POR: PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS
INFORME ZONA VII - www.colombianuncamas.org -
El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:
Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares reivindicó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.
El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de avanzada de paramilitares y material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño, con destino a la población de San José del Guaviare, en la aeronave comercial HK3993P Douglas DC3 Modelo C47B de servicio particular, tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio. El mismo día, otro grupo de hombres fue movilizado en el avión HK4009 Antonov AN32B de fabricación rusa afiliado a la empresa de servicio aéreo Vaupés, contratado en Santafé de Bogotá, el cual despegó del aeropuerto Los Cedros, del municipio de Apartado, también en el Urabá antioqueño. Esto se demostró, principal mente, mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Garepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Igualmente con el testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias �Pasaje�.
En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias "El Percherón", "Mochacabezas" o el "diablo" y "Don Miguel". El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado "Capitán Jorge Enrique González Torres" de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias Rene, con unos camiones carpados. A las 02:42 de la tarde aterrizó el avión HK4009 y despegó luego con destino al aeropuerto de Vanguardia, de Villavicencio. Dos minutos más tarde aterrizó el DC3. Curiosamente sobre este movimiento de pasajeros y de carga, bajo la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional y de la Base de la Policía Antinarcóticos, no quedó registro alguno, pese a que en el aeropuerto se tiene un control riguroso de las personas que arriban a esa ciudad. Narran los pilotos de los aviones que transportaron personal y carga, que en los aeropuertos de origen y de destino había presencia militar y policial y, sin embargo, no hubo ningún tipo de registro o control.
Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por ta Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.
Los paramilitares utilizaron para este desplazamiento lanchas conocidas como voladoras y camiones que detuvieron en las carreteras obligando a sus conductores a transportarlos. Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y (es repartieron una revista titulada �Colombia Libre�, en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona. Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.
Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán y permanecieron desde el martes 15 hasta el domingo 20 de julio, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal. A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los filaron y requisaron, e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo (levaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un Muchacho de Pacho, Una Señora de Charras y Un Joven de Raza Negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson NN., quien había llegado recientemente a la población; lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.
La misma mañana, del hotel Residencias Guaviare sacaron por la fuerza a Un Joven e interceptaron a varias personas, entre ellas Una Pareja de Campesinos Jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a Una Señora de tez blanca y a Un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponía a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche degolladas, mutiladas vivas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.
El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante lo cual los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca. Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: ��les dolió mucho la muerte de él...?". Ese mismo día interceptaron a Un Joven Estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.
Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.
Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a Otros tres Pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las nueve de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. También a esas horas fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 18 horas, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Cano Danta, a quien ejecutaron en horas de la noche.
El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población. Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patino Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríanos.
De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde, miembro del partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.
Vale la pena anotar que el Párroco del municipio aseguró que tres de las personas asesinadas habían participado el 19 de mayo de un juicio popular promovido por las FARC, con la participación de la población del municipio, en el cual se cuestionaba la corrupción de la administración municipal. El General Jaime Humberto Uscátegui había dispuesto una investigación exhaustiva sobre este episodio antes de la ocurrencia de la masacre, y había comisionado para ello al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro.
La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran; además, el Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes. Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo. Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.
También dentro de la investigación pudo establecerse que los artos mandos de la Séptima Brigada del Ejército tenían desde antes comunicación con los paramilitares, ya que en el mismo vuelo en que llegó un grupo de estos (DC 3993P) venía un �paquete� dirigido a un Coronel y un General, los cuales enviaron a tres de sus hombres a reclamarlo, pues fue dejado olvidado en el avión y manifestaron que si no lo recuperaban sus jefes los iban a �pelar�. El extraño �paquete� fue entregado por el técnico del avión DC3 a un miembro de la Policía Antinarcóticos, quien a su vez lo entregó al Teniente Javier Ricardo Peralta Peñaranda y éste lo hizo llegar al Batallón Joaquín París a través del conductor Guillermo Escobar Sarria. Otro testimonio afirma que desde 1996 un grupo de tres reconocidos paramilitares se entrevistaron con el General Uscátegui y éste, en compañía del Sargento Rentería, les hizo entrega de un armamento destinado para sus actividades: cinco pistolas Pietro Bereta con tres proveedores cada una, siete revólveres calibre 38, tres fusiles AK47, dos subametralladoras, una caja de granadas, un fusil R15, cinco cajas de munición 7.65 y munición para todas las armas entregadas. Igualmente cien uniformes tipo americano, gorros, pasamontañas, 10 chalecos antibalas, unos chalecos del grupo GAULA, aproximadamente 50 uniformes de la policía, carnés, cartucheras, natas, botas de caucho y militares, dos tiendas de campaña y 20 fiyakcs.
Desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones previas para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo, S2 del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar confeso Pedro Alex Conde Anaya.
Días antes del arribo de los paramilitares se dispuso el envío de la tropa de ese Batallón a las localidades de Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, quedando desguarnecidas las poblaciones de San José del Guaviare y Mapiripán por orden del Comando de la Séptima Brigada a cargo del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y el comandante del Batallón Joaquín París, Coronel Canos Eduardo Avila Beltrán, curiosamente antes de que éste saliera de vacaciones, las cuales debía disfrutar a partir del 1� de junio de 1997, pero que extrañamente, y sin acto administrativo. fueron atrasadas hasta el 8 de julio, fecha muy cercana a la incursión paramilitar.
Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio de esa anualidad ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control. Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana
La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de "El Barrancón". donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los "Boinas Verdes". Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, lo cual permite inferir que no había una perturbación del orden público en esta localidad y consecuentemente, no era necesaria la presencia allí de la tropa. Curiosamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.
La presencia de �los Boinas Verdes� de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos en la isla de �El Barrancón� obedecía al entrenamiento efectuado con personal de la Brigada Móvil No. 2. Dicho curso de adiestramiento fue clausurado el 20 de julio de 1997 (último día de la masacre) con presencia del Comandante de las fuerzas militares argentinas, general Balza, delegados de la embajada de los Estados Unidos y la cúpula de las Fuerzas Armadas colombianas encabezada por el general Harold Bedoya Pizarro, quien por asistir a dicho acto, omitió comparecer al día clásico de conmemoración del 187 aniversario de la independencia de Colombia, que históricamente ha contado con la presencia obligada de la jerarquía militar.
Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes. Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que con ayuda de los instructores estadounidenses "le iba a dar una lección a la guerrilla". Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería. Córdoba, donde precisamente la organización paramilitar liderada por Fidel y Carlos Castaño Gil ha tenido más presencia criminal. De 1983 a 1984 fue oficial S2 del Batallón Junín; entre 1988 y 1989 del B2 de la Brigada XI de Montería, y entre 1990-1991 regresó como segundo comandante del Batallón Junín de esa misma ciudad.
Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el �séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán�. Las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos actúan en Colombia desde la década del 60 y en los últimos tiempos lo han hecho a través del Secretariado de Defensa para las Operaciones Especiales y los Conflictos de Baja Intensidad (denominado en ingles SOLIT) entrenando a personal militar que se ha visto cuestionado por graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, para obviar los requerimientos de la enmienda del senador Patrick Leahy que proscribe la intervención de militares estadounidenses en esas situaciones, se siguió enviando personal de ese país bajo el argumento de tratarse de un intercambio de entrenamiento conjunto combinado de tropas en el extranjero, justificado en el adiestramiento para las propias tropas de los Estados Unidos y no para los ejércitos del país donde se realizan.
