando me acerqué yo lo conocí, yo le conocí el buzo que llevaba y todo, era mi papá. Yo me senté a su lado y perdí noción de todo, casi me vuelvo loca, lo iban a tapar, yo decía no lo tapen que el se va a despertar. Yo me agaché a su lado y levanté su cabeza en mis piernas, y tenía la garganta cortada. Mi papá tenía cortaduras en la carita, lo habían amarrado con un nylon negro, yo dije “¿por qué lo amarraron si él no era malo?”. Me quedé con él llorando por tres horas hasta que me sacaron del lugar. Yo no lo podía creer, él era muy bueno, ayudaba a la gente que no tuviera que comer […]. Lo mataron dizque porque era colaborador de la guerrilla. Lo íbamos a sacar pero no dejaron. Los paramilitares decían que donde matan una persona ahí se queda […][208].

 

b)    Maryuri Caicedo Contreras:

 

Cuando volteamos preguntaba dónde estaba mi papá y mis hermanos, y no estaban más atrás. La gente salía de las casas y lloraba, le dijeron a mi mamá que no vuelva porque la podían matar a ella y a sus hijos. Mi mamá lloraba, empezamos a buscarlos, fuimos a buscarlos por el lado del río. Vi gente tirada en el río, vi unas personas que sólo tenían el cuerpo, pero no tenían ni manos, ni cuerpo, ni cabeza. Lo buscábamos por todos lados y no lo encontramos[209].

 

c)    Nadia Mariana Valencia Sanmiguel:

 

Según la gente, a mi papá lo habían degollado, habían jugado fútbol con la cabeza de mi papá, y que su cabeza estaba a diez metros del cuerpo.[…] Yo sólo vi una pierna de mi papá cuando él iba pasando en una camioneta[210].

 

d)    Mariela Contreras Cruz:

 

[H]ay mucha gente desaparecida y [por] eso no se encontraban los cuerpos sino pedazos y me enteré por comentarios de las viudas y huérfanos. […] había una señora que le decían María y apodaban la Guajira y ella perdió toda la familia, […] y también sé de la señora María Bustos ella perdió dos hermanos […]. La gente comentaba que habían desocupado el pueblo[, que] acabaron con todo el mundo[211].

 

143.    Luego de los hechos de julio de 1997, la mayoría de la población de Mapiripán se desplazó del pueblo; muchos de los familiares se vieron forzados a desplazarse internamente en Colombia y, desde entonces, muchos de ellos han sufrido graves condiciones de vida (supra párr. 96.63 e infra párrs. 169 a 189). Los hechos del caso han generado un profundo estado de miedo, angustia e impotencia en los familiares de las víctimas, lo cual les ha impedido volver a Mapiripán, denunciar los hechos ante las autoridades y participar en los procesos internos. Prueba de ello es que sólo consta que uno de los familiares se ha constituido como parte civil en el proceso penal y que los familiares de sólo cuatro víctimas ejecutadas o desaparecidas han iniciado procesos contencioso administrativos. Dicha situación ha sido determinante, además, para que sólo hayan sido identificados los familiares de algunas de las víctimas de la masacre.

 

144.    Los familiares de las víctimas han sufrido daños como consecuencia de la desaparición y ejecución de las mismas, por la falta de apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda de los desaparecidos y el miedo a iniciar o continuar con las búsquedas de sus familiares ante posibles amenazas. Puesto que la mayoría de víctimas se encuentra desaparecida, los familiares no han contado con la posibilidad de honrar apropiadamente a sus seres queridos fallecidos. Todo lo anterior, además de haber afectado su integridad física y psicológica, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros (supra párrs. 96.141, 96.145 y 96.175).

 

145.    En el presente caso, no ha habido una investigación completa y efectiva sobre los hechos de julio de 1997, como se analizará en este capítulo y en la sección correspondiente a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana (infra párrs. 195 a 241). En otros casos, tal ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares[212]. Debido a la impunidad parcial, los familiares han sufrido una profunda ansiedad frente a la posibilidad de enfrentar hostilidades si regresaran a Mapiripán. 

 

146.    Más allá de lo anterior, en un caso como el de la masacre de Mapiripán, la Corte considera que no se necesita prueba para demostrar las graves afectaciones a la integridad psíquica y emocional de los familiares de las víctimas. Además, el hecho de que las mismas circunstancias del caso hayan impedido a las autoridades nacionales, así como a este Tribunal, contar con mayor información sobre otros familiares de las víctimas, hacen razonable presumir que todos éstos, identificados y no identificados, sufrieron las circunstancias extremas de la masacre o las consecuencias de ésta. Así, la Corte estima que los familiares de las víctimas individualizados en este proceso (supra párrs. 96.137 a 96.173), así como los que no lo han sido, deben ser considerados a su vez como víctimas de la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado.

 

 

XI

Artículo 19 de la Convención Americana

en relación con los artículos 4.1, 5.1, 22.1 y 1.1 de la misma

(Derechos del niño)

 

Alegatos de la Comisión

 

147.    La Comisión Interamericana no alegó la violación del artículo 19 de la Convención Americana en la demanda. No obstante, en sus alegatos finales la Comisión señaló que “los hechos reconocidos por el Estado sustentan tanto su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4(1), 5(1) y (2) y 7 (1) y (2) de la Convención Americana en perjuicio de aproximadamente 49 víctimas fatales […] como por la ausencia del debido esclarecimiento judicial de los hechos, la reparación de sus efectos y la consecuente violación de los artículos 8(1), 19, 22, 25 y en especial el 1(1), que aún hacen parte de la controversia.