Estos denominados "intercambios" del grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que se realizan en 123 países, luego de la masacre de Mapiripán empezaron a llamar la atención del Congreso y la prensa de ese país. Al respecto, se dio inicio a una investigación cuyos resultados se fundamentaron en un informe rendido por el Embajador en Colombia, Curtis Kamman, y el reporte de la Oficina General de Contabilidad quienes admitieron solo la realización de seis despliegues de las Fuerzas Especiales en Colombia. Sin embargo, se supo en abril de 1998 que solo entre junio y agosto de 1997 se efectuaron nueve despliegues de personal militar de los Estados Unidos y durante todo el año se reportaron catorce, 12 de ellos protagonizados por los Boinas Verdes, cuyos hombres hablan muy bien el castellano y no tienen acento y �han sido entrenados para el combate en la Amazonia en una amplia gama de especialidades con apoyo tecnológico o sin él, que van desde la organización de campañas de opinión pública hasta combate nocturno en la selva. Su entrenamiento más reciente fue para el primer batallón Antinarcóticos y los próximos serán para los demás batallones que contiene el plan Colombia"
El grupo operativo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE.UU. habría llegado a El Barrancón desde 1994. donde construyeron, por ser un sitio estratégico, una base militar sin que fuera enterado el entonces presidente Ernesto Samper Pizano, que solo firmó un convenio a través de su embajador Juan Carlos Esguerra y la Subsecretaría de Estado Barbara Larkin para autorizar la presencia de tropas estadounidenses en Colombia el 20 de julio de 1997. El oficial Clyde Howard, de la oficina del Subsecretario de Defensa para las Operaciones Especiales y los Conflictos de Baja Intensidad afirmó que el Pentágono no tenía la obligación de investigar a "Las unidades militares colombianas por ellos entrenadas", porque para la época de la masacre la enmienda Leahy no era todavía ley. Sheridan, funcionario del SOLIT, confirmó que semanas después de la masacre, entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre de 1997, la Brigada Móvil N� 2, dirigida por el Coronel Lino Sánchez Prado, recibió instrucción de los Boinas Verdes en "interceptación en ríos y guerra terrestre". Se conoce también que el General Uscátegui y el Teniente Coronel Hernán Orozco recibieron cursos especializados en escuelas militares de los Estados Unidos, entre ellas la Escuela de las Américas de Ford Benning, donde tienen asiento los Boinas Verdes.
Con posterioridad a los hechos de Mapiripán, una comisión de la Fiscalía y un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos viajó el día 21 de julio a la zona para adelantar tas primeras diligencias investigativas. A San José del Guaviare fueron transportados en un helicóptero de la Policía Antinarcóticos, debiéndose continuar el viaje a Mapiripán en un helicóptero de la IV División del Ejército, el cual no fue facilitado el mismo día por cuanto se encontraba ocupado atendiendo a la delegación de estadounidenses que se encontraba en la Base militar de El Barrancón, en la culminación del curso de entrenamiento de los Boinas Verdes del Ejército de los EE.UU. El General Augusto Ardila Duarte, comandante de la IV División, �puso en ridículo al delegado presidencial por razón a su juventud y le dio más importancia a los visitantes norteamericanos que a la misión investigativa�, manifestó un fiscal que integró la comisión. (13)
Dos meses antes de la masacre de Mapiripán, el 30 de abril de 1997, y haciendo el recorrido desde el municipio de San Martín, el grupo de Castaño compuesto por ocho paramilitares, asesinó a los campesinos Gildardo Castro y a su hijo Julián Castro:
Incursionando hacia las 8:30 p.m. en la vereda Mercurio, zona limítrofe con San Martín, los victimarios, quienes se movilizaban en dos vehículos, obligaron a Julián a pasarles en el planchón; poco después cuando Gildardo y la esposa de éste llegaban al puerto en una canoa, vieron que éste era golpeado y oyeron que le amenazaban diciéndole: "póngase trucha si no quiere que lo matemos". Al ver a los familiares de Julián, los paramilitares llamaron a Gildardo y a ambos les ordenaron quitar el motor del planchón, a lo cual, padre e hijo respondieron que no tenían la herramienta necesaria, la cual les fue facilitada por los agresores. Cuando terminaron de quitar el motor y lo colocaron sobre el mismo planchón, les ordenaron bajar de allí; después de haberse bajado siete de los paramilitares, y "de una vez el que iba adelante. el que lo estaba llamando, sacó la metralleta y les disparó'. Después del doble crimen, y de montar el motor en uno de los vehículos, el jefe de los paramilitares ordenó a los demás: 'vayanse por los que quedan al otro lado", razón por la cual los demás familiares de Gildardo y de Julián tuvieron que huir apresuradamente, para salvar sus vidas.
Al día siguiente, hacia las 6 a.m., uno de los familiares regresó y encontró que los paramilitares habían hundido el planchón y que el negocio de Gildardo había sido completamente saqueado. Después, junto con otros familiares iniciaron la búsqueda de los cuerpos en el río, pero sólo encontraron el de Gildardo, aproximadamente a 300 metros de donde fue acribillado. Los victimarios "le habían quitado los dos brazos y la pierna izquierda'1: esas partes del cuerpo no aparecieron. Además presentaba cuatro disparos, tres en la cara y uno en la tetilla derecha, el cual le atravesó hasta la tetilla izquierda. Hasta la fecha no se conoce el paradero de Julián. si está muerto o está vivo, porque nunca se pudo buscar, pero hubo una fuente de información, según la cual, ellos [los paramilitares] habían dicho que "tanto que lo habían buscado y tan cerquitica que estaba al pie de nosotros'.
El doble crimen al parecer está relacionado con el interés de los paramilitares por el predio donde fue cometido, �porque es una finca que tiene un puerto, donde ellos podían tener sus tropas ahí y guardarsen ahí pa poder seguir haciendo sus fechorías... como lo de Cooperativa (..) ellos esperaron casi dos meses, o mes y medio para poder dentrar a La Cooperativa a hacer la misma masacre (...) y porque como es un finca que no tiene cultivo ilícito sino, sola comida, tenían de dónde comer, porque había ganado, habían cerdos, había gallinas, (...) podían alimentarse lo menos un año ahí completamente. � (14)
No obstante la evidente militarización de la región por parte del Batallón Joaquín París y de la Brigada Móvil N� 2, los paramilitares ingresaron nuevamente a la zona de la masacre de Mapiripán y el 23 de Noviembre de 1997 asesinaron en la inspección de policía La Cooperativa a Isidro Mendoza Rubio, Eurípides Rubio y Norberto Bedoya, líderes comunales de la región, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal y Promotor de Salud. (15)
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13. Respecto a la investigación penal de este crimen, la Fiscalía Doce Delegada ante los Jueces Regionales, radicada en San José del Guaviare, el 23 de julio de 1997 avocó el conocimiento de los hechos. Posteriormente, la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, continuó la investigación y el 21 de julio de 1998 dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los sargentos del ejército nacional JUAN CARLOS GAMARRA POLO y JOSÉ MILLER URUEÑA DÍAZ. También decretó la detención preventiva contra los paramilitares CARLOS CASTAÑO GIL, JULIO ENRIQUE FLOREZ GONZÁLEZ, LUIS HERNANDO MÉNDEZ BEDOYA, JOSÉ VICENTE GUTIÉRREZ GIRALDO. JUAN MANUEL ORTIZ MATAMOROS, HELIO ERNESTO BUITRAGO LEÓN y JORGE LUIS ALMEIRA QUIROZ por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y secuestro agravado.
El 7 de abril de 1999 se profirió resolución de acusación contra los anteriores y se procedió a abrir un nuevo radicado del mismo proceso para investigar la conducta del General Jaime Humberto Uscátegui, del Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, a quienes se vinculó mediante indagatoria.
En relación con los primeros implicados, la resolución de acusación fue impugnada y el en recurso de reposición la Fiscalía confirmó la acusación y remitió la actuación para surtir ante la Delegada ante el Tribunal Nacional la Apelación.
En la nueva instrucción, el 20 de mayo de 1999 se resolvió situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva al alto oficial Uscátegui y se le vinculó por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y falsedad ideológica de documento público, por comisión por omisión impropia. La Fiscalía omitió vincularlo por el delito de concierto para delinquir imputado a los suboficiales y paramilitares detenidos.
Al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro la Fiscalía le recepcionó indagatoria y en providencia del 30 de marzo de 1999 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento. Al Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado le resolvió situación jurídica por el auxilio, la colaboración que directamente prestó a la agrupación paramilitar de Carlos Castaño Gil representada en San José del Guaviare por Hernando Méndez Bedoya, con base en lo cual lo vinculo con medida de aseguramiento por concierto para delinquir y por los delitos de homicidio agravado y secuestro agravado por comisión por omisión.