 

 

Alegatos de los representantes:

 

148.    En relación con el artículo 19 de la Convención Americana los representantes señalaron que:

 

a)      las medidas de protección que la condición de menor de edad requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado deben ser garantizadas sin discriminación y deben emplearse con mayor eficiencia en casos en los que los niño/as se encuentran en una situación adicional de vulnerabilidad.  Además, el alcance de dichas medidas de protección debe entenderse de manera integral y exige tanto obligaciones positivas como negativas por parte del Estado;

 

b)      de acuerdo con la Convención Americana, así como con otros instrumentos internacionales, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para los niños y niñas en conflictos armados.  En el presente caso no lo ha hecho, ya que se requería una protección especial a los menores de edad Hugo Fernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras.  Al momento de los hechos eran doblemente vulnerables por su situación de niñez y porque se encontraban en un conflicto armado;

 

c)       los agentes actuaron de manera deliberada al sustraer a los niños y al no haber realizado ninguna diligencia para retornar y reunificar a estos con su familia;

 

d)      de los 19 familiares nombrados en este litigio, 9 eran menores cuando ocurrieron los hechos. El desarrollo de estos niños se vio gravemente afectado por su desplazamiento, al tener que dejar el estudio para empezar a trabajar o encargarse del cuidado de sus hermanos menores o al tener que separarse de la familia por el estudio, al aguantar hambre, al carecer de atención medica o una casa adecuada, entre otras situaciones, que constituyen violaciones de los derechos del niño. De acuerdo con la Convención, así como con otros instrumentos internacionales, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para los niños y niñas. Colombia incumplió este deber al no prevenir el desplazamiento, no proteger los/as niños/as durante el desplazamiento, no otorgar asistencia humanitaria adecuada, al no asegurar su retorno, reasentamiento o reintegración en condiciones dignas y seguras; y

 

e)      hasta la fecha las víctimas viven con temor y en situaciones de extrema precariedad. Pese a los deberes que el Estado tiene frente este grupo de mujeres y niños, las familias no han logrado la dignidad y seguridad de que gozaron antes de la masacre y el desplazamiento.

 

 

Alegatos del Estado

 

149.    El Estado no hizo referencia al artículo 19 de la Convención Americana.

 

 

Consideraciones de la Corte

 

150.    El artículo 19 de la Convención Americana establece que

 

[t]odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

 

151.    Los representantes alegaron que el Estado había incurrido en violación del artículo 19 de la Convención, lo cual no forma parte del reconocimiento estatal. En el presente caso, los niños Hugo Fernando y Diego Armando Martínez Contreras fueron ejecutados en la masacre y otros la presenciaron.  Además, muchos de los familiares de las víctimas desplazados eran niños y niñas al momento de los hechos y al sufrir las consecuencias del desplazamiento interno al que se vieron forzados.

 

152.    El Tribunal considera que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños y niñas, quienes “tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”[213].  El artículo 19 de la Convención Americana debe entenderse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial[214].  En esta materia, rige el principio del interés superior de los mismos, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”[215].

 

153.    El contenido y alcances del artículo 19 de la Convención Americana deben ser precisados, en casos como el presente, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño[216], en particular de sus artículos 6, 37, 38 y 39, y del Protocolo II a los Convenios de Ginebra, ya que estos instrumentos y la Convención Americana forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que los Estados deben respetar[217]. Aunado a lo anterior, en aplicación del artículo 29 de la Convención, es considerable lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Colombia[218]. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que

 

El numeral 3º del artículo 4º del [Protocolo II] confiere un tratamiento privilegiado a los niños, con el fin de darles el cuidado y la ayuda que éstos necesitan, sobre todo en relación con la educación y la unidad familiar. Igualmente se señala que los menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades. La Corte considera que esa protección especial a los niños armoniza plenamente con la Constitución, puesto que no sólo ellos se encuentran en situación de debilidad manifiesta (CP art. 13) frente a los conflictos armados sino que, además, la Carta confiere prevalencia a los derechos de los niños (CP art. 44) […][219]. 

 

154.    Asimismo, los artículos 38 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño disponen:

 

Artículo 38

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. […]

 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

 

Artículo 39

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: […] tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

 

155.    La Corte considera necesario llamar la atención sobre las particulares consecuencias que la brutalidad con que fueron cometidos los hechos han tenido en los niños y las niñas en el presente caso, en el cual, inter alia, han sido víctimas de la violencia en situación de conflicto armado, han quedado parcialmente huérfanos, han sido desplazados y han visto violentada su integridad física y psicológica.

 

156.    La especial vulnerabilidad por su condición de niños y niñas se hace aún más evidente en una situación de conflicto armado interno, como en el presente caso, pues son los menos preparados para adaptarse o responder a dicha situación y, tristemente, son quienes padecen sus excesos de forma desmesurada. La Corte, citando la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ha considerado que

 

[d]eben reforzarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y protección de los niños, en particular las niñas, […] los niños refugiados y desplazados, [y] los niños en situaciones de conflicto armado […][220].