Llama la atención la calificación del grado y niveles de participación de los militares en el crimen realizada por la Fiscalía, aduciendo, en unos que se trató de la acción omisiva que los coloca por su posición de garantes y el incumplimiento de sus deberes legales con disposición de medios para evitar el resultado en copartícipes de los múltiples delitos cometidos en Mapiripán, desatendiendo la cadencia probatoria que establece que se trató no solo de abstenerse de defender la libertad, integridad y vida de los habitantes de Mapiripán. sino que su intervención obedeció a la ejecución de un plan preconcebido de tal manera que Oficiales y Suboficiales, lejos de querer evitar la consumación de los hechos previstos meses antes, inclinaron su voluntad e inteligencia hacia el despliegue de actos positivos y omisivos que permitieron la consumación de la masacre.
En estas condiciones, es claro que el fundamento de la imputación no radica en la omisión de deberes funcionales, pues en tales circunstancias se procedería a título de prevaricato omisivo, sin ninguna trascendencia a la serie de secuestros y homicidios. La imputación se apoya en el hecho de que las omisiones y las manifestaciones positivas de voluntad a que hubo lugar no tuvieron por norte la simple omisión de un deber, sino la producción de resultados antijurídicos referidos a la privación de la libertad, torturas y posterior asesinato de las víctimas.
El agente del Ministerio Público, el 31 de mayo de 1999 solicitó al Fiscal del conocimiento el envió del proceso a la Justicia Penal Militar en relación con el General Jaime Humberto Uscátegui y el Teniente Coronel Hernán Orozco. Como la petición fue negada, el 2 de junio 1999 el Comandante del Ejército Nacional, General Jorge Enrique Mora Rangel, procedió a provocar colisión de competencia positiva dirigida a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los procesos radicados en ese despacho bajo los No. UDH244 y UDH443 al considerar que los hechos imputados a los suboficiales JOSÉ MILLER URUEÑA DIAZ y JUAN CARLOS GAMARRA POLO y a los oficiales Brigadier General JAIME HUMBERTO USCÁTEGUI RAMÍREZ, Coronel LINO HERNANDO SÁNCHEZ PRADO Y Teniente Coronel HERNÁN OROZCO CASTRO, deben ser investigados por la Justicia Penal Militar.
El 21 de junio de 1999 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación resolvió no aceptar las razones expuestas por el comandante del Ejército Nacional, en consecuencia ordenó la remisión del expediente seguido contra los oficiales y suboficiales menciona dos anteriormente al H. Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
El 18 de agosto de 1999 con ponencia del magistrado Edgardo José Maya Villazón se negó la
competencia a la Justicia Penal Militar, sin embargo, su ponencia fue derrotada. Acto seguido se efectuó un nuevo "sorteo" asignándole la nueva ponencia al magistrado Rómulo González Trujillo, quien conceptuó la sustracción de la competencia de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.
En su providencia el Consejo Superior de la Judicatura advirtió el nexo de causalidad de la omisión imputada por la Fiscalía al Brigadier General Uscátegui con el ejercicio de las funciones que predica la normatividad penal militar para que los asuntos de ésta índole se sometan a la jurisdicción castrense. Con relación al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro el Consejo Superior de la Judicatura acoge el punto de vista esgrimido por el agente del Ministerio público y ratifica que "las conductas en que presuntamente incurrió son constitutivas de omisiones en sus funciones, pues estando bajo el dominio de la Comandancia del Batallón Joaquín París, al tener conocimiento de los hechos que se estaban dando en la población de Mapiripán, omitió el cumplimiento de sus funciones .....que por circunscripción territorial le correspondía, de donde surge el nexo entre el servicio que prestaba y la ausencia de acción consecuente con las diversas informaciones telefónicas que recibió, por las cuales conoció de los hechos delictivos que se estaban cometiendo en la población, razón por la cual el conocimiento de esa investigación le corresponde a la Justicia Penal Militar, oficina a la cual se remitirá para su conocimiento*.
Para el Consejo Superior de la Judicatura en contraposición a sus anteriores planteamientos "tal como se encuentra la imputación contra el oficial Lino Hernando Sánchez Prado, no se predica el aforamiento militar, ante la ausencia de nexo de entre la prestación del servido militar y las conductas delictivas atribuidas".