 

157.    En el mismo sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha manifestado que “la población infantil colombiana padece con mayor rigor las consecuencias del conflicto armado interno”[221]. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación debido a que “los efectos directos del conflicto armado [en Colombia] tienen consecuencias negativas muy importantes en el desarrollo de los niños y obstaculizan grandemente el ejercicio de muchos de los derechos de la mayoría [de éstos] en el Estado Parte”[222]. En particular, el conflicto armado constituye una “amenaza […] para la vida de los niños, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas cometidas por […] grupos paramilitares”[223]. Asimismo, el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados ha considerado que los niños y las niñas que han sido expuestos a “violencia y matanzas, desplazamiento, violación o la pérdida de seres queridos llevan consigo las cicatrices del miedo y el odio”[224].

 

158.    La Corte observa que los hechos específicos del presente caso que han afectado a niños y niñas, evidencian su desprotección con anterioridad, durante y con posterioridad a la masacre.

 

159.    En primer lugar, el Estado tenía pleno conocimiento de que la región donde se encuentra Mapiripán se caracterizaba por altos grados de violencia dentro del marco del conflicto armado interno (supra párr. 96.23), a pesar de lo cual omitió proteger a la población de Mapiripán, particularmente a sus niños y niñas.

 

160.    Por otro lado, tal como fue establecido (supra párrs. 96.36 y 96.55), la violencia desatada durante la masacre de Mapiripán alcanzó con particular intensidad a los niños y las niñas de la población: muchos de ellos vieron cómo se llevaban a sus familiares –en su mayoría padres–, escucharon sus gritos de auxilio, vieron restos de cuerpos tirados, degollados o decapitados y, en ciertos casos, supieron lo que los paramilitares les habían hecho a sus familiares.  Más aún, durante la masacre fueron ejecutados o desaparecidos los niños Hugo Fernando y Diego Armando Martínez Contreras, de 16 y 15 años de edad respectivamente (supra párr. 96.40), y existen declaraciones de testigos de los hechos que refieren niños no identificados que habrían sido ejecutados, incluidos algunos de meses de nacidos (supra párrs. 75.l) y 96.52).  Además, surge del expediente que los entonces niño y niñas Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Gustavo Caicedo Contreras y Maryuri Caicedo Contreras fueron amenazados por los paramilitares al tratar de seguir o de buscar a sus familiares durante los días de la masacre.  En ese sentido, Gustavo Caicedo Contreras, de 7 años de edad al momento de los hechos, manifestó que “a [los paramilitares] no les importaba si eran niños o bebés, se los llevaban por el sólo hecho de preguntar por el familiar que […] tenían”[225].

 

161.    Con posterioridad a la masacre de Mapiripán, numerosas familias salieron del pueblo y, en su gran mayoría, no han regresado a éste.  Tal como se desarrolla en el capítulo respectivo, los niños y las niñas, al verse desplazados –en particular Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Gustavo Caicedo Contreras, Maryuri Caicedo Contreras, Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras y los hermanos Valencia Sanmiguel, a saber, Nadia Mariana Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber–, se vieron sometidos a condiciones como la separación de sus familias, el abandono de sus pertenencias y sus hogares, el rechazo, el hambre y el frío. Por ejemplo, la entonces menor de edad Carmen Johanna Jaramillo Giraldo sufrió amenazas por parte de los paramilitares con posterioridad a la masacre (supra párr. 96.141). Por su parte, Gustavo Caicedo Contreras, de 7 años de edad al momento de los hechos, manifestó que se ha sentido rechazado “porque cuando estaba en Bogotá la gente lo miraba […] medio raro por ser desplazado”[226].  Además, algunos de los niños y las niñas desplazados tuvieron que vivir en “casas” hechas de lata y plástico, y hacerse cargo de sus hermanos menores, debido a que sus madres debieron buscar empleo para el sustento familiar.  Al respecto, Johanna Marina Valencia Sanmiguel, de 8 años de edad al momento de los hechos, manifestó:

 

Aguantamos hambre y mi madre tuvo que trabajar para conseguir la comida. Tuve que empezar a cuidar a mis hermanos desde los ocho años. Tengo un hermano con necesidades especiales y tuve que darle tetero y limpiarlo. También tuve que cocinar […][227].

 

162.    La obligación del Estado de respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción presenta modalidades especiales en el caso de los niños y niñas, y se transforma en una obligación de “prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”[228]. En el caso sub júdice, la masacre y sus consecuencias crearon un clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna de los niños y las niñas de Mapiripán. En consecuencia, la Corte considera que el Estado no creó las condiciones ni tomó las medidas necesarias para que los niños y las niñas del presente caso tuvieran y desarrollaran una vida digna, sino más bien se les ha expuesto a un clima de violencia e inseguridad.

 

163.    Como consecuencia de la desprotección a que el Estado ha sometido a los niños y niñas, antes, durante y después de la masacre, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 19 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 4.1, 5.1 y 1.1 de la misma, en perjuicio de Hugo Fernando y Diego Armando Martínez Contreras, Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Gustavo Caicedo Contreras, Maryuri Caicedo Contreras, Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, y los hermanos Valencia Sanmiguel, a saber, Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber. Además, el Estado violó el artículo 19 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 22.1, 4.1 y 1.1 de la misma, en perjuicio de quienes fueron niños y niñas desplazados de Mapiripán, de los cuales han sido individualizados en este proceso Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Gustavo Caicedo Contreras, Maryuri Caicedo Contreras, Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras y los hermanos Valencia Sanmiguel, a saber, Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber.

 

 

 

XII

Desplazamiento interno de los familiares de las víctimas

(Artículo 22.1 de la Convención Americana

en relación con los artículos 4.1, 5.1, 19 y 1.1 de la misma)

 

 

Alegatos de la Comisión

 

164.    La Comisión Interamericana no alegó la violación del artículo 22.1 de la Convención Americana en la demanda, pero se refirió a la situación de desplazamiento que han enfrentado los familiares de las víctimas en sus alegatos sobre las violaciones a los artículos 5, 8.1 y 25 de la Convención. No obstante, en sus alegatos finales escritos señaló que “los hechos reconocidos por el Estado sustentan tanto su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4(1), 5(1) y (2) y 7 (1) y (2) de la Convención Americana en perjuicio de aproximadamente 49 víctimas fatales […] como por la ausencia del debido esclarecimiento judicial de los hechos, la reparación de sus efectos y la consecuente violación de los artículos 8(1), 19, 22, 25 y en especial el 1(1), que aún hacen parte de la controversia.

 

 

Alegatos de los representantes

 

165.    Los representantes alegaron que, en razón del desplazamiento interno al que se han visto forzados los familiares de las víctimas que representan, el Estado es responsable por la violación del artículo 22.1 de la Convención Americana. En particular, fundamentaron su solicitud en las siguientes razones:

 

a)      el derecho de las presuntas víctimas y sus familiares de circulación y de residencia fue vulnerado en tres formas:

 

                                             i.      durante los días que los paramilitares ocuparon Mapiripán, mantuvieron a los habitantes presos en sus casas mientras llevaban a cabo su plan de detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones; además, el Estado no adoptó medidas para rescatar a las víctimas de la masacre o a sus familiares;

 

                                            ii.      a raíz de la masacre y la inacción del Estado, todos los familiares de las presuntas víctimas fueron obligados a desplazarse forzosamente. Los residentes del pueblo tuvieron que abandonar sus residencias, sus trabajos y su comunidad, y desplazarse. De aproximadamente 3000 personas la población de Mapiripán fue reducida a aproximadamente 136 familias;

 

                                          iii.      seis años después de la masacre, el Estado no ha garantizado las condiciones de seguridad necesarias, dada la situación de orden público existente en Mapiripán, para que los familiares de las presuntas víctimas retornen a sus residencias, vulnerando el derecho de estas personas a elegir el lugar de residencia;

 

b)      al salir de su pueblo los familiares de Sinaí Blanco Santamaría, José Rolan Valencia, Antonio María Barrera, Jaime Riaño Colorado, Enrique Pinzón López, Jorge Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, José Alberto Pinzón López, Fernando Martínez Contreras, Diego Martínez Contreras, y Gustavo Caicedo Rodríguez perdieron sus casas, pertenencias, tierras, cosechas, estudios, amistades y relaciones;

 

c)       pese a sus obligaciones internacionales (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas) y nacionales (Ley 387 de 1997), el Estado no adoptó medida alguna para prevenir el desplazamiento de los residentes de Mapiripán. El objetivo de la masacre era precisamente “sembrar pánico en la población” y, por lo tanto, el desplazamiento forzado de los pobladores era una consecuencia esperada;

 

e)      después de los hechos las mujeres ocuparon el lugar de cabeza de familia, luchando para sobrevivir a la amenazas y hostigamientos, estigmatización, desempleo, hambre, la separación de la familia, la falta de acceso a servicios de salud y educación, vivienda, entre otras situaciones que enfrentaron por su condición como desplazados;

 

f)       de los 19 familiares nombrados en este litigio, 9 eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. El desarrollo de estos niños se vio gravemente afectado por su desplazamiento, al tener que dejar el estudio para empezar a trabajar o encargarse del cuidado de sus hermanos menores o al tener que separarse de la familia por el estudio, al aguantar hambre, al carecer de atención medica o una casa adecuada, entre otras situaciones, que constituyen violaciones de los derechos del niño. Colombia incumplió su deber de protección de los niños y niñas al no prevenir su desplazamiento, al no protegerles durante esa situación, no otorgarles asistencia humanitaria adecuada, y al no asegurar su retorno, reasentamiento o reintegración en condiciones dignas y seguras. Los sentimientos de desintergración familiar, inseguridad, frustración, angustia e impotencia generados como consecuencia del desplazamiento forzado constituyen una violación del derecho a la integridad personal; y

 

g)      a la fecha las víctimas viven con temor en situaciones de extrema precariedad. Pese a los deberes que el Estado tiene frente este grupo de mujeres y niños, las familias no han logrado la dignidad y seguridad de que gozaron antes de la masacre y el desplazamiento.