Frente a los sargentos del ejército nacional Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Urueña Díaz el Magistrado González Trujillo concluyó "la inexistencia de vinculo entre las conductas ilícitas presuntamente cometidas por estos y el servicio que prestaban como militares, pues con sus acciones y omisiones al parecer previamente acordadas, se comportaron como particulares desatando así el vínculo con la función oficial, por lo cual consecuentes con esta conclusión, el conocimiento de su investigación debe ser asignado a la Justicia Penal Ordinaria'
De conformidad con las consideraciones expuestas, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura fue enviar el proceso penal ante el Comandante del Ejercito Nacional en relación con los comportamientos imputados al Brigadier General Uscátegui Ramírez y el Teniente Coronel Orozco Castro y la continuidad de la actuación ante la Fiscalía en relación con el Coronel Lino Hernando Sánchez Prado y los sargentos Gamarra Polo y Urueña Díaz.
El proceso contra los sargentos Gamarra Polo y Urueña y los paramilitares implicados se encontraba más adelantado, ya que mientras se resolvía la colisión de competencia respecto de estos, se desataba el recurso de apelación interpuesto contra ta resolución de acusación proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Finalmente la segunda instancia confirmó la acusación y remitió el 5 de enero de 2000 el proceso a juicio a los Jueces del circuito especializados de Villavicencio en el departamento del Meta. Sin embargo ta Unidad Nacional de Derechos Humanos solicitó el cambio de radicación ante el Ministerio de Justicia, asignándose el caso a los Juzgados del circuito especializados de Santafé de Bogotá.
El 13 de septiembre de 1999 se cerró la investigación y el 16 de noviembre se profirió resolución de acusación en contra del Coronel Lino Sánchez Prado y el 12 de abril de 2000 la Fisca lía Delegada ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá confirmó la acusación que había sido impugnada por la defensa del sindicado y el Ministerio Público.
Justicia Penal Militar: Se inició en virtud del envió del expediente por parte del Consejo Superior de la Judicatura luego de permanecer allí por casi tres meses y una vez le fue asignado el Juez penal militar del conocimiento, la Defensa del militar solicitó la práctica de pruebas, entre ellas la ampliación de la indagatoria alargando la etapa instrtuctiva, dando lugar, al vencimiento del término y al otorgamiento de la libertad provisional por esa causa el 18 de noviembre de 1999.
El 12 de noviembre se cerró la investigación
Actuación Disciplinaria: Rdo: 008-006-498/97
Octubre 11 de 1997 se dispuso la apertura de investigación contra El Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui, Mayor Hernán Orozco Castro, Mayor Vodmar Horacio Galeano Salcedo, Capitán Juan Carlos López Pabón, comandantes encargados de la zona oriente antinarcóticos de la Policía Nacional, Jaime Calderón Moreno, Alcalde de Mapiripán, Fernando Martínez Herrera, Registrador del Estado Civil municipal, Luis Hernando Prieto Cárdenas, Inspector municipal, Eduardo Brand Castillo, Secretario de Gobierno del Guaviare y César Augusto López León, Personero de Mapiripán.
La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos conceptuó investigar al Coronel Leonardo Gallego, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional ya que fue enterado oportunamente de los hechos y no efectuó ninguna acción tendiente a proteger a la población, por ende dispuso el envió de la actuación a la Delegada para la Policía Nacional.
Contra el Mayor General Agustín Ardila Uribe también y el General Jaime Humberto Uscátegui se dispuso enviar el proceso al Procurador General de la Nación por competencia.
Con relación al Mayor Orozco Castro se conceptúa que debe investigarse su comportamiento omisivo para lo cual dispone el envió del expediente a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares.
Frente a los funcionarios públicos como el Alcalde, el Personero, el Registrador municipal y el Inspector municipal se remitió lo actuado a la Procuraduría Provincial del Meta. Y por la conducta negligente de Eduardo Brand Castillo, Secretario de Gobierno del Guaviare, se debe investigar por la Procuraduría Departamental del Guaviare.
Pliego de cargos contra Lino Sánchez Prado, Carlos Avila Beltrán, el Mayor Arbey García Narváez y los suboficiales Miller Uruena Díaz, Juan Carlos Garoarra Polo y Leonardo Montoya Rubiano.
14. Testimonios Proyecto Nunca Más.
15. Testimonios Proyecto Nunca Más.