 

 

Alegatos del Estado

 

166.    Pese a que el Estado no se refirió a la supuesta violación del artículo 22.1 de la Convención, alegada por los representantes, aquél señaló que se han realizado de manera permanente “consejos de seguridad” en la Alcaldía de Mapiripán con el fin de tratar la situación de orden público y analizar la problemática del desplazamiento forzado y adoptar medidas para la atención de este fenómeno.  Además, con el propósito de atender a la población desplazada adoptó el “Plan de Contingencia Local para la Prevención de Población Desplazada por la Violencia” concebido como un conjunto de programas, herramientas y acciones tendientes a mitigar y/o atender las necesidades básicas de la población afectada por el desplazamiento.

 

 

 

Consideraciones de la Corte

 

167.    Los incisos 1 y 4 del artículo 22 de la Convención Americana establece que:

 

1.         Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

 

[…]

 

4.         El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. […]

 

168.    Esta Corte ha señalado que la libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona[229].  Asimismo, el Tribunal ha coincidido con lo indicado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Comentario General No. 27, el cual establece que el derecho de circulación y de residencia consiste, inter alia, en lo siguiente: a) el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia; y b) el derecho de una persona a ingresar a su país y permanecer en él.  El disfrute de este derecho no depende de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar[230].

 

169.    En el presente caso, los representantes alegaron que el Estado había incurrido en una violación del artículo 22.1 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas que representan, debido al desplazamiento interno al que se han visto forzados. Ciertamente cabe establecer, con base en los hechos reconocidos por el Estado, que las familias de las víctimas vieron restringida su libertad de movimiento mientras los paramilitares permanecieron en Mapiripán durante los hechos de julio de 1997 (supra párr. 96.35). Además, está probado que muchos de los familiares de las víctimas de Mapiripán se vieron desplazados con posterioridad a la masacre (supra párrs. 96.63 y 96.64). Sin embargo, en consideración de las circunstancias del presente caso y la compleja situación de vulnerabilidad que afecta a las personas que sufren el fenómeno del desplazamiento forzado interno, la Corte estima necesario analizar la dinámica de dicho fenómeno en el particular contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, antes de determinar si en el presente caso el Estado ha violado la Convención en perjuicio de los familiares por esta situación.

 

170.     En el reciente Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname, este Tribunal estimó que, independientemente de la existencia de legislación sobre la materia en el Estado demandado, la libertad de circulación y de residencia de los miembros de la comunidad Moiwana que habían sido desplazados se encontraba limitada por una restricción de facto originada en el miedo que sentían por su seguridad y por el hecho de que el Estado no había efectuado una investigación penal, que los alejaba de su territorio ancestral. La Corte señaló que el Estado no había establecido las condiciones ni provisto los medios que permitieran a los miembros de la comunidad regresar voluntariamente, en forma segura y con dignidad, a sus tierras tradicionales. Además, el Estado no había realizado una investigación penal efectiva para poner fin a la impunidad reinante en el caso, situación que les impedía regresar. Ese conjunto de hechos privó a los miembros de la comunidad que habían sido desplazados dentro del Estado, así como de aquéllos que todavía se encontraban exiliados en la Guyana Francesa, de sus derechos de circulación y residencia, por lo que la Corte declaró al Estado responsable por la violación del artículo 22 de la Convención en perjuicio de los miembros de esa comunidad[231]. 

 

171.    La Corte considera de particular relevancia para definir el contenido y alcance del artículo 22 de la Convención en un contexto de desplazamiento interno, el contenido de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos emitidos en 1998 por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas[232].

 

172.    Además, en la situación de conflicto armado interno colombiano, también resultan especialmente útiles para la aplicación de la Convención Americana las regulaciones sobre desplazamiento contenidas en el Protocolo II a los Convenios de Ginebra de 1949. Específicamente, el artículo 17 del Protocolo II prohíbe ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas y, en este último caso, se deberán tomar “todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación”. Al respecto, en una sentencia de 1995 la Corte Constitucional de Colombia consideró que, “en el caso colombiano, además, la aplicación de esas reglas por las partes en conflicto se revela particularmente imperiosa e importante, puesto que el conflicto armado que vive el país ha afectado de manera grave a la población civil, como lo demuestran, por ejemplo, los alarmantes datos sobre desplazamiento forzado de personas”[233]. 

 

173.    Los hechos del presente caso se enmarcan en una situación generalizada de desplazamiento forzado interno que afecta a Colombia y que es causada por el conflicto armado interno. Según fue señalado, este problema, cuya dinámica actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta, se ha agravado progresivamente y actualmente afecta a una población que oscila entre 1.5 y 3 millones de personas desplazadas (supra párr. 96.57).

 

174.    La Corte observa que el fenómeno del desplazamiento interno y sus consecuencias han sido ampliamente analizados desde diversas perspectivas. Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia dictó una comprensiva sentencia en la que consideró las acciones de tutela interpuestas por 1150 núcleos familiares de población desplazada, compuestos principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad y menores de edad, así como algunos indígenas.  En esta sentencia, se refirió a dicha situación de vulnerabilidad de los desplazados en los siguientes términos:

 

[…] por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas […] que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional”  para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”. En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional[234].

 

175.    Los motivos y las manifestaciones de la vulnerabilidad acentuada en los desplazados han sido caracterizados desde diversas perspectivas. Dicha vulnerabilidad es reforzada por su proveniencia rural y, en general, afecta con especial fuerza a mujeres, quienes son cabezas de hogar y representan más de la mitad de la población desplazadas, niñas y niños, jóvenes y personas de la tercera edad. La crisis del desplazamiento interno provoca a su vez una crisis de seguridad, dado que los grupos de desplazados internos se convierten en un nuevo foco o recurso de reclutamiento para los propios grupos paramilitares, de narcotráfico y de la guerrilla[235]. El retorno de los desplazados a sus hogares carece, en muchos casos, de las condiciones necesarias de seguridad y de dignidad para ellos[236] y, dentro de los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno, además de graves repercusiones psicológicas en ellos, se han destacado (i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) la marginación, (iii) la pérdida del hogar, (iv) el desempleo, (v) el deterioro de las condiciones de vida, (vi) el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, (viii) la inseguridad alimentaria, y (ix) la desarticulación social, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de vida (supra párr. 96.59).

 

176.    La Corte Constitucional de Colombia determinó, en la sentencia ya mencionada (supra párr. 174), que la crisis humanitaria provocada por el fenómeno del desplazamiento interno es de tal magnitud y tan preocupante, que puede ser calificada como “un verdadero estado de emergencia social”; “una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política colombiana”. Estableció que implica una “violación masiva, prolongada y sistemática” de un amplio conjunto de derechos fundamentales, cuyo contenido interpretó a la luz de los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Forzado[237].

 

177.    En razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que afecta o pone en riesgo, y en atención a dichas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados como sujetos de derechos humanos, su situación puede ser entendida como una condición individual de facto de desprotección respecto del resto de personas que se encuentren en situaciones semejantes. Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión social, que se presenta en el contexto histórico específico del conflicto armado interno en Colombia, y conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de los desplazados a los recursos públicos administrados por el Estado. Dicha condición es reproducida por prejuicios culturales que dificultan la integración de los desplazados a la sociedad y pueden llevar a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra.

 

178.    En relación con esa situación de desigualdad, es pertinente recordar que existe un vínculo indisoluble entre las obligaciones erga omnes de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación, el cual posee carácter de jus cogens y es fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno e impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones. En cumplimiento de dichas obligaciones, los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, así como a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas.  Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias[238].

 

179.    En los términos de la Convención Americana, la situación diferenciada en que se encuentran los desplazados obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de terceros particulares.

 

180.    En el presente caso, las características de la masacre ocurrida en Mapiripán, las vivencias de los días en que sucedió la masacre, los daños sufridos por las familias, aunada al miedo de los familiares a que se repitieran hechos similares, al amedrantamiento y amenazas recibidas por algunos de ellos por parte de paramilitares, así como a dar su testimonio o de haberlo dado, provocó el desplazamiento interno de muchas familias de Mapiripán. Es posible que algunos de los familiares desplazados no vivieran en Mapiripán al momento de los hechos sino en los alrededores, pero se vieron igualmente obligadas a desplazarse como consecuencia de los mismos. Según se desprende de los propios testimonios, muchas de esas personas han enfrentado graves condiciones de pobreza y la falta de acceso a muchos servicios básicos; por ejemplo:

 

 

 

Zuli Herrera Contreras manifestó:

 

Mi mamá estaba destrozada, en un momentito perdió todo, los niños más pequeños lloraban por el papá de ellos, por sus hermanos y preguntaban todo el tiempo por ellos. […] [En Bogotá] hicimos un ranchito con lata y plástico. Fue muy difícil, mi esposo no tenía trabajo, yo tampoco. Había días que mis hijos se tenían que pegar a la llave del tanque para saciar su hambre. Fue muy duro que los hijos pidan de comer y no tener que darles[239].

 

Yur Mary Herrera Contreras expresó:

 

[Mis familiares t]uvieron que dejar todo en Mapiripán, tuvieron que mudar de finca en finca […]. Durante esos tres años que no tuve noticias de ellos, estaba muy asustada[240].

 

181.    Algunos de los familiares de las víctimas – verdaderos sobrevivientes de la masacre –  tienen la convicción de que no podrán regresar a Mapiripán mientras no obtengan justicia por los hechos de la misma.  Asimismo, varios de ellos han declarado su profunda preocupación ante la posibilidad de sufrir agresiones, una vez más, si vuelven a Mapiripán, que se encuentra ubicada en un área con presencia paramilitar (supra párrs. 75.a) y 76.f)). Es decir, que su derecho a la seguridad personal se ve vulnerado por la situación de desplazamiento, tanto por la situación que han vivido como por no haber recibido las condiciones necesarias para regresar a Mapiripán, en caso de que así lo hayan deseado.

 

182.    La Corte debe enfatizar que al enfrentar la situación de desplazamiento interno, que constituye uno de los más grandes problemas provocados por el conflicto, Colombia ha adoptado una serie de medidas a niveles legislativo, administrativo y judicial, incluyendo múltiples leyes, decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), resoluciones y directivas presidenciales. Entre esas medidas  cabe destacar la Ley N° 387 de 18 de julio de 1997, en la cual se define el concepto de desplazado y se otorga un status jurídico especial a la persona que se encuentre en esa situación. A su vez, se han desarrollado una gran variedad de políticas públicas en relación con el problema del desplazamiento, inclusive programas de producción, alianzas con el sector privado y diversos programas de apoyo (supra párr. 96.61). No obstante, la propia Corte Constitucional de Colombia, al resolver las acciones de tutela de referencia, declaró “la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”[241]. En particular, determinó que a pesar de las acciones realizadas por algunas entidades estatales para mitigar los problemas de la población desplazada y los importantes avances obtenidos, no ha sido posible proteger integralmente los derechos de la población desplazada, ni contrarrestar el grave deterioro de sus condiciones de vulnerabilidad, debido principalmente a la precariedad de la capacidad institucional para implementar las políticas estatales y la asignación insuficiente de recursos[242].

 

183.    En el presente caso, algunos de los familiares desplazados de Mapiripán han sido identificados en el proceso ante esta Corte. Al respecto, en esta Sentencia la Corte determinó que la falta de identificación de todos los familiares de las víctimas obedece a las circunstancias mismas en que se produjo la masacre y al profundo temor que han experimentado (supra párrs. 96.47, 96.174 y 140 a 146). Esa misma dinámica impide saber con certeza cuántos de los familiares se vieron desplazados en este caso, por lo que el Tribunal puede evaluar esta situación únicamente respecto de quienes han demostrado dicha condición en este proceso. No obstante, la Corte deja constancia de su profunda preocupación por el hecho de que posiblemente fueron muchas otras las personas que enfrentaron dicha situación y que no fueron identificados en el proceso ante ella.

 

184.    A su vez, el Tribunal valora positivamente el hecho de que algunos de los familiares de las víctimas identificadas, a saber: Nory Giraldo de Jaramillo, Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Luz Mery Pinzón López, la familia de Mariela Contreras Cruz y la familia Valencia Sanmiguel, han recibido ayuda o apoyo por parte del Estado en razón de su condición de personas desplazadas (supra párr. 96.65).

 

185.    Por otra parte, los representantes informaron al final de este proceso acerca de la existencia de que al menos 10 demandas “interpuestas por familiares de víctimas en relación con los hechos de Mapiripán, que se tramitan ante el contencioso administrativo”, así como información sobre personas desplazadas “que no representa el Colectivo de Abogados [“José Alvear Restrepo”] ante el contencioso administrativo en Colombia, sobre los cuales [tiene] conocimiento que han recibido ayuda humanitaria por los hechos de Mapiripán”. La Corte no conoce las razones por las cuales los representantes no informaron sino hasta el final del proceso ante este Tribunal acerca de la existencia de esos otros procesos contencioso administrativos, aun cuando según la información aportada, al parecer los mismos fueron iniciados en su mayoría en 1999. Los representantes tampoco informaron las razones por las cuales no representaron a esas personas que son presuntamente familiares de víctimas de la masacre. Por otro lado, de las declaraciones de testigos rendidas a nivel interno surgen los nombres de otras personas que también habrían sido desplazadas como consecuencia de los hechos, por ejemplo Jesús Antonio Morales, Nery Alfonso Ortiz, Ana Betulia Alfonso, Luz Helena Molina, Ana Tulia Agudelo, Norberto Cortés, Margarita Franco Ramírez y Leonardo Iván Cortés Novoa. Además, como prueba para mejor resolver solicitada por la Corte, el Estado presentó una lista de aproximadamente 400 personas que han sido desplazadas de Mapiripán, en la cual no se especifica quiénes son familiares de víctimas de la masacre.  Por no contar con mayor información, el Tribunal no se ha referido a esas otras personas indicadas como familiares de víctimas o como desplazados y dicha situación no será tomada en cuenta en este capítulo, sin perjuicio de que puedan presentarse ante las autoridades nacionales a hacer valer sus derechos.

 

186.    En conclusión, la Corte observa que la situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado los familiares de las víctimas no puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente Sentencia. Las circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a dichas personas, incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento de esos familiares tiene origen en la desprotección sufrida durante la masacre y revela sus efectos en las violaciones a su integridad personal (supra párrs. 143, 144 y 146) y en las consecuencias de las faltas al deber de investigar los hechos, que han derivado en impunidad parcial (infra párrs. 216 a 240). Además, fue analizada la violación del artículo 19 de dicho instrumento por la desprotección a que se han visto sometidos quienes eran niños y niñas al momento de ser desplazados o mantienen esa condición actualmente (supra párr. 161 a 163). El conjunto de estos elementos llevan al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de los familiares de las víctimas a una vida digna[243], en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas.

 

187.    En este sentido, el Tribunal ha señalado que los términos de un tratado internacional de derechos humanos tienen sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les atribuye en el derecho interno.  Además, dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales[244]. 

 

188.    Mediante una interpretación evolutiva del artículo 22 de la Convención, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y de conformidad con el artículo 29.b de la Convención —que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos—, esta Corte considera que el artículo 22.1 de la Convención protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte en la misma. Para efectos del presente caso, esto también ha sido reconocido por dicha Corte Constitucional de Colombia al interpretar el contenido del derecho constitucional a escoger su lugar de domicilio, “en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo”[245].

 

189.    Por las razones anteriores, la Corte declara que Colombia violó el artículo 22.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 4.1, 5.1, 19 y 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Mariela Contreras Cruz, Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, Maryuri y Gustavo Caicedo Contreras, Zuli Herrera Contreras, Nory Giraldo de Jaramillo, Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Marina Sanmiguel Duarte; Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber, todos Valencia Sanmiguel; Teresa López de Pinzón y Luz Mery Pinzón López.  De estas personas, al momento de los hechos, eran menores de edad Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, Maryuri y Gustavo Caicedo Contreras, Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald Mayiber, todos Valencia Sanmiguel y Carmen Johanna Jaramillo.

 

 

XIII

Artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana

en relación con el artículo 1.1 de la misma

(Derechos a las garantías judiciales y protección judicial)

 

Alegatos de la Comisión

 

190.    La Comisión Interamericana consideró que el Estado ha violado los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en razón de que:

 

a)      el Estado ha incumplido con su obligación de investigar las violaciones del derecho a la libertad, la integridad personal y la vida perpetrados contra las presuntas víctimas y juzgar a los responsables;

 

b)      las actuaciones judiciales llevadas adelante por el Estado para esclarecer la responsabilidad de civiles y militares en la comisión de la masacre no satisfacen los requisitos previstos en la Convención Americana relativos a las garantías del debido proceso y la debida protección judicial;

 

c)       si bien la investigación de la Fiscalía General de la Nación arroja luz sobre los sucesos, ésta no ha conducido al juzgamiento efectivo de todos los civiles y militares responsables;

 

d)      si bien el 18 de junio de 2003 se profirió una condena en primera instancia contra cinco personas, de los hechos del caso se desprende la participación de más de 100 personas en la masacre; 

         

e)       a pesar de la envergadura de la incursión paramilitar en Mapiripán y los grados de colaboración verificados no se ha logrado en un plazo razonable el esclarecimiento judicial de la masacre ni se ha juzgado en forma efectiva a los responsables y reparado a las presuntas víctimas;

 

f)       la negligencia del Estado en examinar las circunstancias de la masacre vulnera el derecho a las garantías judiciales;

 

g)       la asignación de parte de la investigación a la justicia penal militar viola los derechos a la protección judicial y a las garantías al debido proceso.  Los cargos contra el Brigadier General Humberto Uscátegui Ramírez y el Teniente Coronel Orozco Castro en la jurisdicción penal militar se refieren únicamente a conductas omisivas relacionadas con la función militar y a la falsedad ideológica de documento.  Los cargos por secuestro extorsivo, tortura, homicidio y conformación de grupos paramilitares que habían sido formulados inicialmente por la justicia ordinaria, fueron dejados de lado por la justicia penal militar.  Tras ser condenado a 40 meses de prisión por el delito de prevaricato por omisión, y absuelto por el delito de falsedad de documento público, y haber cumplido 16 meses en prisión, el General Uscátegui fue dejado en libertad por decisión del Tribunal Superior Militar. El juzgamiento del Brigadier General Uscátegui ante la jurisdicción penal militar privó a las presuntas víctimas y sus familiares el acceso a un tribunal independiente e imparcial;

 

h)       cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, como el fuero militar, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas. La jurisdicción castrense no es competente para juzgar violaciones a los derechos humanos ya que éstas no son faltas relacionadas con la función militar y esta jurisdicción debe aplicarse por excepción solamente a delitos de función cometidos por miembros de las fuerzas armadas;

 

i)        la jurisdicción ordinaria produjo resultados insuficientes en su investigación: de más de doscientas personas involucradas en la comisión de los hechos del caso, una ínfima parte de los autores intelectuales y materiales de la masacre han sido vinculados: sólo 15 han sido vinculadas a la investigación; sólo 8 fueron enjuiciadas; sólo siete han sido condenadas; sólo 5 estuvieron bajo medida de aseguramiento, 2 de las cuales resultaron beneficiadas con la preclusión de la investigación y 3 fueron dejadas en libertad.  Varias órdenes de detención no han sido ejecutadas a pesar de tratarse de personas que mantienen contacto habitual con la prensa, y en ciertas ocasiones, con funcionarios públicos. A pesar de que se han dictado órdenes de detención, sólo 6 de las 14 personas, ya sea condenadas en primera instancia o vinculadas a la investigación, se encuentran privadas de la libertad en forma definitiva o preventiva. La investigación para vincular al resto de los autores materiales de los hechos permanece abierta casi ocho años después de la masacre, la cual se encuentra aun en la etapa de investigación preliminar respecto de la mayoría de partícipes.  Todo ello ha llevado a la impunidad;

 

j)       el Estado tiene el deber de investigar y sancionar de manera seria las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad.  Dicha investigación debe incluir la plena identificación de todas las víctimas. El Estado no ha sido capaz de recabar la prueba esencial necesaria para la identificación de la totalidad de las víctimas y la determinación de su número, pese a la existencia de indicios y referencias sobre su posible identidad.  El Estado no ha adoptado las medidas necesarias para la recuperación de los cuerpos de las presuntas víctimas. Estas violaciones impiden que se satisfaga el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto;

 

k)      los familiares tienen el derecho a que la muerte de sus seres queridos sea efectivamente investigada por las autoridades, se siga un proceso judicial contra los responsables, se impongan las sanciones pertinentes y se reparen los perjuicios sufridos;

 

l)        la jurisdicción contencioso-administrativa es, por sí misma, ina